La nacionalización del litio en México sigue generando incertidumbre más de dos años después de la promulgación de la ley, con una decisión de la Corte Suprema que presagia un mal futuro para las compañías mineras que ya contaban con concesiones.
A inicios de diciembre, el máximo tribunal reafirmó la exclusividad del Estado en la explotación del litio y desestimó por unanimidad un recurso interpuesto en 2022 por Grupo Bararal para impugnar la reforma a la Ley Minera, según reportó la agencia EFE.
La reforma, impulsada durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador (desde 2018 hasta el 1 de octubre de 2024), declara que el litio y otros minerales son de utilidad pública, lo que reserva su explotación al Estado y prohíbe otorgar concesiones a particulares.
La Corte Suprema basó su resolución en la “supremacía constitucional” y señaló que, aunque se concediera el recurso conocido localmente como amparo respecto a los artículos de la Ley Minera, una reforma constitucional posterior prohíbe las concesiones relacionadas con el litio.
Se trata de la reforma sobre áreas y empresas estratégicas que se publicó en el Diario Oficial el 31 de octubre y modificó, entre otros, el artículo 27 de la Constitución para prohibir el otorgamiento de concesiones para el litio y minerales radioactivos.
Otra reforma constitucional promovida durante la administración de López Obrador, en vigor desde el 1 de noviembre, modificó el artículo 105 y estableció que “son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a la Constitución”.
En tanto, la modificación al artículo constitucional 107 añade que “no procederá el juicio de amparo contra adiciones o reformas a la Constitución”.
Bararal, titular de la concesión minera 246359 para el lote San Pedro en la comunidad de Satevó, en el norteño estado de Chihuahua, argumentó que la reforma de 2022 afectaba su título de concesión vigente hasta 2068, que les permitía la exploración y explotación de diversos minerales, según la información de EFE.
MAL PRECEDENTE
La sentencia en el caso de Bararal marca un mal precedente para otras compañías con concesiones para explorar y explotar diversos minerales y metales, incluido el litio, previo a la reforma.
Alberto Vázquez, abogado experto en minería, dijo a BNamericas: “Desde el punto de vista legal e independientemente de la declaración de mineral estratégico [del litio], si las concesiones son previas a la reforma, desde mi punto de vista están retrotrayendo efectos que afectan al particular. El depósito lo encontró el concesionario y ahora se lo quitan”.
“No sé si le haya pagado por concepto de expropiación [a Grupo Bararal], pero va en contra de la teoría de la concesión”, agregó el abogado sobre la decisión judicial y la calificó de “injusta” al violar el principio universal de no retroactividad cuando afecta al particular.
Diversos abogados y expertos en el tema minero han criticado este tipo de sentencias y advierten de una pérdida del Estado de derecho, lo que incrementa la incertidumbre jurídica.
PROYECTOS EN RIESGO
En una presentación a inversionistas el mes pasado, la compañía canadiense Silver Valley Metals entregó novedades sobre su proyecto MexiCan, localizado en los estados de Zacatecas y San Luis Potosí. En el proyecto cuenta con el 100% de la propiedad de los depósitos de sedimentos de sulfato de potasa (SOP) y litio de alta prioridad: los salares Santa Clara, La Salada y Caliguey.
Según la empresa con sede en Vancouver, estos contienen 12,3 millones de toneladas (Mt) de SOP y 243.000t de carbonato de litio equivalente a partir de 120Mt de sedimentos definidos desde la superficie hasta una profundidad promedia de 5m, lo que destaca la oportunidad de expansión.
Silver Valley dijo que se evaluarán objetivos de alta prioridad no incluidos en la estimación de recursos y que existe un potencial en salmueras en 32 pozos cerca de la superficie en el salar La Salada que van desde 4,5m hasta 26m de profundidad. Agregó que también hay potencial de un acuífero grande de cuenca profunda definido por un estudio geofísico regional cerca del salar Santa Clara, lo que también puede interpretarse como la potencial profundidad de la base de sedimentos de litio y SOP.
Por tratarse de una empresa canadiense, Silver Valley podría ir a un arbitraje a través del mecanismo del tratado de libre comercio T-MEC o del anterior TLCAN si se amparó contra las reformas a la Ley Minera o si le llegara a cancelar sus concesiones, una vez agotadas las instancias judiciales mexicanas, indicó Vázquez.
“Mucho también depende del accionar de la empresa y de que no haya consentido algún acto de autoridad por el cual se puedan cancelar las concesiones de manera legal”, dijo el abogado. Explicó que a algunas mineras les han cancelado concesiones por haber entregado nuevos trabajos periciales —y con diferencias a los originales— a solicitud de las autoridades y a destiempo, pues el plazo para hacerlo es de 20 días naturales desde la presentación de la solicitud de la concesión.
Un informe elaborado el año pasado por la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) y MiningWatch Canadá registró que tendrían concesiones de litio en México la empresa china Ganfeng Lithium con su proyecto Sonora —actualmente suspendido—, así como las firmas canadienses Rockland Resources, Advance Lithium, Silver Valley Metals y One World Lithium.
Rockland posee el proyecto Elektra, también en Sonora, y está suspendido desde 2022. Por su parte, Advance Lithium y Silver Valley Metals cuentan con 16 salares en los estados de Zacatecas y San Luis Potosí; y One World Lithium, el proyecto Salar del Diablo, en el estado de Baja California.
Salvo Sonora, el único proyecto de litio en fase avanzada de México, los demás proyectos privados de litio identificados en el informe “muestran muy poco nivel de exploración y están en manos de empresas mineras júnior que tienen poco capital financiero y tecnológico”.
La base de perfiles de proyectos de BNamericas contabiliza 11 iniciativas de litio en México, que van desde activos de exploración en etapa inicial hasta el proyecto Sonora, en manos de Ganfeng, a la cual las autoridades le cancelaron nueve concesiones para explorar el metal blanco en agosto de 2023.
En respuesta, Ganfeng registró el inicio de un arbitraje en contra de México ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Grupo del Banco Mundial en junio de este año, y también se sumaron las compañías británicas Bacanora Lithium y Sonora Lithium.
