La emergencia en la frontera y energética, el indulto general a los asaltantes del Capitolio, la retirada del Acuerdo de París y de la OMS y otras medidas fueron aprobadas vía decreto
Miguel Jiménez
Van referidas a la inmigración y la energía, las hay meramente simbólicas y otras de gran calado. Trump firmó nueve de esos decretos ante sus seguidores en el Capital One Arena. El resto, en el Despacho Oval de la Casa Blanca. Este es su contenido.
El primer decreto que firmó Trump derogó 78 órdenes ejecutivas dictadas por Biden, entre ellas casi una veintena de su último mes en la Casa Blanca. En ese paquete hay un poco de todo. Se derogan decretos que han quedado un poco desfasados, como algunos con los que el anterior Gobierno hizo frente a la crisis de la pandemia, y algunos puramente administrativos, como el orden de sucesión de diferentes departamentos. Hay, también, cambios de calado. Se eliminan las protecciones medioambientales sobre amplias zonas marítimas y terrestres que Biden protegió de la explotación de hidrocarburos (aunque no está claro que esa protección se pueda eliminar por esta vía). Se anula la orden que excluyó a Cuba de la lista de países promotores del terrorismo. Un buen grupo de las órdenes derogadas pretendían imponer criterios de diversidad, igualdad e inclusión en la Administración, proteger derechos de la comunidad LGTBI o evitar la discriminación por razón de sexo, orientación sexual o identidad de género.
Se prohíbe a las agencias imponer nuevas regulaciones en el periodo de transición, salvo excepciones explícitamente aprobadas por la Administración entrante.
Se prohíbe la contratación de nuevo personal federal mientras el Departamento de Eficiencia Gubernamental desarrolla un programa para reducir el tamaño de la Administración.
Es uno de los decretos más cortos. “Los jefes de todos los departamentos y agencias de la rama ejecutiva del Gobierno deberán, tan pronto como sea factible, tomar todas las medidas necesarias para poner fin a los acuerdos de trabajo a distancia y exigir a los empleados que vuelvan a trabajar en persona en sus respectivos lugares de destino a tiempo completo, siempre que los jefes de departamento y agencia hagan las excepciones que consideren necesarias”, dice.
Es un decreto para criticar a Biden por la inflación de su etapa (que fue en realidad un fenómeno global). Aparte de eso, se pide a las agencias del Gobierno que vayan pensando en llevar a cabo “las acciones apropiadas” para reducir la inflación y “aumentar la prosperidad del trabajador estadounidense”, pero sin adoptar ninguna medida.
Se ordena a la embajadora de Estados Unidos en Naciones Unidas que ponga en marcha el proceso para la retirada del acuerdo climático de París y de los demás convenios de la ONU en la materia. Trump rompe con la agenda verde de Biden.
La libertad de expresión está protegida en la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, pero el trumpismo ha considerado censura la moderación de contenidos por parte de las redes sociales para evitar bulos y desinformación. También ha considerado un ataque a la misma que el Gobierno de Biden combatiese los bulos sobre la pandemia, pese a que el superconservador Tribunal Supremo aprobó esa práctica. Ahora, aprueba una orden ejecutiva simbólica para “restablecer la libertad de expresión”, que nunca dejó de existir.
Esta orden ejecutiva anuncia que pretende acabar con la instrumentalización del sistema de justicia para combatir a los rivales políticos. En realidad, lo que ordena es que el Departamento de Justicia y los servicios de inteligencia investiguen si se ha instrumentalizado en el mandato de Biden. Viene a ordenar que se investigue a los que investigaron a Trump.
Trump dicta una orden para detener la “invasión” de inmigrantes, aunque la entrada está ya en niveles inferior a cuando él dejó la presidencia en su primer mandato. En esta, cancela las peticiones de derecho de asilo. Alega que los que llegan no tienen “información médica suficiente y antecedentes penales fiables”, Autoriza a “tomar todas las medidas apropiadas para repeler, repatriar o expulsar a cualquier extranjero que participe en la invasión a través de la frontera sur”.
Trump ordena que en un plazo de 30 días, el secretario de Interior tome todas las medidas oportunas para renombrar al golfo de México como “golfo de América”. “La zona antes conocida como el golfo de México ha sido durante mucho tiempo un activo integral de nuestra Nación, en su día floreciente, y ha seguido siendo una parte indeleble de América”, dice el decreto. Además, recupera el nombre de Monte McKinley para la montaña más alta de Estados Unidos, en Alaska, que Barack Obama renombró en 2015 como Monte Denali en atención a los nativos americanos de la zona. El parque natural adyacente se seguirá llamando Denali y Trump dice que buscará otros accidentes geográficos para darles nombres nativos.
Trump indulta a todos los condenados, procesados e investigados por el asalto al Capitolio. A 14 les conmuta sus largas penas de cárcel por una sentencia ya cumplida y al resto los exonera por completo de responsabilidad. El Departamento de Justicia señalaba en su último balance que había 1.572 acusados por los actos del 6 de enero de 2021, algunos de ellos con varios cargos.
Se restablece una categoría de trabajadores federales conocida como Esquema F, que carece de las mismas protecciones laborales de que disfrutan los funcionarios de carrera. “Solo el 41% de los supervisores de la función pública confía en poder destituir a un empleado que haya incurrido en insubordinación o falta grave. Aún menos supervisores, el 26%, confían en poder destituir a un empleado por bajo rendimiento”, argumenta el decreto.
Trump declara la emergencia en la frontera con México. Eso le permite movilizar al ejército, construir el muro fronterizo sin que el Congreso apruebe los fondos para ello, tomar medidas para la provisión de espacios de detención adecuados, transporte (incluidos aviones) y otros servicios logísticos y usar drones en los ocho kilómetros contiguos a la frontera sin ajustarse a normativas que lo restrinjan.
Según esta orden, el secretario de Defensa deberá, a más tardar 10 días, entregar al presidente una revisión del Plan de Mando Unificado “que asigne al Mando Norte de los Estados Unidos la misión de sellar las fronteras y mantener la soberanía, la integridad territorial y la seguridad de Estados Unidos repeliendo las formas de invasión, incluida la migración masiva ilegal, el tráfico de estupefacientes, el contrabando y la trata de seres humanos y otras actividades delictivas”.
Se ordena revisar todas las normativas federales que impongan una “carga indebida” al desarrollo o la utilización de diversas fuentes de energía, en particular el carbón, el petróleo, el gas natural, la energía nuclear, la energía hidroeléctrica y los biocombustibles. La norma se propone fomentar la exploración y producción de energía en tierras y aguas federales, incluida la plataforma continental exterior para “consolidar a Estados Unidos como líder energético mundial a largo plazo”. También consolidar la posición como productor y procesador de minerales no combustibles, incluidos los minerales de tierras raras. Abrirá paso a la supresión de cautelas medioambientales y otros trámites regulatorios. El decreto incluye lo que llama finales del “mandato del coche eléctrico”, una supuesta supresión de la obligación de comprar coches eléctricos por parte de los ciudadanos para que puedan comprar el coche que quieran (ya podían). En realidad, lo que se propone es eliminar límites a las emisiones contaminantes de los coches y suprimir regulaciones de eficiencia energética de otros electrodomésticos.
Una de las medidas más polémicas, porque la Decimocuarta Enmienda de la Constitución otorga la ciudadanía estadounidense a quienes nazcan en su territorio y Trump no puede modificar el orden constitucional por decreto. Pese a ello, Trump lo hace, alegando una nueva interpretación del texto constitucional que será previsiblemente impugnada. La Decimocuarta Enmienda dice: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del Estado en el que residen”. Se aprobó para poner fin a la interpretación del Supremo que excluía de forma permanente a las personas de ascendencia africana de la posibilidad de obtener la ciudadanía de los Estados Unidos únicamente por motivos de raza. “Pero nunca se ha interpretado que la Decimocuarta Enmienda extienda la ciudadanía universalmente a todos los nacidos en Estados Unidos”, dice la orden de Trump, que interpreta la cláusula “sujetas a su jurisdicción” de modo más amplio. Según la nueva interpretación, el privilegio de la ciudadanía estadounidense no se extiende automáticamente a las personas nacidas en Estados Unidos cuando la madre de dicha persona se encontraba ilegalmente en Estados Unidos y el padre no era ciudadano estadounidense o residente legal permanente en el momento del nacimiento de dicha persona, o cuando la presencia de la madre de dicha persona en Estados Unidos en el momento del nacimiento de dicha persona era legal pero temporal (como, como, por ejemplo, una visita a Estados Unidos o con un visado de estudiante, de trabajo o de turista) y el padre no era ciudadano estadounidense o residente legal permanente en el momento del nacimiento de dicha persona.
La orden señala que la fiscal general solicitará la pena de muerte para todos los delitos cuya gravedad exija su aplicación. “Además de solicitar la pena de muerte siempre que sea posible, la fiscal general, siempre que sea coherente con la legislación aplicable, solicitará la jurisdicción federal y solicitará la pena de muerte independientemente de otros factores para todos los delitos federales punibles con la pena capital que impliquen el asesinato de un agente del orden o un delito capital cometido por un extranjero presente ilegalmente en este país”, dice.
Estados Unidos declara por primera vez en su historia una emergencia energética pese a que su producción de petróleo está en niveles récord y el precio de la gasolina en términos reales es uno delos más bajos de las últimas décadas. Eso permitirá agilizar permisos y suprimir protecciones medioambientales.
El decreto declara que “el sector y la burocracia de la ayuda exterior de Estados Unidos no están alineadas con los intereses estadounidenses y en muchos casos son antitéticas con los valores estadounidenses” y “sirven para desestabilizar la paz mundial promoviendo ideas en países extranjeros que son directamente inversas a las relaciones armoniosas y estables internas y entre países”. Declara una moratoria de 90 días en la ayuda al desarrollo mientras se revisan y reevalúan los programas.
Este decreto ordena “maximizar de forma eficiente y eficaz el desarrollo y la producción de los recursos naturales ubicados tanto en tierras federales como estatales dentro de Alaska”, “agilizar la concesión de permisos y arrendamientos para proyectos energéticos y de recursos naturales en Alaska”, y “dar prioridad al desarrollo del potencial de gas natural licuado (GNL) de Alaska, incluida la venta y el transporte de GNL de Alaska a otras regiones de Estados Unidos y naciones aliadas de la región del Pacífico”. También implica supresión de trámites y protecciones medioambientales.
Es una proclamación programática. “Tan pronto como sea posible, el secretario de Estado emitirá directrices para alinear las políticas, los programas, el personal y las operaciones del Departamento de Estado con una política exterior de ‘América Primero’, que ponga a Estados Unidos y sus intereses en primer lugar”, ordena.
La orden cambia el nombre del Servicio Digital de Estados Unidos, creado en 2014 por Barack Obama, “por el de Servicio DOGE de Estados Unidos”. Es la forma en que toma cuerpo el Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk. La unidad tendrá un administrador establecido en la oficina ejecutiva que dependerá del jefe de gabinete de la Casa Blanca. Se proclama como objetivo “modernizar la tecnología y los programas informáticos federales para maximizar la eficiencia y productividad gubernamentales”. Se dota de una organización temporal con el fin de terminar sus trabajos el 4 de julio de 2026, 250º aniversario de la independencia de Estados Unidos.
La norma trata de borrar a las personas trans y a otras identidades de género proclamando que solo hay hombres y mujeres, chicos y chicas. “La política de Estados Unidos es reconocer dos sexos, masculino y femenino. Estos sexos no son cambiantes y se basan en una realidad fundamental e incontrovertible. Bajo mi dirección, el poder ejecutivo hará cumplir todas las leyes de protección de los sexos para promover esta realidad”, proclama. En los pasaportes y otros documentos oficiales, por ejemplo, las personas tendrán que incluir una de las dos categorías. “La ‘ideología de género’ sustituye la categoría biológica del sexo por un concepto siempre cambiante de identidad de género autoevaluada, permitiendo la falsa afirmación de que los hombres pueden identificarse como mujeres y convertirse en mujeres y viceversa, y exigiendo que todas las instituciones de la sociedad consideren esta falsa afirmación como cierta. La ideología de género incluye la idea de que existe un amplio espectro de géneros que están desconectados del propio sexo. La ideología de género es internamente incoherente, en el sentido de que disminuye el sexo como categoría identificable o útil pero, sin embargo, mantiene que es posible que una persona nazca en un cuerpo de sexo equivocado”, dice el decreto. “La ‘identidad de género’ refleja un sentido del yo totalmente interno y subjetivo, desconectado de la realidad biológica y del sexo y existente en un continuo infinito, que no proporciona una base significativa para la identificación y no puede reconocerse como sustituto del sexo”, añade.
Trump ordena la “terminación de todos los programas discriminatorios, incluidos los mandatos, políticas, programas, preferencias y actividades ilegales de DEI y de ‘diversidad, equidad, inclusión y accesibilidad’ (DEIA) en el Gobierno Federal, bajo cualquier nombre que aparezcan”.
Es el reverso de la supresión de las políticas de igualdad e inclusión, pero en materia de contratación de empleados federales. Proclama el mérito. Trump ordena “dar prioridad a la contratación de personas comprometidas con la mejora de la eficiencia del Gobierno Federal, apasionadas por los ideales de nuestra república americana y comprometidas con la defensa del Estado de derecho y de la Constitución de los Estados Unidos” e “impedir la contratación de personas en función de su raza, sexo o religión, e impedir la contratación de personas que no estén dispuestas a defender la Constitución o a servir fielmente al poder ejecutivo”.
Trump sigue sosteniendo que hubo interferencia electoral en las presidenciales de 2020, aunque es él quien fue imputado por intentar subvertir el resultado. El decreto revoca las autorizaciones de seguridad de 51 miembros de la comunidad de inteligencia firmantes de una carta que sugería que el contenido del portátil de Hunter Biden podría ser desinformación rusa.
Se ordena suspender el programa de admisión de refugiados. Hay una moratoria de 90 días mientras se analiza si la reanudación de la entrada “redundaría en interés de los Estados Unidos”.
Se establecen medidas y políticas adicionales contra la inmigración ilegal. Se retoma la política de exigir a los inmigrantes solicitantes de asilo que se queden al otro lado de la frontera mientras se tramitan sus casos, conocida como Quédate en México. Se declara que la política es establecer un muro físico y otras barreras vigiladas y apoyadas por personal y tecnología adecuados; disuadir e impedir la entrada de extranjeros ilegales en Estados Unidos; detener, en la medida máxima autorizada por la ley, a los extranjeros arrestados bajo sospecha de violar la ley federal o estatal, hasta el momento en que sean expulsados de Estados Unidos; expulsar sin demora a todos los extranjeros que entren o permanezcan en el país infringiendo la legislación federal, y presentar cargos penales contra “los extranjeros ilegales” que violen las leyes de inmigración y contra quienes faciliten su presencia ilegal en Estados Unidos.
Trump no ha aprobado en realidad la prórroga prevista en la ley para evitar el cierre de TikTok en el caso de que ByteDance tuviera encarrilada una operación para vender la empresa. Lo que hace directamente es pedir a la fiscal general y el Departamento de Justicia que haga durante 75 días como si la ley no existiese y que no la hagan cumplir, como si Trump estuviera por encima de la ley. “Ordenar a la fiscal general que no tome ninguna medida en nombre de los Estados Unidos para hacer cumplir la Ley durante 75 días a partir de la fecha de esta orden, para permitir que mi Administración tenga la oportunidad de determinar el curso de acción apropiado con respecto a TikTok. Durante este periodo, el Departamento de Justicia no tomará ninguna medida para hacer cumplir la Ley o imponer sanciones contra cualquier entidad por cualquier incumplimiento de la Ley, incluida la distribución, mantenimiento o actualización (o permitir la distribución, mantenimiento o actualización) de cualquier aplicación extranjera controlada por adversarios, tal como se define en la Ley”, decreta.
“Estados Unidos tiene la intención de retirarse de la OMS”, dice el decreto. “Se revoca la Carta Presidencial al Secretario General de las Naciones Unidas firmada el 20 de enero de 2021, que retractaba la notificación de retirada de Estados Unidos del 6 de julio de 2020″, añade.
El decreto establece medidas adicionales para frenar la inmigración ilegal y facilitar las deportaciones. Entre otras cosas, establece que el Departamento de Seguridad Interior “tomará sin demora todas las medidas apropiadas y asignará todos los recursos legalmente disponibles o establecerá contratos para construir, operar, controlar o utilizar instalaciones para detener a extranjeros expulsables”. Además, “tomará todas las medidas apropiadas para garantizar la detención de los extranjeros detenidos por infracciones de la ley de inmigración en espera del resultado de sus procedimientos de expulsión o de su expulsión del país, en la medida en que lo permita la ley”. Junto a eso, se añade un castigo a lo que llama ciudades santuario, más acogedoras con los inmigrantes, que traten de “interferir en el ejercicio legítimo de las operaciones policiales federales”, para que “no reciban acceso a fondos federales”. Además, las amenaza con acciones legales, penales o civiles.
En el primer mandato de Trump, los tribunales anularon su veto a la entrada en Estados Unidos de personas procedentes de países con mayoría de población musulmana. Ahora parece preparar el terreno para una medida parecida. Pide “vetar y examinar en la mayor medida posible a todos los extranjeros que pretendan ser admitidos, entren o se encuentren ya dentro de Estados Unidos, en particular a aquellos extranjeros procedentes de regiones o naciones con riesgos de seguridad identificados. Para ello, da 60 días para elaborar un informe “en el que se identifiquen los países de todo el mundo respecto de los cuales la información sobre investigación de antecedentes y escrutinio sea tan deficiente que justifique una suspensión parcial o total de la admisión de nacionales de dichos países”.
Trump ha decidido señalar como organizaciones terroristas a los cárteles de la droga mexicanos, pero en su orden ejecutiva todavía no lo ha hecho en sentido estricto. El decreto da 14 días de plazo al secretario de Estado para que, en consulta con otras autoridades, haga “una recomendación relativa a la designación de cualquier cártel u otra organización” de las descritas en el decreto “como Organización Terrorista Extranjera”.
El presidente establece por decreto el acceso a información confidencial y secretos oficiales sin pasar por los controles habituales a la lista de personas que el asesor jurídico de la Casa Blanca facilite a la Oficina de Seguridad de la Casa Blanca y al jefe de seguridad en funciones. Ordena que se conceda inmediatamente a estas personas acceso a las instalaciones y a la tecnología necesarias para desempeñar sus funciones.
Trump señala que el acuerdo fiscal del Gobierno de Biden con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para establecer un impuesto mínimo del 15% sobre los beneficios a las multinacionales “no tiene fuerza ni efecto dentro de Estados Unidos en ausencia de una ley del Congreso que adopte las disposiciones pertinentes”. Además, amenaza con represalias en caso de que se sancione a sus compañías en otros países por eludir ese impuesto mínimo.
Los aranceles han sido los grandes ausentes de la primera andanada de decretos de Trump. Sí ha dictado una orden proclamando la política comercial de “Estados Unidos primero” para preparar el terreno. Ordena a las agencias federales que inicien una investigación sobre las prácticas comerciales y monetarias desleales, con el foco puesto en los países con los que Estados Unidos tiene déficit comercial. Asimismo, emprende una ofensiva inmediata contra los productos falsificados y pone en revisión una exención especial que permite que los productos de bajo valor entren en el país libres de aranceles. Ordena estudiar la viabilidad de la creación del Servicio de Ingresos Exteriores [una agencia tributaria paralela a la actual, de Ingresos Internos] para recaudar todos los aranceles. Asimismo, somete a examen el cumplimiento por parte de China de un acuerdo comercial que firmó en su primer mandato, así como el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, que sustituyó en 2020, también bajo la presidencia de Trump, al Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Trump ordena a los secretarios de Comercio e Interior que reanuden los trabajos de su primer mandato para dirigir más agua desde el Delta del Sacramento-San Joaquín a otras partes del Estado “para su uso por la gente de allí que necesitan desesperadamente un suministro fiable de agua”. La orden se llama: “Poner a la gente por delante de los peces”.
Una orden burocrática para establecer la composición y funcionamiento del Consejo de Seguridad Nacional y sus comisiones.
Trump pide recomendaciones para “avanzar en la política de que los edificios públicos federales deben ser visualmente identificables como edificios cívicos y respetar el patrimonio arquitectónico regional, tradicional y clásico con el fin de elevar y embellecer los espacios públicos y ennoblecer Estados Unidos”. la orden se llama: “Promover una bella arquitectura cívica federal”.
La orden regula las obligaciones y responsabilidades de los directivos de la Administración, incluida la posibilidad de su destitución.
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