El juez impidió que la orden de Trump se aplicara en todo el país durante 14 días mientras evalúa si emitir una orden judicial preliminar.
Redacción AN / KC
Un juez federal en Seattle bloqueó el jueves la implementación de una orden ejecutiva que restringe el derecho a la ciudadanía automática por nacimiento en Estados Unidos, calificándola de “flagrantemente inconstitucional” .
El juez de distrito estadounidense John Coughenour, a instancias de cuatro estados liderados por demócratas, emitió una orden de restricción temporal que impide a la administración hacer cumplir la orden, que el presidente republicano firmó el lunes durante su primer día en el cargo.
Trump en su orden ejecutiva ordenó a las agencias estadounidenses negarse a reconocer la ciudadanía de los niños nacidos en Estados Unidos si ni su madre ni su padre son ciudadanos estadounidenses o residentes legales permanentes.
“No puedo entender cómo un miembro del Colegio de Abogados puede afirmar de manera inequívoca que esta orden es constitucional”, le dijo el juez a un abogado del Departamento de Justicia de Estados Unidos que defendía la orden de Trump.
Los estados -Washington, Arizona, Illinois y Oregón- argumentaron que la orden de Trump violaba el derecho consagrado en la cláusula de ciudadanía de la Enmienda 14 de la Constitución estadounidense, que establece que cualquier persona nacida en Estados Unidos es ciudadano.
“Esta es una orden manifiestamente inconstitucional“, afirmó el juez.
Antes de que el abogado del Departamento de Justicia, Brett Shumate, terminara de hablar, Coughenour dijo que había firmado una orden de restricción temporal solicitada por los fiscales generales estatales demócratas de los estados.
“Bajo esta orden, los bebés que nacen hoy no cuentan como ciudadanos estadounidenses”, argumentó el fiscal general adjunto de Washington, Lane Polozola, en una sala del tribunal repleta.
Coughenour, designado por el ex presidente republicano Ronald Reagan, emitió una orden de restricción temporal que impidió que la orden de Trump se aplicara en todo el país durante 14 días mientras evalúa si emitir una orden judicial preliminar.
Según la orden de Trump, cualquier niño nacido después del 19 de febrero cuyas madres o padres no sean ciudadanos o residentes permanentes legales estaría sujeto a deportación y se le impediría obtener números de Seguro Social, varios beneficios gubernamentales y la capacidad de trabajar legalmente a medida que crezcan.
Según los estados liderados por los demócratas, si se permite que la orden de Trump siga vigente, se negaría la ciudadanía a más de 150.000 niños recién nacidos cada año.
También hay otras demandas pendientes en todo el país por parte de grupos de derechos civiles y fiscales generales demócratas de 22 estados, quienes lo califican de una flagrante violación de la Constitución de Estados Unidos.
Los fiscales generales estatales demócratas han dicho que la comprensión de la cláusula de ciudadanía de la Constitución se consolidó hace 127 años cuando la Corte Suprema de Estados Unidos sostuvo que los niños nacidos en Estados Unidos de padres no ciudadanos tienen derecho a la ciudadanía estadounidense.
La 14ª Enmienda fue adoptada en 1868 después de la Guerra Civil y revocó la famosa decisión Dred Scott de 1857 de la Corte Suprema que había declarado que las protecciones de la Constitución no se aplicaban a los negros esclavizados.
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En un escrito presentado a última hora del miércoles, el Departamento de Justicia de Estados Unidos calificó la orden como una “parte integral” de los esfuerzos del presidente “para abordar el roto sistema de inmigración de esta nación y la crisis en curso en la frontera sur”.
Durante la audiencia del jueves, Schumate argumentó que la orden era constitucional y dijo que cualquier orden que bloqueara la acción de Trump sería “extremadamente inapropiada“.
Treinta y seis de los aliados republicanos de Trump en la Cámara de Representantes de Estados Unidos presentaron el martes por separado una legislación para restringir la ciudadanía automática sólo a los hijos nacidos de ciudadanos o residentes permanentes legales.
