El Informe Sobre la Democracia 2024, del Instituto Variedades de la Democracia V-Dem, concluye que la concentración de poder en el Ejecutivo y la militarización de la seguridad llevan al país a socavar un proceso democrático que comenzó hace algunos años.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En niveles de democracia, México se ubica en una zona gris, con “un episodio de autocratización, a partir de 2023”, en el que la concentración de poder en el Ejecutivo, sin el respeto por las instituciones y otros poderes como el Judicial y el Legislativo, además de la militarización de la seguridad, llevan al país a socavar un proceso democrático que comenzó hace algunos años.
La decisión de delegar la tarea de la seguridad pública a las Fuerzas Armadas para enfrentar el crimen organizado es la misma desde Felipe Calderón hasta Andrés Manuel López Obrador, concluye el “Informe Sobre la Democracia 2024. La democracia gana y pierde en las urnas”, del Instituto Variedades de la Democracia V-Dem, que es parte del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Gotemburgo, en Suecia.
El instituto produce el mayor conjunto de datos en el mundo acerca de la democracia, con más de 31 millones de datos de 202 países. Ubica a América Latina como una región con un avance en materia democrática, pero con algunos estancamientos con inclinación hacia la autocracia.
AMLO. Hizo lo que criticaba. Foto: Eduardo Miranda.
Hasta hace unos meses México se ubicaba en un nivel del -0.3 y -0.2 en una escala donde los países más democráticos están en 0.5; en América Latina, por ejemplo, el que más se acerca a la democracia es Brasil (entre el 0.1 y el 0.2).
Un elemento fundamental de este análisis, que cuenta con la participación de más de 4 mil 200 académicos y expertos de más de 180 países, es el aumento de las tasas de criminalidad, que desde hace años se ha convertido en un problema central en América Latina. Sobre este tema le dedica un capítulo a México y a El Salvador por la situación excepcional que viven a nivel mundial.
“En 2021 la región tuvo la tasa de homicidios más alta del mundo, casi tres veces el promedio regional global. Esto ha aumentado la demanda ciudadana de medidas de seguridad. En algunos países, como El Salvador y México, la estrategia para combatir la violencia ha sido la implementación de medidas de mano dura y la adopción de estados de excepción”.
En el caso de México se refieren al poder que se le ha dado a las Fuerzas Armadas, en específico para las labores de seguridad pública, y lo enmarca en un eventual desenlace negativo: en una democracia, con el incremento de la violencia el Ejecutivo enfrenta el conflicto con militarización, con ello se eluden los controles legislativos y judiciales, se restringen libertades civiles y, finalmente, ocurre el socavamiento del régimen democrático.
La experiencia en estos países muestra que estas medidas, si son mal implementadas, pueden derivar en una escalada en acciones autoritarias por parte del Ejecutivo, y constituir así un punto de partida hacia el deterioro de la democracia.
El estudio compara los niveles de violencia que ha tenido México con los registrados en El Salvador, además de que en ambos países se ha recurrido a medidas para enfrentar esta crisis que puede debilitar la democracia, deteriorar derechos fundamentales y estructuras de rendición de cuentas.
El proyecto “Variedades de la democracia” contextualiza que la situación de violencia en México viene de sexenios atrás y recuerda el episodio en el que Felipe Calderón declaró la guerra al narcotráfico con el uso de las Fuerzas Armadas y tuvo consecuencias negativas para la protección de los derechos humanos y controles al Ejecutivo. Pero su observación alcanzó a las decisiones del anterior sexenio, el autonombrado “de la transformación”.
“El 11 de diciembre de 2006 el presidente Felipe Calderón declaró la guerra contra el narcotráfico, lo cual implicó el despliegue de 45 mil elementos de las Fuerzas Armadas para participar en actividades de seguridad pública. A pesar de los cambios en el Poder Ejecutivo federal, la estrategia de uso de las Fuerzas Armadas no ha cambiado desde ese año”.
Es más, en el sexenio de López Obrador se formalizó el uso de estos elementos militares para tareas de seguridad pública, como se hacía en anteriores gobiernos, aunque esa decisión había sido criticada por el exmandatario de origen tabasqueño.
“Han existido intentos para formalizar la participación de los militares en la seguridad pública a través de legislación, tanto durante el gobierno de Calderón (2006-2012) como en el gobierno de Peña Nieto (2012-2018). El segundo intento fue aprobado por el Congreso, pero fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
Guardia Nacional. Militarización de la seguridad. Foto: Miguel Dimayuga.
Fue López Obrador quien logró lo que sus dos antecesores no pudieron, además de otorgarle más poder de opacidad, operaciones y presupuesto para los militares, que se incluyeron labores de obra pública. Indica el informe:
La militarización en México ha alcanzado sus niveles máximos durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024). Para enfrentar la violencia que venía desde los dos sexenios anteriores, durante 2020 el presidente López Obrador emitió un decreto para formalizar la participación de los militares en tareas de seguridad pública hasta 2024 y la recién creada Guardia Nacional con mando civil, fue transferida a la Secretaría de la Defensa Nacional durante 2022.
El estudio señala que a partir del despliegue del ejército y el ataque a organizaciones criminales, los enfrentamientos armados lejos de disminuir se han incrementado “dramáticamente” y apunta que desde dos sexenios atrás, en solo tres años la tasa de homicidios pasó de 9.78 en 2006 a 22.89 en 2010, por cada cien mil habitantes.
“Esta tendencia al alza ha continuado, hasta llegar al punto más alto de 29.58 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2018. El uso del Ejército para cumplir tareas de seguridad no ha surtido los efectos deseados, y más bien la problemática se ha profundizado. Estas medidas de seguridad se han extendido y profundizado. A la par de estos procesos, se ha iniciado una disminución en el índice de respeto a la Constitución por parte del Ejecutivo”.
En este punto indica que países como México han hecho uso de su poder de decreto, “desnaturalizando instrumentos diseñados para situaciones excepcionales, tanto en el tiempo como en las condiciones bajo las cuales se los puede emitir. La implementación de medidas como la militarización para el combate a organizaciones similares también ha disminuido la calidad de la democracia”, de esta forma, “puede constituir uno de los posibles caminos hacia la autocratización”.
También puede “abrir la puerta para que el Ejecutivo desvirtúe preceptos constitucionales como la división de poderes y el respeto a derechos humanos a través de la concentración de facultades en el Ejecutivo y la legitimación del uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas”.
Este tipo de medidas también “permiten a los ejecutivos eludir controles judiciales, ya que establecen excepciones a las actuaciones de la policía”.
En este punto reconocen que una institución como el Ejército “goza de tratamientos diferenciados a la justicia ordinaria, por lo que sus actos dentro de una declaratoria de este tipo suelen estar fuera del alcance de la justicia”.
La escalada de violencia no se entendería sin un elemento fundamental que es la colusión entre las autoridades de diferentes niveles de gobierno y los grupos criminales: “Las organizaciones criminales no existen de manera independiente a los gobiernos e instituciones estatales; por el contrario, agentes estatales suelen otorgar protección y garantías de impunidad a cambio de beneficios económicos”.
El análisis agrega: “Por otro lado, cuando estos acuerdos se rompen sin considerar la red de vinculaciones entre el Estado y organizaciones criminales, los actores involucrados tienden a escalar los ataques violentos como manera de retaliación o para tratar de controlar mercados y territorios que han quedado vulnerables”.
Este panorama incluye el ejercicio de derechos fundamentales, como la asociación y la libertad de expresión, orientado a la toma de decisiones del Ejecutivo, imponer sus acciones y desdibujar los contraargumentos que pudieran darse en la sociedad civil.
En este aspecto, el estudio destaca que “la sociedad civil constituye una defensa fundamental contra los gobiernos autocráticos debido a su capacidad para movilizar a la gente en protestas y manifestaciones. Esto subraya por qué las violaciones de los derechos de las OSC son tan peligrosas”.
Sobre el grado de participación de la sociedad en la deliberación sobre políticas y el nivel de respeto “están empeorando en 25 y 24 países, respectivamente. Estos aspectos han empeorado significativamente en países como Botswana, México y Tailandia”.
Para esta medición de niveles de democracia, la libertad de expresión y de los medios de comunicación, “es lo que los ‘aspirantes a autócratas’ atacan con mayor frecuencia y en mayor medida”, también el acoso a periodistas. “El sesgo de los medios de comunicación o la discriminación de los partidos y candidatos de la oposición a favor de los gobiernos en ejercicio, se está deteriorando en 26 países. Nicaragua, Sudáfrica y Pakistán son ejemplos”.
Ejército. Mayor violencia. Foto Montserrat López.
El proceso de elecciones fue otro elemento fundamental en la medición en el grado de democracia encaminada a la autocracia en el país. El instituto advirtió esta tendencia desde antes de las elecciones de junio de 2024: “Las tensiones son altas en medio de la autocratización gradual bajo el presidente Obrador y el partido Morena. El presidente Obrador ahora es acusado de intentar manipular el sistema a favor de su sucesora Claudia Sheinbaum”, actual presidenta.
Por todos estos elementos, en un mapa de niveles, México está considerado en el segundo más bajo de democracia, lo cual implica un hecho relevante dado que es un país con gran población en el mundo. “El México autocratizado se deterioró de una democracia electoral a una democracia electoral de ‘zona gris’”, lo que el reporte considera también como una “regresión”.
