Redacción
En México existen alarmantes cifras de aumentos en el abuso sexual infantil, con más de 4.5 millones de niños afectados anualmente, lo que coloca a nuestro país en el primer lugar debido a la comisión de ese delito, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Senado de la República.
En planteles educativos públicos y privados de la Ciudad de México, y de las entidades de Jalisco, Estado de México, Baja California, Morelos, San Luis Potosí y Oaxaca, la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI), documentó este año casos de violencia extrema y sexual ejercida contra niños de 18 escuelas preescolares.
De acuerdo con el reporte Es un secreto. La explotación sexual infantil en escuelas , elaborado por la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, existen patrones de violencia sexual ejercida por maestros, directivos, personal administrativo y gente de intendencia.
El documento Es un secreto. La explotación sexual infantil en escuelas reveló que las víctimas, de entre 3 y 7 años de edad fueron agredidas en el interior de las escuelas o fueron sacadas de los planteles para cometer diversos actos de abuso sexual en su contra.
Según el reporte, del total de las víctimas, 37 refirieron tocamientos por parte de un adulto o haber sido obligados a tocarse entre ellos; 11 describieron actos que constituyen violación equiparada; ocho reportaron agresiones físicas; tres señalaron que fueron obligados a observar sexo entre adultos; 17 describieron a un maestro exhibiéndose ante el salón entero; cuatro que fueron amarrados; dos mencionaron haber sido amordazados con cinta, mientras que siete aseguraron haber sufrido abuso frente a un grupo de niños.
Ante ello, la Cámara Alta de México exhortó al Poder Ejecutivo Federal y a las secretarías de la administración pública federal a que, en el marco de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, realice una evaluación sobre las acciones para prevenir, identificar, tratar y sancionar la violencia sexual contra niños y adolescentes.
También se hace un llamado a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a sus homólogas en todo el país para emprender las acciones necesarias, a fin de atender la recomendación del Comité de Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y reforzar las acciones dirigidas a prevenir, identificar, tratar y monitorear la violencia sexual en los planteles educativos.
En el documento legislativo, además se exhorta a reforzar la coordinación interinstitucional entre las dependencias encargadas de implementar las acciones mencionadas y a que la evaluación contemple las brechas para su implementación, en cuanto a la vulnerabilidad social y geográfica, a fin de que los resultados se traduzcan en estrategias para fortalecer la protección integral de niños y adolescentes.
Se trata de reforzar la prevención del abuso sexual en el ámbito educativo mediante la sensibilización y apoyo a docentes, profesionales de la salud y trabajadores sociales, advierte.
