Batres Guadarrama, quien es una de las ministras que participará en la elección judicial de 2025, aprovechó el evento para defender, nuevamente, la reforma judicial impulsada por Morena.
Redacción
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La ministra Lenia Batres Guadarrama acusó al Poder Judicial de la Federación (PJF) de haber desviado más de 30 mil millones de pesos por el pago de los salarios y prestaciones de sus funcionarios.
En su primer informe anual de actividades, la ministra Batres Guadarrama criticó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y al PJF, pues calificó de excesivas sus ganancias.
“Actualmente, 2 mil 377 personas funcionarias del Poder Judicial superan el tope máximo de remuneraciones dispuesto por el artículo 127 constitucional. En total exceden en 2 mil 167 millones 352 mil 603 pesos el límite constitucional”, dijo.
“Si consideramos que desde hace 14 años se encuentra vigente este límite, podríamos asegurar que el Poder Judicial ha desviado 30 mil 342 millones 936 mil 442 pesos en sobresueldos autoasignados inconstitucionalmente para su alta burocracia”.
Por ello, presumió la devolución de un millón 377 mil 271 pesos en efectivo y aseguró que no ha percibido prestaciones que cuestan un millón 761 mil 944 pesos por haber renunciado a ellas; además, reconoció que, como Proceso lo informó, el personal de su ponencia ingresó a la Corte con un salario menor y renunció a sus prestaciones extraordinarias.
“Me encuentro lejos, muy lejos, de generar, insisto, cualquier otro de los gastos que realizan mis colegas ministros y ministras”, puntualizó.
“Desde que cada colaborador o colaboradora de la ponencia suscribió su contrato laboral, se han ahorrado, por no recibir bonos que rebasan el límite de remuneración constitucional 337 mil 060 pesos; por no recibir seguro de gastos médicos mayores, un millón 484 mil 389 pesos, y por no recibir seguro de separación individualizado, 6 millones 280 mil 463 pesos. Es decir, 7 millones 764,853 pesos”.
La ministra realizó estos señalamientos a pesar de que la prohibición a contratar seguros de gastos médicos mayores y de separación individualizada es una medida que implementó el expresidente de la república Andrés Manuel López Obrador y que fue impugnada ante la Corte, cuya resolución aún no ha sido dictada.
Batres Guadarrama, quien es una de las ministras que participará en la elección judicial de 2025, aprovechó el evento para defender, nuevamente, la reforma judicial impulsada por Morena.
“En este amanecer de la reforma judicial histórica en México tenemos un reto muy grande. Los detractores seguirán implorando su fracaso; los oportunistas intentarán aprovecharla para intentar restablecer los privilegios que la reforma suprime; los oligarcas, los amantes de los privilegios buscarán rehacer las redes de influyentísimo que interrumpirán la elección de jueces, juezas, ministros y ministras”, afirmó.
Reconoció que en los últimos meses ha realizado activismo a favor de la reforma judicial y reprochó que otros ministros hablen en contra de la misma en foros internacionales, como ocurrió con Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena en la Universidad de Harvard.
“A quienes me han acusado de hacer activismo con la reforma judicial, les respondo: Sí, he difundido donde he podido el diagnóstico de extralimitaciones que ha sobrepasado a este Poder Judicial de la Federación, así como el contenido de la reforma deseable del Poder Judicial. Sin embargo, he transmitido esta información en comunidades mexicanas, no en Harvard ni en Washington, no para burlarme ni para buscar evitar el control de los excesos de este Poder Judicial buscando el respaldo de instancias internacionales”, indicó.
Al informe de la ministra asistieron representantes del gobierno federal, organismos autónomos, y miembros del ámbito judicial y académico.
Malú Mícher, senadora morenista; Jesús Ramírez, coordinador de asesores de la presidenta Claudia Sheinbaum; los diputados morenistas Leonel Godoy y Valentina Batres, hermana de la ministra; Irma Eréndira Sandoval, ex titular de la Secretaría de la Función Pública.
El aspirante a ministro de la Corte, Jaime Cárdenas; jueces de Distrito y magistrados de Circuito provenientes de Yucatán, Tabasco, Hidalgo, Chiapas, Veracruz, Estado de México, entre otros.
