Las políticas de la próxima Administración agravarían los abusos de EE. UU. en la frontera
- Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos están negando el acceso al asilo a familias que huyen de contextos de violencia en México, y les dan un trato abusivo y despectivo, para luego enviarlas de regreso al país del que huyeron atemorizadas.
- Las prácticas actuales contravienen el derecho internacional y estadounidense sobre derechos humanos, y los agentes de la patrulla fronteriza violan tanto el derecho a pedir asilo como a recibir un trato humano bajo custodia.
- La administración actual y las futuras gestiones deben asegurar que la capacitación que reciben los agentes haga hincapié en que las personas tienen derecho a solicitar asilo y que deben tratar a las personas con humanidad y comunicarse en un idioma que entiendan.
(Tucson, Arizona) – Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos están negando el acceso al asilo a familias que huyen de contextos de violencia en México, en violación del derecho internacional y estadounidense sobre derechos humanos, señaló hoy Human Rights Watch.
Los agentes han expulsado a solicitantes de asilo a México, donde muchas personas dijeron que temían ser perseguidas, además de maltratarlas y ordenarles desprenderse de sus pertenencias. El derecho internacional y estadounidense sobre derechos humanos garantiza el derecho a solicitar asilo y a recibir un trato humano cuando una persona se encuentra bajo custodia gubernamental.
“Una vez que estos solicitantes de asilo mexicanos se entregaron, los agentes de la Patrulla Fronteriza se comportaron de manera abusiva y en muchos casos parecieron no estar dispuestos a cumplir lo que establecen el derecho internacional y estadounidense sobre derechos humanos”, manifestó Vicki B. Gaubeca, directora adjunta de inmigración y política fronteriza de EE. UU. de Human Rights Watch. “Los agentes de la Patrulla Fronteriza hicieron caso omiso de los temores expresados por quienes pedían asilo, diciéndoles que ya no existe el asilo en Estados Unidos, o intimidaron a esas personas para que guardaran silencio”.
En octubre de 2024, Human Rights Watch entrevistó a 40 solicitantes de asilo mexicanos que habían sido trasladados involuntariamente a Nogales, México.
La Regla Final Provisional sobre asilo, que emitió la administración del presidente de EE. UU. Joe Biden en junio de 2024 y cuyas disposiciones se endurecieron en septiembre de 2024, suspende el acceso al proceso de asilo estadounidense cuando más de 2.500 personas por día crucen al país sin autorización en un período de siete días consecutivos. La suspensión únicamente se levanta cuando las interceptaciones diarias entre puertos de ingreso disminuyan a menos de 1.500 en un período de 28 días. Desde que se implementó la regla, el número de personas interceptadas ha sido de aproximadamente 1.800 por día, por lo que es poco probable que la suspensión se levante en el corto plazo.
Conforme a la regla, se supone que la mayoría de las personas detenidas entre los puertos de entrada no son elegibles para recibir asilo. Para invocar una excepción, quienes piden asilo deben describir las amenazas a las que se enfrentan sin que se les pregunte. Y la nortma para esto no es el estándar sobre “temor debidamente fundado a sufrir persecución” establecido en otras disposiciones del derecho estadounidense, sino uno mucho más acotado, que requiere que manifiesten que “enfrentan una emergencia de salud aguda; enfrentan una amenaza inminente y extrema a la vida o la seguridad, como una amenaza inminente de violación sexual, secuestro, tortura u homicidio; o que cumplen con la definición de ‘víctima de una forma grave de trata de personas’”.
A su vez, las reglas no prevén una excepción para la llegada de personas desde México, como lo hacían otras anteriores, a pesar de que están siendo devueltas directamente al país donde temen sufrir daños.
De las 40 personas entrevistadas, la Patrulla Fronteriza remitió solamente a dos familias –una madre y su hijo adolescente, y otra madre con un hijo y una hija adolescentes– a un funcionario de asilo, el proceso por el cual se inicia una solicitud de asilo. Solo la madre que tenía un hijo adolescente había llegado a una audiencia con un juez de inmigración. Los funcionarios de asilo y jueces entrevistaron a las familias por teléfono. Al final, ambas familias fueron deportadas después de quedar bajo custodia aproximadamente una semana.
De las personas entrevistadas, 29 dijeron que habían tenido la intención de solicitar asilo o mencionaron directamente las amenazas que temían sufrir y que estas fueron ignoradas por la Patrulla Fronteriza, que un agente de la Patrulla Fronteriza les dijo que guardaran silencio o que les dijeron que “ya no existe el asilo en EE. UU.”. Solicitantes de asilo que pudieron contarle en forma expresa al menos a un agente de la Patrulla Fronteriza sobre las amenazas que enfrentaron en su lugar de origen no tuvieron la oportunidad de decir nada más sobre sus temores o pedir asilo. Algunos dijeron que agentes de la Patrulla Fronteriza les profirieron insultos y maldiciones a los gritos, les rasgaron la ropa y les quitaron los cordones y cintas de sus prendas de manera violenta y degradante, conforme a una política del gobierno de EE. UU. para evitar que se autolesionen.
“La Patrulla Fronteriza está tratando a las personas que solicitan asilo como si fueran los mayores enemigos del Estado y las deshumanizan por completo”, indicó Dora Rodríguez, directora de Salvavision, una organización sin fines de lucro que brinda ayuda y apoyo a personas inmigrantes y deportadas. “Nunca he visto este grado de crueldad en el trato. Creo que sucede porque las políticas de Biden les hacen suponer que tienen que ser crueles. No hay absolutamente ninguna rendición de cuentas. Como mínimo, EE. UU. debe proporcionar un trato compasivo y deportar a las personas de manera digna”.
El presidente electo Donald Trump y quien se propone designar como “zar fronterizo”, Thomas Homan, han expresado su intención de restablecer políticas contra el asilo y llevar a cabo deportaciones a gran escala, lo cual agravaría en forma significativa la situación ya precaria de los derechos humanos para las personas inmigrantes y solicitantes de asilo, expresó Human Rights Watch.
“La administración entrante de Trump se muestra dispuesta a desestimar las leyes estadounidenses que consagran el derecho de asilo”, explicó Gaubeca. “Alentamos a la Administración entrante a que, en cambio, ponga foco en la condición humana de las personas que solicitan asilo. Les instamos también a que reconozcan que las personas inmigrantes han fortalecido y convertido a Estados Unidos en un país pujante, y que tanto el derecho estadounidense como internacional otorgan a las personas el derecho a intentar pedir asilo y a ser tratadas con dignidad”.
La administración Biden y la próxima gestión de Trump deberían dar instrucciones a los funcionarios fronterizos de asegurarse de que los agentes reciban capacitación que destaque que las personas tienen derecho a solicitar asilo, y que los agentes deben tratar a las personas de manera humana y comunicarse en un idioma que entiendan.
Selección de testimonios sobre maltrato por parte de la Patrulla Fronteriza
Se entrevistó en español a personas solicitantes de asilo los días 22, 23 y 30 de octubre. No se brindó a las personas ninguna compensación y se les ofreció la opción de expresarse en forma anónima o de no usar sus nombres completos.
Human Rights Watch documentó casos en los que agentes de la Patrulla Fronteriza impidieron a personas de nacionalidad mexicana acceder a procedimientos de asilo a pesar de enfrentar amenazas en México, y esas personas posteriormente fueron retornadas en forma sumaria a un contexto donde podrían sufrir daños. Es posible que algunos casos también se encuadren en las excepciones a la regla sobre asilo de junio de 2024, que permite considerar solicitudes de asilo cada vez que alguien exprese o demuestre que “enfrenta una amenaza inminente y extrema para la vida o la seguridad”. Algunas personas dijeron que se las intimidó para que no hablaran sobre las amenazas que enfrentaban, y que agentes de la Patrulla Fronteriza las trataron de manera inhumana y después las deportaron.
Dora Rodríguez**,** directora de Salvavision, que acompañó a Human Rights Watch durante dos días de investigación, huyó de El Salvador durante la guerra civil que tuvo lugar en el país en la década de 1980. Fue una de las 13 personas sobrevivientes rescatadas por la Patrulla Fronteriza en julio de 1980 después de estar a la deriva durante 5 días en el desierto de Arizona y de casi perder la vida. Desde entonces, ha trabajado con personas que emigran a Estados Unidos y personas deportadas en México.
Agentes de la Patrulla Fronteriza impidieron que las personas plantearan solicitudes de asilo
Human Rights Watch habló con una familia de seis integrantes procedente de San Miguel El Grande, Oaxaca, una región de México donde se ha registrado un aumento drástico en la violencia. En los últimos dos años, hubo cientos de desplazamientos forzados y asesinatos, incluido el homicidio del hermano de una afamada actriz mexicana. La familia está compuesta por dos hermanas, Rocío C. y Sonya C., una cuñada que no indicó su nombre, niños de 2 y 8 años de edad; y una niña de 10 años. Cruzaron a Estados Unidos en un punto cercano a Sonoyta y fueron deportados a Nogales, Sonora, en un lapso de 24 horas.
“Nos fuimos porque hay criminales que están cometiendo masacres, secuestrando gente, quemando el bosque y nuestras casas”, contó Rocío. Su intención era pedir asilo en Estados Unidos. Rocío indicó que había traído documentos en los que se demostraba que habían recibido amenazas. “Los agentes de la Patrulla Fronteriza no nos trataron muy bien; nos gritaron, usaron malas palabras y no nos dejaron hablar”.
En un momento dado, un agente le pidió que firmara una orden de deportación. Dijo que se negó porque temía “regresar a México por la violencia”. El agente de la Patrulla Fronteriza le señaló un banco y le dijo que “se sentara allí”, desvió la mirada y no volvió a mirarla. A continuación, le dieron una copia del formulario que decía “Se niega a firmar” en la línea de firma. La familia fue deportada a la mañana siguiente.
Marta G. (seudónimo), es una mujer embarazada de 22 años procedente de Ciudad Hidalgo, Chiapas. Contó que cruzó la frontera en el desierto cerca de Altar, Sonora. La Patrulla Fronteriza la llevó a una instalación con laterales blandos de 80.000 pies cuadrados, con estructuras en forma de tienda repartidas en seis acres en Tucson, a la que los solicitantes de asilo se refieren como la “carpa blanca”. Marta dijo que se fue de Chiapas porque su novio quería que ella se hiciera un aborto, amenazó con matarla y trató de golpearla.
Marta manifestó que tenía intención de pedir asilo. Le dijo al agente de la Patrulla Fronteriza: “Tengo miedo de volver”, pero este no le permitió que diera mayores explicaciones. Tan pronto ella dijo esto, el agente respondió: “¡Basta! Ve a sentarte allí”. Nunca le dieron otra oportunidad de explicar las amenazas que temía y se la deportó menos de 48 horas después de entregarse.
Human Rights Watch entrevistó a una madre,Carmen S., de 26 años, junto a su hijo, Ian de Jesús, de 3 años de edad, procedentes de Chiapas.Dijo que mientras estuvo bajo lacustodia de la Patrulla Fronteriza “el trato fue muy malo”. No se le permitía hablar a nadie, a menos que alguien les dirigiera la palabra, según relató. Contó que pidió asilo y les dijo a los agentes que “en Chiapas la situación es muy difícil; un vecino mío fue secuestrado y dos de mis primos están desaparecidos”. Indicó a Human Rights Watch que vivía sola con su hijo y tenía miedo, pero que los agentes no le permitieron que explicara más nada.
Margarita V., de 29 años, y su hijo Jesús, de 4 años, provienen de Tecate, Baja California. Cruzaron la frontera a través de Altar, Sonora, alrededor de las 10 p. m. del 29 de octubre y esperaron 5 o 10 minutos hasta que apareció la Patrulla Fronteriza. Se los llevó directamente al campamento conocido como “carpa blanca” en Tucson.
Contó sollozando que les dijo a los agentes de la Patrulla Fronteriza que temía volver porque su esposo amenazaba con llevarse a su hijo, pero que el agente se comportó de manera agresiva y grosera. “No nos dejó explicar nada, y solamente dijo: ‘No me importan los problemas que hay en otra parte del mundo’”. Vio que el agente les decía cosas similares a otras mujeres, incluso si decían sollozando que tenían miedo de volver.
“Entonces no nos dijeron nada, solo que nos sentemos en esa silla”, refirió Margarita. Alrededor de las 6 a.m. del 30 de octubre, los agentes les dijeron que serían deportados y les hicieron firmar un documento. Margarita no quiso firmarlo. “Ya sea que lo firmes o no, vas a ser deportada”, respondió el agente.
Natalia G., de 27 años, procedente de Chiapas, cruzó la frontera el 28 de octubre y contó que, cuando pidió asilo, la Patrulla Fronteriza le indicó que “ya no reciben personas para asilo… No querían escuchar nada de parte mía; dijeron que me iban a enviar a un juez, pero nunca lo hicieron”. Luego, la Patrulla Fronteriza le dijo que firmara una “orden de deportación”. Natalia contó que le informaron: “No importa si firmas o no; serás deportada igualmente”. Entonces firmó el documento. Dijo que los agentes se llevaron todas sus pertenencias y las tiraron. No entendía por qué lo hicieron. Natalia fue deportada dos días después de llegar a Estados Unidos.
Beatriz S., de 35 años, se fue de Oaxaca con sus hijas, Ailyn, de 14 años, y Xarumi, de 5.La familia cruzó la frontera cerca de Altar, Sonora, el 28 de octubre y se entregó a la Patrulla Fronteriza. Los llevaron a Tucson y los retuvieron en un lugar frío que llamaban “la hielera”. Beatriz contó haberle dicho a los agentes de la Patrulla Fronteriza que temía que sus hijas estarían en peligro si regresaban a México, y el agente contestó: “El asilo ya no existe”. Dijo que se negó a firmar documentos, y los agentes de la Patrulla Fronteriza les informaron que iban a ser llevados con su familia en Estados Unidos, pero en vez de eso fueron deportados a Nogales al día siguiente.
Una familia de cuatro integrantes procedente de Guanajuato, que cruzó la frontera a través de Sonoyta el 21 de octubre, pidió que se preserve su anonimato. Contaron que les dijeron a los agentes fronterizos que temían regresar a México, pero que no les hicieron preguntas para indagar sobre esto. La familia indicó que asumieron erróneamente que, al manifestar a los agentes que tenían temor, tendrían acceso a un proceso de asilo. Dijeron que los agentes miraban hacia otro lado, fingirían no hablar o entender español, y simplemente señalaban lugares a los que debían dirigirse, ya sea un banco o una celda de detención.
Agentes de la Patrulla Fronteriza silenciaron a solicitantes de asilo
Carlos P., de 25 años, y Jorge, de 47, son oriundos de Culiacán, sonora, un área que ha experimentado una explosión de la violencia de origen delictivo tras el arresto del líder de un cártel por funcionarios estadounidenses en el mes de julio. Dijeron que escapaban de los “narcos” que han tomado el control de la región. “Después de que anochece, Culiacán se convierte en un pueblo fantasma porque la gente tiene miedo de salir a las calles por todas las balaceras”, manifestó Jorge, tío de Carlos.
Ninguno de los dos tuvo oportunidad de expresar el temor de ser enviados de regreso a México. “Los funcionarios solo nos hablaban cuando querían que hiciéramos algo”, refirió Carlos. “Como cuando los funcionarios querían tomar nuestra foto, huellas dactilares o hisopos de ADN, o nos decían que firmáramos un documento”.
Carina, de 30 años, su esposo, José Miguel, de 29 años, y sus dos hijos, de 5 y 8 años, provenientes de Salamanca, Guanajuato, cruzaron la frontera en un punto cercano a Sasabe, Arizona, el 22 de octubre, y esperaron para entregarse. La Patrulla Fronteriza los llevó a una estación cercana de ese organismo, donde registraron sus datos básicos, huellas dactilares y realizaron hisopados de ADN, y luego los llevaron a la “carpa blanca” en Tucson. “Nunca nos preguntaron por qué vinimos”, afirmó Carina. “De hecho, tenía conmigo varios videos que mostraban cómo mi vivienda recibió disparos de los cárteles. Fuimos víctimas de la criminalidad organizada”. En los últimos años, en Guanajuato se produjo un aumento considerable de la criminalidad organizada. Tras negarse a firmar una orden de deportación, esperaba que le preguntaran por qué. En cambio, el agente dijo: “Bueno, está bien, ve a sentarte allí”. Ella y su familia fueron deportadas al día siguiente.
Jenny B. (seudónimo), de 38 años, de Jalapa, Veracruz, cruzó la frontera sola el 20 de octubre, en un lugar próximo a Altar, Sonora. Jenny dijo que esperó toda la noche para entregarse y fue recogida por la Patrulla Fronteriza temprano a la mañana siguiente. En la “carpa blanca” de Tucson, varios funcionarios se llevaron todas sus pertenencias, incluidos cordones y ropa de abrigo. Contó que los agentes le dijeron “solo agarra lo que necesitas y tira todo lo demás”.
Según dijo, los agentes nunca le preguntaron por qué había venido a Estados Unidos. Manifestó que los agentes nunca les daban a las personas la posibilidad de hablar o dar una explicación, sino que solamente daban órdenes gritando, y que algunos fingían no hablar español, aunque a los agentes se les enseña español básico como parte de la capacitación que reciben. Dijo que se negó a firmar una orden de deportación. El agente de la Patrulla Fronteriza señaló: “Pues bien, ¿no quieres firmarla? Ve allí y siéntate”. La deportaron poco después.
Alma S. (seudónimo), de 51 años, y su compañero Henry S. (seudónimo), de 50, dijeron que se fueron deEscuintla, Chiapas, debido a los altos niveles de delincuencia que hay allí. “Si te agarran, te matan; te obligan a irte [de Escuintla]”. Ambos esperaban que se les preguntara por qué habían venido a Estados Unidos, pero “prácticamente no hubo conversación… todos parecían silenciados”.
Rocío C., de San Miguel El Grande, Oaxaca, contó que un agente se acercó a ella con un cuchillo de caza grande y le cortó el hilo de la sudadera con capucha que llevaba puesta. Su forma de actuar agresiva la asustó: “Podría haberle sacado el hilo y dárselo si me lo pedía, pero, en cambio, me rasgó la camisa y la cortó, mientras sonreía todo el tiempo, como si disfrutara asustándome”. Rocío todavía llevaba puesta la sudadera con capucha y mostró a Human Rights Watch donde la habían roto.
María M., de 37 años, y sus hijos Carlos, de 14 años, y Brenda, de 17, procedían de Lázaro Cárdenas, Michoacán. María había estado intentado infructuosamente conseguir una cita de la patrulla fronteriza (CBPOne) durante un año, por lo que cruzaron la frontera el 16 de octubre cerca de Nogales. Al ser recogidos por agentes de la Patrulla Fronteriza unos 15 minutos más tarde, los agentes le preguntaron a María por qué había venido a Estados Unidos, y respondió haber venido porque tenía miedo a la criminalidad y las amenazas. Contó que nunca le hicieron otra pregunta y que no tuvo oportunidad de hablar sobre las amenazas que enfrentaba.
En cambio, según refirió, los agentes “se comportaban de forma deplorable, nos llamaban ‘perros’ y nos decían ‘jódanse’ todo el tiempo”.
Carlos contó: “Nos decían todo el tiempo ‘cabezudos’”. Contó que vio a un agente de la Patrulla Fronteriza usar un cuchillo grande de manera amenazante. Lo usó para cortar las pulseras que una mujer llevaba en la muñeca. Movió el cuchillo de un lado a otro, al tiempo que decía que la iba a cortar mostrando “una sonrisa malvada”. Luego, el agente de la Patrulla Fronteriza le provocó un corte, y la muñeca de la mujer comenzó a sangrar.
Mariana, de 37 años, y su hijo, Carmaleal, de 15 años, procedentes de Orizaba, Veracruz,cruzaron la frontera el 1 de octubre en un lugar remoto al norte de Altar, Sonora, y esperaron a la Patrulla Fronteriza, que se presentó en menos de una hora y les dijo que volverían a recogerlos. Esperaron a la intemperie con temperaturas de 50 grados durante toda la noche. Al día siguiente, los recogieron aproximadamente a las 7 a.m. El conductor del autobús se expresó en forma abusiva, empleó insultos y dijo cosas como “No necesitamos gente como tú en Estados Unidos” y “No deberías venir”.
Agentes quitan pertenencias a las personas
Carmen S., con su hijo Ian, de Chiapas,dijeronqueinmediatamente después de llegar al campamento de “carpas blancas”, agentes de la Patrulla Fronteriza les indicaron que tiraran sus pertenencias en un bote de basura. La familia tuvo que desprenderse de alimentos, agua, mochilas, juguetes, chaquetas y cordones. Según contó Carmen, los agentes ni siquiera les permitieron mantener las calzas para el frío.
Marta de Ciudad Hidalgo,Chiapas, contó que en la “carpa blanca” se vio obligada a tirar todas sus pertenencias, incluida comida, ropa y vitaminas que estaba tomando porque cursaba aproximadamente el cuarto mes de embarazo. Se le permitió ver a un médico, quien se negó a darle las vitaminas y le dijo que buscara atención médica solo si se “sentía enferma”.
Alberto T. (seudónimo), de 20 años, y Guadalupe T. (seudónimo), de 21 años, procedentes de Oaxaca, habían cruzado la frontera cerca de Sasabe, Arizona, el 19 de octubre y esperaron en ese lugar remoto para que los recogiera la Patrulla Fronteriza. Dijeron que los agentes que los recogieron los trataron con amabilidad, pero que eso cambió cuando llegaron a la “carpa blanca”, donde estos les gritaban constantemente y los trataron de manera agresiva.
Los agentes les indicaron que tiraran sus mochilas y les permitieron guardar solo los artículos que consideraban esenciales, como teléfonos y documentos que cabían en una bolsa de plástico translúcida de un galón de capacidad. Dijeron que no se les permitió hacer llamadas telefónicas. Alberto contó que se los mantuvo “incomunicados” durante tres o cuatro días.
Antecedentes legales y de políticas
Bloqueo del acceso al asilo – Elderecho estadounidense establece que cualquier persona “que esté físicamente presente en Estados Unidos o que llegue a Estados Unidos (ya sea o no en un puerto de llegada designado)… puede solicitar asilo”. La ley estadounidense también prohíbe enviar de regreso a personas a países donde podrían enfrentar persecución o tortura. El derecho internacional de derechos humanos y sobre refugiados también reconoce el derecho a pedir asilo y protege contra el retorno a contextos de persecución o tortura.
En contravención de estas normas, la regla Biden de junio de 2024 suspende el acceso al asilo para solicitantes que ingresan a Estados Unidos sin autorización cuando se cumplen ciertas condiciones. La regla de asilo tampoco exime a personas mexicanas o canadienses de sus disposiciones, e implica el retorno forzoso de solicitantes de asilo al país donde temen sufrir persecución, lo cual viola el principio fundamental de no devolución.
Se intimida a personas solicitantes de asilo: Los estándares nacionales establecidos por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU., la agencia gubernamental estadounidense que supervisa a la Patrulla Fronteriza, establecen que se espera que todos los funcionarios deben “tratar a todas las personas con dignidad y respeto” y “deben comunicar” a la personas inmigrantes “todas las instrucciones e información relevante… en un idioma o de manera que la persona detenida pueda comprender”. Para invocar una excepción, la regla de asilo de Biden de junio de 2024 requiere que las personas solicitantes de asilo articulen las amenazas que enfrentan sin que se les pregunte. Las personas entrevistadas manifestaron que incluso cuando reunieron el coraje para hablar, los funcionarios de la Patrulla Fronteriza hicieron caso omiso.
Trato inhumano – El requisito de “tratar a todas las personas con dignidad y respeto” refleja el principio del derecho internacional de los derechos humanos de tratar a las personas bajo custodia gubernamental con humanidad y con respeto hacia la dignidad inherente del ser humano. Las personas entrevistadas dijeron que la Patrulla Fronteriza no está respetando este derecho humano básico.
Se despoja a las personas de sus pertenencias – En general, la Patrulla Fronteriza tiene facultades amplias para confiscar pertenencias que se consideren “riesgos para la salud” de las personas que estén bajo su custodia, y para pedir a las personas que se deshagan “voluntariamente” de sus pertenencias. En agosto de 2024, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza emitió una nueva directiva que indica: “La CBP sigue comprometida con el manejo, retención, recuperación y devolución de los bienes de cada persona detenida…”. Sin embargo, en la nueva directiva también incluye lagunas, afirmando, por ejemplo, que “los artículos que deben almacenarse… [incluyen] ropa (en la medida en que puedan ser guardados de manera factible en cualquier Instalación a Corto Plazo de la CBP)”.
Dado que todos los solicitantes de asilo mexicanos entrevistados, incluidos niños y niñas, fueron deportados sin otras prendas más que las que llevaban puestas ni ropa abrigada, los agentes de la Patrulla Fronteriza parecen haber interpretado la directiva en el sentido de que toda la ropa, salvo la que lleven puesta, debe desecharse.
Human Rights Watch observó un patrón similar de personas adultas e incluso niñas y niños pequeños deportados sin sus mochilas, cordones de calzado, cintas de sudaderas, chaquetas, ropa de abrigo, juguetes, medicamentos, alimentos, agua u otros artículos personales. Los agentes de la Patrulla Fronteriza solo permitieron que las personas guardaran aquellas pertenencias que cabían en una bolsa de plástico del tamaño de un galón, lo que implicaba solo algunos documentos, teléfonos celulares, joyas y dinero, tanto en moneda estadounidense como mexicana.
Relatos creíbles similares recopilados por otras organizaciones – Se incluyeron relatos similares sobre trato inhumano y hostilidad hacia el derecho a pedir asilo, así como el requerimiento de desechar pertenencias, también en un informe de febrero 2024 elaborado por ACLU, Kino Border Initiative, Protect AZ Health, y Sikh Coalition; y hallazgos similares en un informe de julio de 2024 preparado por la Comisión de Mujeres Refugiadas, Kino Border Initiative, National Immigrant Justice Center, Refugees International, Las Americas Immigrant Advocacy Center, National Immigration Law Center, Hope Border Institute, el Proyecto Florence, Immigrant Defenders Law Center y Human Rights First; y en un informe de agosto de 2024 de Human Rights First, Kino Border Initiative, Hope Border Institute, Raíces e Immigrant Defenders Law Center.
Human Rights Watch formuló las siguientes recomendaciones a la administración Biden y a la próxima administración Trump:
- Dar instrucciones al Departamento de Seguridad Nacional y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. de asegurarse que la capacitación que se brinda a agentes de la Patrulla Fronteriza ponga énfasis en sus obligaciones de tratar a las personas de manera humana y comunicarse con las personas de una forma y empleando un idioma que entiendan.
- Recordar a agentes de la Patrulla Fronteriza que las personas que solicitan asilo tienen derecho a pedir asilo “con independencia de su… estatus” según lo establece el derecho sobre asilo de Estados Unidos, y que la forma en que una persona ingresa a Estados Unidos o se presenta a las autoridades no es relevante para el análisis de su solicitud de asilo.
- Revisar las directrices para la actuación de la Patrulla Fronteriza, a fin de asegurar que se trate a las personas de manera humana. Si las personas son deportadas, deben poder conservar todas las pertenencias necesarias para la dignidad humana, la salud, la identidad, las prácticas religiosas y la comunicación, lo que incluye, como mínimo, prendas de abrigo, calzado con cordones, teléfonos, cargadores de teléfonos, medicamentos, dinero, elementos religiosos y todos los documentos.
