Después de la gran movilización de ayer en Culiacán, exigiendo la renuncia del gobernador Rubén Rocha Moya cobra cada vez más sentido la pregunta: ¿Hasta dónde y hasta cuando está dispuesta la llamada cuarta transformación a empeñar y comprometer la viabilidad de su proyecto político defendiendo a un hombre que se desgastó vertiginosamente en los últimos cuatro meses?
La crisis de legitimidad del gobierno sinaloense llega en el peor momento: justo cuando Donald Trump acaba de firmar una orden ejecutiva que declarara terroristas a los cárteles mexicanos (y a otros en otras partes del mundo) y su secretario de Estado, Marcos Rubio recién declaró que utilizarán toda la fuerza del Estado norteamericano para su combate, incluyendo la opción armada, que está sobre la mesa del presidente, dijo.
Desde el 9 de septiembre del año pasado Culiacán se convirtió en el epicentro de la violencia criminal. La aún no del todo aclarada captura de Ismael ‘El Mayo’ Zambada el 25 de julio de 2024, en un operativo secreto de autoridades estadunidenses del que no fue informado el gobierno mexicano, y que dejó, además de un mar de dudas, también varios muertos entre los que se cuenta Melesio Cuén, ex rector de la UAS y adversario político de Rocha Moya.
Días después el propio Mayo Zambada difundió a través de su abogado una carta en la que sostiene que Rocha Moya estaba presente en la reunión donde el capo serviría como mediador entre el gobernador y Cuén. La situación se complicó más cuando la Fiscalía sinaloense difundió un video donde se observa a unos sicarios disparando al interior de una camioneta donde presuntamente viajaba Melesio Cuén. La FGR descubriría después que se trató de un montaje y que el también fundador del Partido Sinaloense había sido asesinado en el lugar donde se celebró el encuentro.
También hay un sospechoso viaje de Rocha Moya a EEUU el día de los hechos, contaminada por la versión de que en el avión -prestado por un próspero empresario ganadero a quien se le atribuyen vínculos con el Cártel de Sinaloa- solo viajaron familiares del gobernador, llevando su teléfono para el correspondiente registro de GPS.
Desde el 9 de septiembre de 2024 Culiacán es zona de guerra. Más de 500 muertos se han contabilizado y cerca de 900 personas desaparecidas y más de mil carros robados, muchos de ellos a plena luz del día y a punta de pistola. También han caído víctimas inocentes.
El pasado domingo, un señor de nombre Antonio viajaba en su camioneta acompañado de sus dos hijos menores de edad. Fueron atacados a tiros al querer despojarlos del vehículo. Los tres murieron.
Esa fue la chispa que encendió la seca yesca de la indignación en la capital sinaloense y que sacó a miles de personas a manifestarse en Palacio de Gobierno donde causaron destrozos y exigieron la comparecencia del gobernador, lo que no ocurrió.
La furia está en las calles de Culiacán y no es para menos. La vida en la ciudad se ha trastocado de manera inaudita; los sectores productivos enfrentan su peor crisis; muchos negocios han cerrado, otros se han ido buscando nuevas plazas, la gente está indignada, furiosa.
Extrañamente, el gobernador Rocha Moya, que en alguna entrevista hace un par de años reveló que en Sinaloa cualquiera que aspire a ser gobernador tiene que pactar con el Cártel de Sinaloa, ha recibido todo el apoyo de sus correligionarios, comenzando con Andrés Manuel López Obrador quien en una de sus últimas giras, en Mazatlán junto con Claudia Sheinbaum entonces presidenta electa, le dieron sonoro espaldarazo.
Hace un par de días, los diputados federales de Morena lo acuerparon en Culiacán, pero antes Rocha Moya estuvo en la Cámara de Senadores y en San Lázaro donde fue recibido como un héroe.
¿De qué tamaño son los compromisos? ¿Cuánta la información que posee? Pero sobre todo, ¿cuánta información tienen las autoridades norteamericanas que pudieran comprometer no solo a él, sino al proyecto que lo acuerpa?
Tal vez Sinaloa podría ser el primer blanco de las advertencias del gobierno norteamericano, que por cierto no desconoce el terreno. Allí mismo armaron un operativo para ir por el Mayo…
II
Del otro lado de la moneda, el Inegi dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana con los que concluye que las tres ciudades sonorenses medidas en este ejercicio, mostraron una disminución en la percepción de inseguridad ciudadana, resaltando el caso de Cajeme, donde decreció en un 18.4%.
Hermosillo y Nogales también mostraron una tendencia a la baja durante el periodo de diciembre de 2023 a diciembre de 2024, con 3.41% y 2.03% respectivamente.
Recientemente conversamos con el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano y nos decía que a excepción de los homicidios dolosos, el resto de los delitos en ese municipio se encontraban por debajo de la media nacional. La encuesta del Inegi lo confirma pues según sus datos es la ciudad que presenta la mejor prevalencia de conflictos o enfrentamientos con solo un 5.2%, y es la que tiene el porcentaje más bajo de hogares víctimas de robo, extorsión o fraude con solo 10%.
Sobre el tema, el gobernador Alfonso Durazo reiteró su compromiso de continuar su estrategia de seguridad para la reducción de hechos violentos en los distintos municipios.
III
Sobre este mismo tema, el alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán hizo un llamado a no bajar la guardia para mantener la capital como la ciudad más segura.
En la primera sesión del Sistema Municipal de Seguridad Pública, donde se dieron a conocer los resultados de la citada encuesta del Inegi, consignó que además la Policía Municipal capitalina aumentó 10 puntos el nivel de confianza ciudadana.
En el encuentro hubo cuatro propuestas con las que trabajarán en lo sucesivo, a saber: mejorar la supervisión de agentes; incorporar más comités vecinales a esa corresponsabilidad; implementar encuestas locales y fortalecer la aplicación de protocolos de elementos policiales.
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