La adjudicación directa o invitación restringida se mantiene como práctica en muchas de las dependencias del gobierno federal donde en el 2023, el 22% del monto total de compras públicas se realizó mediante este mecanismo, lo que equivale a 150 mil 920 millones de pesos.
Alejandro Páez
Más allá de colores y partido en el poder, la opacidad y riesgo de corrupción se mantienen casi intacta, pues las instituciones de la Administración Pública Federal (APF) realizaron contratos en el año pasado por 2 mil 506 millones con empresas fantasmas, de reciente creación o sancionadas por incumplimientos e irregularidades, como presentar registros sanitarios falsos
Pero eso no es todo, pues la adjudicación directa o invitación restringida de forma extendida, se mantiene como práctica en muchas de las dependencias del gobierno federal donde en el 2023, el 22% del monto total de compras públicas se realizó mediante este mecanismo, lo que equivale a 150 mil 920 millones de pesos.
En 2023, las instituciones públicas realizaron 130 mil adjudicaciones directas que concentraron 136 mil 240 millones de pesos. De este conjunto, procedimientos que sumaron 43.9 millones de pesos no fueron justificados.
Así lo advierte el análisis “Riesgos de corrupción en las compras federales”, elaborado por el Instituto Mexicano contra la Corrupción (IMCO) donde también se evidencia a las instituciones que tiene un Indice de Riesgo de Solución (IRC) alto entre las que se encuentra el Instituto Nacional de Migración, Diconsa y Fonatur, por los montos “extraordinarios” que destinó al Tren Maya.
TREN MAYA
En 2023 Fonatur destinó 5 mil 197 millones de pesos en dos procedimientos para obras extraordinarias del Tren Maya en los tramos Calkiní-Izamal y Palenque-Escárcega.
A pesar de implicar un monto considerable y de ser obra pública, los contratos se realizaron a través de adjudicaciones directas y se justificaron en un artículo de la Ley de Obra Pública que permite adjudicar directamente al contratista que originalmente realizó los trabajos pactados.
En tanto que Diconsa y el Instituto Nacional de Migración, tuvieron contratos para el servicio de limpieza con una empresa que desde 2022 tenía alertas por malas prácticas que la hicieron sujeto de sanción por parte de la Secretaría de la Función Pública.
Durante este año, (2022) se contrataron 3 mil 096 millones de pesos con empresas de reciente creación, fenómeno que puede afectar el cumplimiento de los objetos contractuales.
En esta categoría destaca el Instituto Mexicano del Seguro Social, que en 2023 concentra 7 de cada 10 pesos contratados con empresas creadas recientemente.
En el caso de Birmex, se sabe que el 25% del monto de 2023 se realizó bajo procedimientos de excepción, (adjudicación directa) pero no hay certeza sobre el tipo de procedimiento de 75% del monto.
Esto exige que, en adelante, toda la información de los procedimientos realizados esté disponible de forma completa, sin importar las modificaciones que se realicen en la plataforma.
Birmex es una empresa de propiedad mayoritariamente estatal que desarrolla, produce, importa y comercializa vacunas.
LISTA NEGRA
Hay 10 dependencias que gastaron más de tres mil millones de pesos el año pasado, donde el Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional (FIDENA) fue la que presentó mayor riesgo de corrupción con un puntaje de 81 en el ( IRC 2024), seguida por FONATUR (61) y Diconsa (57).
El Instituto Politécnico (IPN) con 52 puntos se ubica en la cuarta posición de esta lista de “focos rojos” seguida de la Secretaria de Hacienda con 50 puntos y Birmex con 48.
La Secretaria del Bienestar, el Banco del Bienestar, el ISSSTE y la Secretaria de Marina son las dependencias que integran esa lista de 10 instituciones con un IRC alto.
“Entre las malas prácticas que explican este nivel de riesgo se observan la concentración en pocos proveedores y la prevalencia de procedimientos de excepción”, establece el IMCO
El índice de Riesgo de Corrupción ( IRC 2024) mide los riesgos de corrupción en 167 mil 987 procesos de compra pública realizados por 260 instituciones federales en el 2023.
De acuerdo con la normatividad, estas instituciones están obligadas por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) a publicar sus contrataciones en la plataforma Compranet pero no necesariamente lo hacen.
Cada año, las instituciones públicas federales destinan miles de millones de pesos a compras públicas.
Tan solo en 2023, realizaron 167 mil 987 procedimientos por $676,763 millones de pesos, cuya información está contenida en la plataforma Compranet.
El IMCO identificó que en las instituciones de la Administración Pública Federal se mantienen riesgos identificados en ediciones anteriores del IRC como la publicación tardía de procedimientos, la existencia de concursos con plazos cortos, el uso excesivo de la figura de adjudicación directa y la contratación con empresas fantasmas o que han presentado irregularidades en contratos previos.
Asimismo, en el 2023, se presentó un fenómeno de falla en el registro de los tipos de procedimiento que afectó la información disponible para analizar el riesgo de falta de competencia.
Por ello planteó implementar un candado en el sistema transaccional para evitar la contratación con proveedores riesgosos como empresas sancionadas así como un sistema de banderas rojas para evitar que las empresas contraten empresas que han estado involucradas en irregularidades.
