CONEXION MIGRANTE
Human Rights Watch (HRW) ha denunciado que agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos están negando el acceso al asilo a familias mexicanas que huyen de la violencia, en violación del derecho estadounidense e internacional. Además de expulsar a solicitantes de asilo mexicanos, los agentes han sido acusados de maltratos y de forzar a las personas a deshacerse de sus pertenencias.
“Los agentes de la Patrulla Fronteriza ignoran las preocupaciones de los solicitantes de asilo, diciéndoles que el asilo ya no existe en Estados Unidos o los obligan a callarse”, afirmó Vicki B. Gaubeca, directora asociada de política fronteriza e inmigración de HRW.
En octubre de 2024, HRW entrevistó a 40 solicitantes de asilo mexicanos expulsados a Nogales, México. De esas entrevistas, se documentó que:
- 29 personas que intentaron solicitar asilo fueron ignoradas o maltratadas por agentes de la Patrulla Fronteriza.
- Solo dos familias fueron referidas a un funcionario de asilo, pero ambas fueron finalmente deportadas tras audiencias telefónicas.
- Los agentes frecuentemente usaron lenguaje abusivo, despojaron violentamente a los migrantes de sus pertenencias y les dijeron que “el asilo ya no existe en los EE. UU.”.
HRW también señaló que la norma provisional sobre asilo, emitida por el gobierno del presidente Joe Biden en junio de 2024, limita drásticamente el acceso al proceso de asilo. La norma establece que:
- Se suspende el asilo cuando más de 2,500 personas cruzan sin autorización diariamente durante siete días consecutivos.
- Las personas detenidas entre puertos de entrada solo pueden solicitar asilo bajo condiciones extremadamente estrictas, como emergencias médicas graves o amenazas inminentes de violación, secuestro, tortura u homicidio.
- No hay exenciones específicas para mexicanos, lo que agrava la situación de quienes son devueltos al país que intentan escapar.
Patrulla Fronteriza impidió la presentación de casos de asilo
Una familia de seis personas de San Miguel El Grande, Oaxaca, explicó a HRW que decidieron cruzar la frontera hacia Estados Unidos debido al aumento de la violencia en la región. La familia intentó pedir asilo cerca de Sonoyta, México, pero fue deportada a Nogales, Sonora, menos de 24 horas después. Rocío relató que la Patrulla Fronteriza fue agresiva y evitó brindarles la oportunidad de exponer sus temores.
Rocío contó que un agente le pidió que firmara una orden de deportación, pero se negó porque tenía miedo “de regresar a México debido a la violencia”, por lo que el agente de la Patrulla Fronteriza le señaló un banco y le dijo que “se sentara allí”. Luego le dieron una copia del formulario que decía “Se negó a firmar” en la línea de firma, y fueron deportados a la mañana siguiente.
Carlos P., de 25 años, y Jorge, de 47, originarios de Culiacán, Sonora, también compartieron su experiencia. Afirman que escaparon de la violencia derivada de los cárteles que se han apoderado de su región. Carlos y Jorge comentaron que nunca tuvieron la oportunidad de expresar su temor de regresar a México. Los agentes solo se dirigieron a ellos cuando requerían algo, como sus huellas dactilares o muestras de ADN.
“Como cuando querían tomarnos una foto o que firmáramos un documento”, relató Carlos.
Carina, de 30 años, su esposo José Miguel, de 29, y sus dos hijos, de 5 y 8 años, originarios de Salamanca, Guanajuato, cruzaron la frontera cerca de Sasabe, Arizona, el 22 de octubre. Carina relató que intentó mostrar evidencia de los ataques de los cárteles en su comunidad, pero los agentes simplemente le ordenaron que se sentara sin darle más explicaciones. Su familia fue deportada al día siguiente.
Abusos de la patrulla fronteriza: violencia, maltrato y trato inhumano
Según los relatos, muchos agentes de la Patrulla Fronteriza ejercen violencia, intimidación y tratos inhumanos.
Rocío C., de San Miguel El Grande, Oaxaca, fue víctima de una agresión al ser abordada por un agente con un cuchillo de caza. El agente cortó la capucha de su sudadera sin justificación, mientras sonreía.
Por otro lado, Jenny B., de 38 años, originaria de Jalapa, Veracruz, cruzó la frontera el 20 de octubre. Fue trasladada a la “carpa blanca” en Tucson, donde los agentes le confiscaron todas sus pertenencias, incluso los cordones de sus zapatos y la ropa de abrigo. Jenny explicó que se le ordenó tirar todo lo demás, mientras que los agentes nunca le ofrecieron la posibilidad de explicar su situación.
HRW considera que algunos de los casos calificaban dentro de las reglas de asilo de junio, que permite que se consideren las solicitudes de asilo siempre que alguien exprese o demuestre que “enfrenta una amenaza inminente y extrema a la vida o la seguridad.
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