Dos albergues de migrantes en Arizona, entre ellos Casa Alitas, uno de los principales centros de asistencia que sirvió de modelo para otros a lo largo de la frontera con México, han cerrado debido a los recortes de fondos ordenados por el presidente de EEUU, Donald Trump, según ha informado el condado Pima.
“Es una tristeza que nuestro gobierno termine con una tradición de ayuda a los más necesitados”, ha señalado a EFE Kat Rodríguez, activista que por muchos años trabajó en Casa Alitas, en Tucson.
Los albergues proporcionaban alojamiento temporal y servicios de transporte a solicitantes de asilo tras ser procesados y liberados por la Patrulla Fronteriza. “La compasión por el ser humano está siendo eliminada por intereses políticos y eso es muy lamentable”, ha indicado la activista.
John Lesher, administrador del condado Pima, ha detallado que desde el pasado lunes, después que Donald Trump fuese investido presidente, la Patrulla Fronteriza dejó de llevar a los migrantes al refugio.
La Agencia EFE ha constatado en una visita a Casa Alitas que no hay migrantes y sus puertas, que siempre estaban abiertas, ahora están cerradas y no hay movimiento de autos ni de autobuses.
Esto, ha asegurado Lesher, pone en una precaria situación al condado de Pima, ya que aunque no haya migrantes en los albergues estos continúan generando gastos operativos y de funcionamiento.
Durante su primer día como presidente, Trump firmó una serie de órdenes ejecutivas, incluyendo una que suspende los fondos para programas de asistencia del Programa de Servicios de Refugio (SSP, en inglés), del Departamento de Seguridad Nacional. Adicionalmente SSP no paga por los servicios de mantenimiento de los albergues mientras no haya migrantes.
El cierre del albergue de Casa Alitas es un duro golpe para aquellos que como Rodríguez han luchado por años por defender los derechos de los migrantes.
El sistema de operación de Casa Alitas sirvió de modelo para otros albergues que abrieron en otros estados fronterizos para asistir a los migrantes. “Vemos que tendremos unos cuatros años muy duros, el cierre de la frontera, el cierre de los albergues no va a terminar con la migración irregular”, ha afirmado la activista.
El condado Pima estima que en los últimos seis años estos albergues han proporcionado asistencia a más de medio millón de migrantes, evitando que estos quedaran desamparados en las calles.