Russ Wile / La Voz
Una propuesta de ley aprobada en Arizona que convierte el cruce ilegal de la frontera internacional en un delito estatal puede que nunca obtenga la aprobación judicial necesaria, pero los alguaciles del estado quieren estar preparados.
La Asociación de Alguaciles de Arizona buscan que los legisladores estatales incluyan 100 millones de dólares para las agencias de alguaciles en los próximos dos años para que se preparen para hacer cumplir la Propuesta 314. Los votantes aprobaron esa medida en noviembre, luego que fue aprobada por una Legislatura estatal controlada por republicanos.
La misma semana en que los alguaciles hicieron su solicitud de financiación, los legisladores republicanos votaron el 18 de diciembre para retener 250,000 dólares en fondos relacionados con la frontera al alguacil del condado de Santa Cruz, David Hathaway, uno de los cuatro alguaciles que prestan servicios en los condados fronterizos de Arizona, debido a los comentarios de Hathaway de que no haría cumplir la Propuesta 314.
En este punto, la aplicación de la principal disposición de la ley, la relativa al cruce de la frontera, sigue siendo sólo una posibilidad. Pero sigue generando preocupación por las posibles violaciones de los derechos civiles y un precio enorme.
David Rhodes, el sheriff del condado de Yavapai, que dirige la asociación, y otros sheriffs se habían quejado del “mandato sin fondos” que sustenta la medida y ahora están buscando el dinero que, según Rhodes, daría a los sheriffs fronterizos la mano de obra necesaria para hacer cumplir la nueva ley.
Cada uno de los departamentos del sheriff en los cuatro condados fronterizos debería recibir fondos para 20 agentes adicionales cada uno, dijo Rhodes en una entrevista el 20 de diciembre. Dijo que la incorporación del nuevo personal, combinada con el nuevo equipo que los departamentos pueden necesitar, requeriría una inversión mucho mayor que la que los sheriffs han recibido anteriormente.
Señaló que los sheriffs de Arizona pidieron a la Legislatura 24 millones de dólares en fondos en 2024 dedicados a tareas relacionadas con la frontera, pero recibieron sólo 17 millones.
Deberían recibir 50 millones de dólares en 2025 y la misma cantidad en 2026, con la “asignación continua” que se puede extender si es necesario, dijo.
“No se puede contratar a un montón de gente y luego no conseguir la financiación para ellos el año siguiente”, dijo Rhodes. “Si hay algún cambio increíble en el futuro, siempre se puede dar un paso atrás. Pero hay que estar preparados. Hay que empezar ahora”.
¿Qué es la Propuesta 314?
La Propuesta 314, también conocida como la Ley de Seguridad de la Frontera, exige que inmigrantes utilicen los puertos de entrada legales para cruzar a Arizona o se enfrenten a un posible arresto por parte de la policía local y estatal, además de agentes federales.
La policía necesitaría una causa probable de que la persona cruzó la frontera ilegalmente, como presenciar personalmente el presunto delito, revisar un vídeo u otros medios.
Los infractores deben cumplir 30 días de cárcel. Las personas aprobadas entre el 15 de junio de 2012 y el 8 de julio de 2021, bajo el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, son inmunes al enjuiciamiento. Los funcionarios estatales también permitirían que la mayoría de los inmigrantes indocumentados regresen al país desde el que ingresaron y eviten la cárcel.
Además de las disposiciones fronterizas, la nueva ley aumenta la pena legal cuando las ventas de fentanilo resultan en muerte, permite arrestos locales de inmigrantes indocumentados que intentan obtener beneficios de manera fraudulenta y requiere más verificación del estatus migratorio de los empleados.
Realidades de la nueva ley, amenaza de deportación aún incierta
La angustia por la posible aplicación de la Propuesta 314 surge mientras Arizona y el resto del país se preparan para el regreso del presidente electo Donald Trump a la Casa Blanca y la amenaza de “deportación masiva” de inmigrantes indocumentados.
La victoria de Trump en las elecciones de noviembre indica que la mayoría de los votantes quieren trazar un nuevo rumbo en la política de inmigración.
Rhodes y otros funcionarios locales dicen que han escuchado la retórica sobre las deportaciones, pero no han recibido detalles específicos de ningún plan. Trump asume el cargo el 20 de enero y ha prometido abordar la inmigración de inmediato.
El futuro de la Propuesta 314 también es objeto de especulación. La ley se abstiene de entrar en vigor a menos que el Proyecto de Ley 4 del Senado de Texas o una ley propuesta similar obtenga la aprobación judicial. La ley de Texas, que está siendo impugnada por el Departamento de Justicia de EEUU bajo el presidente saliente Joe Biden, ha sido bloqueada en el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de EEUU. Incluso si ese tribunal da luz verde a la ley, una apelación exitosa ante la Corte Suprema de EEUU tomaría más tiempo.
El presidente saliente de la Cámara de Representantes de Arizona, Ben Toma, quien patrocinó la medida que aprobaron los votantes, dijo que tiene la esperanza de que los funcionarios federales “hagan su trabajo” para hacer cumplir las leyes fronterizas y de inmigración. Si eso sucediera, “no habría necesidad de aplicarla”, dijo. “Habiendo dicho eso, sigo pensando que es bueno tenerla en los libros, porque las cosas cambian”.
Toma dijo que estaba complacido de que los votantes ignoraran lo que él ve como mensajes alarmistas de los críticos que advirtieron que la policía abusaría de la ley y seleccionaría a las personas para arrestarlas en función de su etnia percibida y expulsaría a las familias “en medio de la noche en Phoenix.”
“Así no funciona”, dijo.
Capacidad penitenciaria de Arizona podría ser un factor
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que tengan la intención de realizar arrestos en virtud de la Propuesta 314 podrían tener que tener en cuenta la cantidad de espacio disponible en las cárceles. Si los arrestos son demasiado abundantes, el estado pronto podría encontrarse sin camas en las cárceles y prisiones.
La nueva ley requiere que el Departamento de Correcciones, Rehabilitación y Reingreso de Arizona acepte a cualquier persona sentenciada a encarcelamiento en virtud de la disposición sobre cruce de la frontera si no hay espacio disponible en las cárceles del condado o locales. Pocas ciudades y pueblos tienen sus propios centros de detención, y las cárceles del condado a menudo ya están superpobladas. Por ejemplo, la cárcel del condado fronterizo más grande, Pima, ya está funcionando a plena capacidad o cerca de ella, y los funcionarios esperan una expansión.
Un informe de noviembre de 2024 del Departamento de Correcciones del estado, el más reciente disponible, mostró 9,229 camas en prisiones estatales y privadas disponibles de un total de 45,581. El uso de camas generalmente rondaba el 75% a 80% de la capacidad durante 2024, según muestran los registros mensuales.
Solo alrededor de 1,000 de las camas libres están designadas para mujeres. Las mujeres representan alrededor del 10% de los prisioneros de Arizona, pero pueden ser detenidas en proporciones mayores por cruzar la frontera.
Otro problema, según el director de la agencia penitenciaria, Ryan Thornell, es que la dotación de personal actual en las prisiones es apropiada solo para la población actual y se necesitaría más financiación para nuevo personal de inmediato si las camas ahora vacías comenzaran a llenarse, según mostró un análisis de la agencia. Incluso si se financiaran, las prisiones estatales podrían alcanzar su capacidad máxima en 2027, advirtió la agencia.
Sin embargo, un análisis de julio realizado por el Comité de Presupuesto Legislativo Conjunto del estado puso en duda las estimaciones de la agencia, en parte porque la pena máxima para quienes cruzan la frontera por primera vez sería de seis meses, y muchos podrían optar por la autodeportación en lugar del encarcelamiento. Esos factores podrían impedir que las prisiones alcancen alguna vez su capacidad, informó la agencia presupuestaria.
El plan de deportación de Trump, dependiendo de lo que sea, también requeriría espacio para camas de detención. Tom Homan, el “zar de la frontera” de Trump, dijo que el plan podría incluir “campus al aire libre” para las familias detenidas.
Utilizan la Propuesta 314 como arma política
En efecto o no, la Propuesta 314 se convirtió en una herramienta política útil para los legisladores republicanos en el Comité Legislativo Conjunto de Presupuesto de la Legislatura el 18 de diciembre, cuando el senador estatal John Kavanagh, presidente del comité, utilizó su autoridad para eliminar 250,000 dólares en subvenciones GIITEM para Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley al Condado de Santa Cruz debido a las declaraciones públicas de Hathaway de que no haría cumplir la ley.
Otros cinco condados recibirán 250,000 dólares cada uno. Kavanagh y el copresidente, el representante David Livingston, dijeron que reconsiderarían la decisión si Hathaway aceptaba que usaría el dinero para la seguridad fronteriza.
“Si no quiere hacer cumplir esto, no se lo vamos a dar para que lo use para otras cosas”, dijo Livingston.
Kavanagh y Livingston son presidentes de los comités de asignaciones de sus respectivas cámaras.
Hathaway no devolvió un mensaje telefónico.
La representante demócrata Nancy Gutiérrez de Tucson, quien criticó la decisión de los republicanos de retener el dinero que el condado de Santa Cruz utiliza para mantener segura a su comunidad, dijo que apoya a un sheriff “que no quiere mantener una política racista”.
