Cada hectárea de territorio protegido en México recibirá, en promedio, 10.2 pesos de presupuesto en 2025
José Luis Ramos / Reporte Indigo
Los recortes que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2025 arrojó en dependencias como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y órganos desconcentrados como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), impactarán directamente en los recursos naturales que México necesita preservar ante la crisis climática global.
Según el Artículo 44 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, las Áreas Naturales Protegidas (ANP) son consideradas “zonas del territorio nacional y aquellas sobre las que la nación ejerce soberanía y jurisdicción, en las que los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano, o que sus ecosistemas y funciones integrales requieren ser preservadas y restauradas”.
De las 232 ANP que abarcan 98 millones 719 hectáreas del territorio mexicano, 79 corresponden a Parques Nacionales; 57 a Áreas de Protección de Flora y Fauna; 48 a Reservas de la Biósfera; 28 Santuarios; 15 Áreas de Protección de Recursos Naturales; y cinco Monumento Naturales.
Sin embargo, estas casi 100 millones de hectáreas corren peligro, pues especialistas coinciden en que la actual la falta de recursos puede agravar actividades como la agricultura, la urbanización, la tala ilegal, la caza furtiva, la pesca ilícita y el turismo masivo en las Áreas Naturales Protegidas de nuestro país.
“Uno de los impactos que vemos aquí, es que delitos que están relacionados con la extracción de recursos naturales o de vida silvestre, pueden ir a la alza, al no tener recursos suficientes para realizar acciones de monitoreo y vigilancia, ni tener guardaparques suficientes que estén contratados por la Conanp”, explicó a Reporte Índigo el investigador Daniel Martin.
Martin también es coautor de la investigación “Cuidar lo que importa”, de la coalición Noroeste Sociedad Civil para la Sustentabilidad Ambiental (NOSSA), misma que señala que el presupuesto que recibirá la Semarnat en 2025 será 39.4 por ciento menor a lo que recibió en 2024, lo que representa una pérdida de 28 mil 884 millones de pesos; mientras que el recorte presupuestal en la Conanp alcanza el 42 por ciento (733 millones de pesos), que no serán invertidos en la gestión y protección de las ANP.
Lo anterior también representa el presupuesto más bajo desde 2006 para este rubro; sin embargo, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), se decretaron 50 ANP, pasando de 182, en el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), a 232 en 2024.
La investigación también refiere que en el sexenio 2018-2024, las tareas de inspección y vigilancia de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), cayeron la mitad con respecto de las realizadas entre 2012-2018, cuando se llevaron a cabo 13 mil 915 acciones de vigilancia y 7 mil 403 de inspección, y en el sexenio que acaba de concluir solamente fueron 4 mil 860 acciones de vigilancia y 3 mil 897 de inspección.
“Si consideramos que todavía hay un recorte en el sector mayor al 39 por ciento para este año que inicia, pues tenemos un panorama bastante preocupante, lo que nosotros estamos viendo es que justo estas acciones, estas amenazas a las Áreas Naturales Protegidas, se pueden concretar de forma más fácil, y eso es alarmante”, agregó Martin.
El déficit de guardaparques y voluntarios
Como documenta la publicación de la NOSSA, los guardaparques y voluntarios contratados por la Conanp, realizan actividades permanentes en las ANP y participan en tareas de difusión, educación ambiental y gestión administrativa. No obstante, en nuestro país los guardaparques tienen asignado, en promedio, mil kilómetros cuadrados de territorio cada uno.
Hasta julio de 2024 la Conanp reportó solo 677 personas contratadas como guardaparques para cubrir las más de 98 millones de hectáreas de las ANP, es decir, mil 385 kilómetros cuadrados por cada guardaparques, lo que supera por mucho la cifra de 26 kilómetros cuadrados propuesta por la Federación Internacional de Guardaparques.
Sin embargo, la realidad rebasa el promedio, pues en la Reserva de la Biósfera El Vizcaíno, en Baja California Sur, que tiene más de dos millones de hectáreas de superficie, solo hay trece guardaparques contratados por la Conanp, y cada uno tiene a su cargo la protección de mil 960 kilómetros cuadrados.
“El Vizcaíno es un Área Natural Protegida enorme, es un santuario de ballenas, y eso hace que también la población local trabaje en el turismo en tours de avistamiento, pero en 2024 recibió 11 centavos por hectárea, esto la hace un área que no es adecuadamente manejada, y que tampoco puede ser adecuadamente explotada por la población, a la que le afecta el tener un área protegida en mal estado”, explicó el también coordinador de la NOSSA.
Recorte presupuestal viola derechos humanos
Daniel Martin, quien también facilita las actividades conjuntas de las siete organizaciones ambientalistas mexicanas que integran la coalición NOSSA, cuyo objetivo es fortalecer la protección de Áreas Naturales Protegidas (ANP) en México, indicó a este diario que los recortes presupuestales también violan varios derechos humanos.
El investigador recordó que desde 2016 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) calificó como una omisión no publicar o actualizar los programas de manejo de las ANP, hecho que también fue considerado como una violación a los derechos como a la seguridad jurídica, al medio ambiente sano y a la participación efectiva de pueblos y comunidades que habitan dentro de las Áreas Naturales Protegidas o alrededor de ellas.
“Esto es justamente porque en los programas de manejo específica el cómo se puede dar el uso y disfrute de los recursos dentro de las áreas, pero tenemos entonces un problema, porque de todas las áreas que se decretaron el año pasado, el gobierno de Claudia Sheinbaum arranca con un déficit de 105 programas de manejo”, puntualizó Martin.
En este sentido, el investigador refirió que se están violando los derechos de los pueblos y comunidades que habitan dentro o alrededor de las Áreas Naturales Protegidas, conforme a lo señalado por la CNDH en 2016.
Nuevo financiamiento para las ANP
En octubre de 2024, el Gobierno federal anunció un nuevo financiamiento para las ANP mediante el Global Environment Facility para cumplir con la meta Mex30x30; no obstante, desde la sociedad civil existe la preocupación de que el Estado mexicano se escude en este recurso internacional para evadir sus responsabilidades para la conservación del medio ambiente.
“El problema es, y lo vimos al momento de analizar la los fondos que van a llegar, es que se dependa de los fondos internacionales y que con esto se libere al Estado de la obligación que tiene de asignar fondos para el manejo adecuado de las Áreas Naturales Protegidas”, sostuvo Martin.
La meta Mex30x30 se refiere a la protección del 30 por ciento del territorio, esto se logrará a través de la inyección de más de 339 millones de pesos provenientes de fuentes nacionales e internacionales y un cofinanciamiento de 2 mil millones de pesos para las Áreas Naturales Protegidas en nuestro país.
Dichos recursos, según las autoridades, se destinarán al fortalecimiento de la Conanp y de las ANP; cubrir la brecha financiera de las ANP a través del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, así como la generación y difusión de aprendizajes y experiencias.
“Es preocupante, al final si tú como ciudadano estás pagando impuestos también estos deben de verse reflejados en la conservación de tu medio ambiente, que no se debe de cubrir solamente con fondos externos y cuya continuidad no está garantizada”, indicó el coordinador de la NOSSA.
Aunque la presidenta, Claudia Sheinbaum, hizo una propuesta para aumentar significativamente el cobro de derechos en las ANP en el Paquete Económico 2025, esto no impactaría en estas si no se destinan a la conservación y restauración de estos territorios.
“Este dinero que debería de regresar a las Áreas Naturales Protegidas, en realidad se queda en su gran mayoría en las oficinas centrales de la Conanp, cerca del 60 por ciento me parece que se quedó en la oficina centrales”, añadió el investigador.
Cabe señalar que según lo documentado por la NOSSA, de los poco más de mil millones de pesos asignados a la Conanp, 475 millones serán destinados a actividades de apoyo administrativo. “Entonces el recurso no llega a las áreas, o una vez que llega se diluye, en gran medida y no sabemos por qué, porque la Comisión no tiene como tal publicado cuáles son los criterios para asignar los ingresos por cobro de derechos”, aseveró Martin.
Principales amenazas de las ANP
En nuestro país, son varias las Áreas Naturales Protegidas que enfrentan amenazas por las actividades humanas y los efectos del cambio climático; sin embargo, su preservación resulta crucial para cumplir con la agenda nacional e internacional.
Bahía de Loreto, Cabo Pulmo, Piedra del Indio, El Pinacate, Montes Azules, Holbox y el Arrecife Alacranes son algunas de las ANP que ya enfrentan desafíos como la pesca ilícita, la tala ilegal, la urbanización.
Actualmente, en el Golfo de California, que alberga a nueve ANP, se enfrenta a el “Proyecto Saguaro”, que se centra en la exportación de gas natural, y que ha sido calificado por especialistas y organizaciones en pro del medio ambiente como “la mayor amenaza climática” que enfrenta México, y que, de desarrollarse, impactaría negativamente sobre la vida marina.
Dentro de este contexto, a finales de noviembre pescadores del Golfo de California alertaron sobre el inminente riesgo de extinción de la vaquita marina al titular de la titular de la Conanp, Pedro Álvarez Icaza, y le solicitaron modificar los polígonos de protección dentro del Refugio de la Vaquita Marina, para que se garantice tanto la supervivencia de las comunidades aledañas, como de la especie en peligro de extinción.
En Chiapas, la Reserva de la Biósfera Montes Azules, se enfrenta a una creciente deforestación por la expansión de cultivos, tala ilegal y asentamientos humanos irregulares, mientras que en la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca, ubicada en los estados de Michoacán y el Estado de México, es amenazada por la tala ilegal, provocada en gran medida por el avance de los cultivos irregulares de aguacate, fruto del que México es el principal productor en el mundo.
Por su parte, la Reserva de la Biósfera El Pinacate, en Sonora, enfrenta un escenario enmarcado por el turismo no regulado y la extracción ilegal de recursos. Cabe señalar que dichas amenazas se vuelven más latentes ante la tendencia de recortes presupuestales para los territorios protegidos en México.
“Exhortamos a las autoridades a que en este sexenio se revierta la tendencia decremental del presupuesto, teniendo tan cercano este año fatídico que todo el mundo ha puesto en la mira para la revisión de los avances en materia de cambio climático, para lo que la preservación de las Áreas Naturales Protegidas será esencial”, enfatizó, Daniel Martin, de la coalición Noroeste Sociedad Civil para la Sustentabilidad Ambiental.
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