Los simpatizantes del presidente electo piden a la nueva Administración gravar las transferencias económicas a países en desarrollo
Luis Pablo Beauregard
Es una tarde de viernes y Miguel C. (pide no revelar su apellido) tiene en una mano un cartón de cerveza para el fin de semana y en la otra un puñado de billetes de 100 dólares. Lo llama el “aguinaldo”, la última transferencia que hará en el año para mandar dinero a México para su hermana y sus sobrinos. “Los gastos se juntan en esta época, pero espero que esto les ayude un poco porque todo está muy caro por allá”, señala este empleado de la construcción de 31 años originario de Huajuapan de León (Oaxaca). En Estados Unidos desde hace nueve años, Miguel envía dinero mensualmente, lo que forma parte de los 5.000 millones de dólares en remesas que cada mes auxilian a 11,1 millones de personas en su país.
Este flujo de dinero encara una nueva amenaza. A las deportaciones masivas y los aranceles a los principales socios de Estados Unidos, el trumpismo propone imponer nuevas cargas a las comunidades migrantes. Los simpatizantes del presidente electo han sugerido a la nueva Administración nuevos impuestos a las transferencias enviadas al extranjero. La propuesta no es nueva. El propio Donald Trump barajó la posibilidad en su primer Gobierno. La idea ha recobrado popularidad entre legisladores republicanos como medida de seguridad fronteriza, pero los expertos ponen en duda su eficacia.
Chuck DeVore, un exasambleísta de California que forma parte de un think tank conservador basado en Texas, ha sido la más reciente voz que pide gravar las remesas que salen de Estados Unidos. “Un impuesto del 50% a estas transferencias al extranjero podría generar más de 23.000 millones de dólares, una pequeña fracción de los 151.000 millones utilizados en servicios sociales que beneficias a los inmigrantes ilegales”, aseguró DeVore a Fox News esta semana.
El exlegislador republicano asegura que el Gobierno invierte cerca de 9.000 dólares por cada indocumentado en servicios de educación, salud y seguridad pública, por lo que el impuesto a las remesas sería una forma de recuperar parte de ese dinero público. “Todo ese gasto social que proviene de los impuestos de los estadounidenses es otra forma de ayuda al extranjero”, opina DeVore. El analista solicita a los senadores republicanos adoptar la iniciativa en enero, cuando comenzará la discusión legislativa de un paquete de defensa y seguridad fronteriza.
Ya existe en el Congreso una iniciativa para fijar una comisión a las remesas. El autor es J.D. Vance, el hombre que en enero se convertirá en vicepresidente de Estados Unidos. El exsenador por Ohio presentó la propuesta en diciembre de 2023. La ley pretende imponer un impuesto de 10% a toda transferencia al extranjero para “penalizar las actividades ilegales, como el tráfico de drogas y personas”. El dinero que se obtenga de esta recaudación será transferido a un fideicomiso que se utilizará para reforzar el control de la frontera, una de las obsesiones de la nueva Administración.
La propuesta de Vance incluye multas de hasta 500.000 dólares e incluso penas de prisión para los que busquen burlar el sistema y envíen su dinero por otras vías. El futuro vicepresidente también pretende castigar a los países que eviten las comisiones condicionando visas y negando ayuda económica a esas naciones.
Los expertos se muestran escépticos con la nueva propuesta. Catalina Amuedo-Dorantes, una profesora de Economía de la Universidad de California Merced, cree que es poco probable que el nuevo impuesto entre en vigor. “Creo que los beneficios son menos de los que esperan”, asegura la académica, citando la difícil implementación de gravámenes similares en Arabia Saudi y Etiopía, otras naciones que impusieron barreras a la salida de recursos a los países de origen de sus comunidades migrantes.
Amuedo-Dorantes también advierte que al fijar mayores comisiones a las remesas, el Gobierno de Estados Unidos podría fomentar lo que pretende evitar, que los usuarios acudan a mercados secundarios para hacer sus transferencias.
Cada año se realizan 150 millones de transacciones, con un promedio de 400 dólares. Desde California y Texas se originan el 58% de las transferencias a otros países. Estas son realizadas por 26,7 millones de migrantes de segunda y tercera generación y 10,6 millones de personas que nacieron en México. La mitad no tienen documentos.
Según Vance, su propuesta ayudaría a combatir el financiamiento a la delincuencia organizada. “No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras los inmigrantes ilegales y los cárteles del narcotráfico se benefician de violar nuestras leyes”, aseguró el entonces senador cuando presentó su iniciativa. La profesora Amuedo-Dorantes, no obstante, señala que no existe un estudio serio que demuestre que las mafias utilicen las remesas para enviar dinero a México.
