Fabiola Martínez y Lilian Hernández
Ciudad de México. Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) pidieron que el gobierno admita –y les deposite en breve- una ampliación presupuestal por mil 511 millones de pesos, como la vía para alcanzar “niveles de excelencia” en la elección judicial.
“Apelo al compromiso y convicción democrática de la Presidenta de la República, así como de las y los legisladores para que se admita esta propuesta de ampliación, sin reservas o suspicacias, mirando ante todo por la democracia y el fortalecimiento institucional del país”, dijo Jorge Montaño, presidente de la comisión organizadora de la elección judicial.
A su vez, la consejera Carla Humprhey señaló que no están solicitando recursos “para ocurrencias, ni caprichos, ni programas superfluos o suntuarios” sino con la idea de garantizar de mejor manera la autenticidad de los comicios.
Durante la sesión de consejo general durante la cual se aprobó de manera unánime la solicitud de ampliación presupuestal, se ratificó el objetivo de instalar el domingo 1 de junio 86 mil casillas seccionales, esto es, 16.5 por ciento más respecto de la previsión original de 73 mil 850 mesas.
El costo promedio de instalación de cada casilla es de 4 mil 500 pesos, pero si se suma lo necesario en recursos humanos y materiales de todo tipo este se eleva a 29 mil 177 pesos por cada receptora del voto (y no los 34 mil 126 pesos previstos con la bolsa actual, antes de la ampliación), de ahí que tener casillas en todo el país costará alrededor de 2 mil 187 millones.
Como se difundió desde la víspera, la ampliación permitirá la contratación de un mayor número de supervisores y capacitadores, quienes son los encargados de caminar todo el territorio nacional en busca de quienes serán los funcionarios de casilla e instruirlos de lo que representa esta elección sin precedentes.
“Esa es la naturaleza, alcance y dimensión de las preocupaciones institucionales: servir de mejor manera al propósito para el que esta institución fue creada en 1990, elecciones íntegras, libres, directas, con todas las casillas posibles, y con los procedimientos de capacitación y asistencia electoral, escrutinio y cómputos tan cercanos a la ley como las condiciones fácticas lo permitan”, añadió Humprhey.
Dijo que frente al recorte presupuestal para 2025 se debe tomar en cuenta que ya hubo otros para áreas fundamentales como el Sistema de Contabilidad en Línea, para tareas de fiscalización y en materia de Quejas, por lo que ante la carencia de recursos se dificulta su modernización.
Al dejar en cero pesos estas herramientas, agregó, ponemos a la Unidad Técnica de Fiscalización en una situación de “precariedad operativa y logística”, en riesgo de incumplir con sus responsabilidades.
Reiteró que el INE debe mandar imprimir más de 600 millones de boletas, casi el doble de lo que se produjo en la elección federal de junio pasado.
Montaño sostuvo que el monto adicional solicitado “corresponde a los recursos estrictamente indispensables para el desahogo del cúmulo de actividades que supone la organización del Proceso Electoral Extrdaordinario, así como de las otras actividades del Instituto” como las municipales de Durango y Veracruz, entre otras.
“El presupuesto – abundó- es totalmente transparente, verificable, fundado y motivado”.
Tanto en su exposición como en entrevista posterior, Montaño apeló “a la disposición de la Presidenta de la República en dicha reunión (con los once consejeros), así como a su compromiso manifiesto con la democracia de nuestro país y la celebración de procesos electorales de excelencia, para que esta solicitud de ampliación sea analizada con altura de miras y con el compromiso de lograr un proceso electoral de excelencia”.
Norma de la Cruz, también integrante de esta comisión temporal, señaló que el recorte de más de 13 mil millones a la petición original del INE lo obligó a replantear modelos, en afán de no recortar personal.
Sin embargo, indicó, aun con los ajustes “no logramos la suficiencia presupuestal, por lo cual hoy estamos a punto de solicitar una ampliación que nos permita operar con eficacia”.
Destacó la “sensibilidad política y apertura al diálogo” de la Presidenta Sheinbaum, de ahí que el anuncio de la mandataria (de admitir la ampliación, de al menos 800 millones, aunque todavía no se concreta el monto admitido) “nos genera tranquilidad y confianza”.
En términos operativos, dijo De la Cruz, más recursos significará una mayor contratación de personal y optimizar los tiempos de los cómputos, así como dar alimentos a los funcionarios de casilla, además de financiar los proyectos de difusión para llamar a la participación ciudadana.
A su vez, la consejera Dania Ravel dijo que en la lista de 19 proyectos a partir de los cuales se hizo la solicitud de los mil 511 millones adicionales no hay claridad respecto en qué se van a invertir los recursos, por ejemplo, los 351 millones para garantizar los sueldos, a partir del 27 de abril, de mil 881 supervisores y 10 mil 928 capacitadores enfocados en casi la mitad de las casillas, lo mismo que el millón 950 mil para el micrositio en el que los candidatos divulgarán sus propuestas.
Y aunque la consejera pidió información a las áreas y le dijeron que era para ampliar hasta julio la vigencia de las contrataciones de ese micrositio, el argumento no está en el dictamen aprobado este jueves.
