Editorial / La Jornada
El 6 de agosto de 2014 la empresa minera Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, consorcio que encabeza Germán Larrea Mota Velasco, derramó 40 mil metros cúbicos (40 millones de litros) de sustancias tóxicas en el arroyo Tinajas, lo que causó uno de los peores desastres ambientales en la historia del país: los 254 kilómetros de la cuenca Bacanuchi-Sonora, desde Cananea hasta Hermosillo, se contaminaron en cuestión de horas, afectando a las poblaciones humanas, la flora y la fauna de ocho municipios, así como a la agricultura y la ganadería de la región. Más de 300 pozos de agua debieron ser clausurados y miles de personas registran altas concentraciones de plomo, arsénico, cadmio y mercurio en la sangre, lo que ha provocado a muchas de ellas toda suerte de enfermedades, desde afecciones cutáneas, gástricas y pulmonares hasta diversos tipos de cáncer.
Ante esta catástrofe, provocada por lo que habría debido ser considerado un crimen industrial y ambiental, el gobierno de la época simplemente impuso a Grupo México una multa de 23 millones de pesos y acordó con la empresa la conformación de un fideicomiso de 2 mil millones de pesos para remediar las afectaciones, pero la parte responsable lo cerró unilateralmente cuatro años después tras haber erogado apenas 60 por ciento de esa suma; se prometió a la población instalar 37 plantas potabilizadoras, que luego se redujeron a seis y hoy día sólo funciona una de ellas; se ofreció construir un hospital para atender a los afectados, promesa que nunca se cumplió. Se ha calculado que en realidad, la reparación integral de los daños costaría cuando menos 10 veces más –20 mil millones de pesos, se estimó en 2022–, cifra que resulta insignificante si se la compara con las utilidades netas de Grupo México, que rondan anualmente 3 mil millones de dólares, y con la fortuna personal de Larrea, calculada por la revista Forbes en casi 28 mil millones de dólares: unos 607 mil 500 millones de pesos al cambio actual.
Tal es el contexto en el que Martha Patricia Velarde y Francisca García, de los Comités de Cuenca Río Sonora, señalaron ayer en entrevista con La Jornada la necesidad de que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) involucre a Grupo México y a las víctimas en cualquier plan de remediación, pues ninguna de las administraciones anteriores ha presionado a la empresa a pagar los daños ambientales causados hace más de una década. Por ello, es fundamental que el nuevo gobierno reconozca los fallos de la Suprema Corte de Justicia de 2020 y obligue a la empresa a nombrar a los representantes del grupo técnico que se requieren para reabrir el fideicomiso que fue cancelado de manera unilateral.
Para Sonora, para la segunda Presidencia emanada de la Cuarta Transformación y para el país en general, la contaminación provocada por Grupo México en la cuenca de los ríos Bacanuchi y Sonora es una asignatura pendiente y para las poblaciones afectadas, una deuda de justicia y una herida abierta que debe resolverse de una vez por todas.
