‘Es necesaria una ley de diligencia debida obligatoria que obligue a las empresas del Reino Unido a identificar, prevenir y mitigar sus impactos, y a garantizar que haya consecuencias si no lo hacen’, señaló Christina Challis, directora de incidencia de PBI Reino Unido.
Juan Alberto Cedillo
Parlamentarios del Reino Unido y múltiples organizaciones civiles colaboran para aprobar una nueva Ley que permita demandar legalmente a directivos de empresas como Germán Larrea, por contaminar el Río Sonora, o a Alejandro Bailleres, por su conflicto y demanda que deberá pagar al Ejido El Bajío, así como otros empresarios latinoamericanos cuya empresa tenga vínculos con firmas que estén adscritas o que coticen en la Bolsa de Londres.
La Corporación para la Justicia Corporativa y las Brigadas de Paz Internacional del Reino Unidos emitieron un reporte al Parlamento Inglés detallando casos en países del Sur Global, Colombia, Honduras, Indonesia y México, “en los que defensores de derechos humanos han sido objeto de brutales represalias por enfrentarse a industrias extractivas con vínculos a empresas o inversores del Reino Unido”.
Brigada de Paz Internacional (PBI UK por sus siglas en inglés) es una de las múltiples ONG que piden al gobierno del Reino Unido que apruebe una ley que obligue a las empresas a realizar “la debida diligencia en materia ambiental y de derechos humanos en sus operaciones, inversiones y cadenas de suministro o de lo contrario podrían ser demandados penalmente bajo las leyes del Reino Unidos”.
La iniciativa que analizan legisladores de todo el espectro político del parlamento está respaldada por más de 150 empresas del Reino Unido y una coalición de organizaciones de la sociedad civil que apoyan que el gobierno del Reino Unido apruebe una ley de diligencia debida obligatoria. Una encuesta de YouGov muestra que 4 de cada 5 adultos en el Reino Unido apoyan este pedido.
Para conocer casos de graves violaciones al medio ambiente y a derechos munas, PBI llevó al parlamento un grupo de líderes indígenas y defensores ambientales de varias partes del mundo quienes se reunieron con parlamentarios en el palacio de Westminster, el 21 de noviembre. En los encuentros solicitaron al gobierno que garantice la responsabilidad corporativa a través de una ley de diligencia debida.
A continuación se presentan algunas de las principales conclusiones del informe, titulado: ‘El caso del cambio: por qué los defensores de los derechos humanos necesitan una ley del Reino Unido sobre la debida diligencia obligatoria’.
– Por México estuvieron presentes representantes del Ejido El Bajío, ubicado en Caborca, Sonora, debido a que sus terrenos fueron invadidos ilegalmente por la minera Penmont-La Herradura, una filial de Fresnillo PLC que cotiza en la Bolsa de Londres. Por oponerse a la mina y exigir la reparaciones del daño, varios ejidatarios fueron asesinados entre 2018 y 2021.
– Líder indígena arrestado y supuestamente amenazado tras cuestionar procesos de consulta que llevaron a la instalación de un parque eólico respaldado por HSBC en tierras comunales.
– Intentos de asesinato contra defensores de derechos humanos en Colombia que denuncian que la explotación petrolera de Amerisur provocó contaminación de la Amazonía.
– Denuncian torturas contra opositores a la mina propiedad de Rio Tinto que contaminó ríos en Indonesia.
– Una diligencia debida eficaz por parte de las empresas podría haber evitado la devastación ambiental y la escalada de ataques contra los defensores de los derechos humanos.
“Lamentablemente, estos ejemplos demuestran que no se puede confiar en que algunas empresas eviten los abusos ambientales y de derechos humanos en sus operaciones y cadenas de suministro. Los valientes defensores de los derechos humanos están pagando el precio más alto”, dijo Christina Challis, directora de incidencia de PBI Reino Unido.
“Es necesaria una ley de diligencia debida obligatoria que obligue a las empresas del Reino Unido a identificar, prevenir y mitigar sus impactos, y a garantizar que haya consecuencias si no lo hacen. Esto significará que menos comunidades tendrán que tomar una postura y habrá menos riesgos para quienes decidan hacerlo”.
El informe de PBI UK llega después de que el Centro de Recursos sobre Empresas y Derechos Humanos documentara 209 ataques contra defensores de derechos humanos vinculados a empresas del Reino Unido entre 2015 y 2023, y como consecuencia unos 30 activistas fueron asesinados.
Como antecedente para la nueva Ley está que la Unión Europea ya aprobó una directiva sobre este tema el año pasado. Además, otros países también han legislado para exigir cuentas a las corporaciones por no garantizar que se respeten los derechos y el medio ambiente en sus cadenas de suministro.
“El Reino Unido está retrasado”, afirmó Challis. “El Partido Laborista sólo podrá cumplir sus promesas preelectorales de proteger los derechos y el medio ambiente si exige responsabilidades a las grandes empresas”.
El 21 de noviembre, representantes indígenas y afrodescendientes de Indonesia, Perú y Colombia, además de defensores de la tierra de base de Kenia, Liberia y México, se dirigirán a Westminster, donde se reunirán con un grupo multipartidario de parlamentarios para exigir acciones.
Uno de ellos fue Jesús Javier Thomas, representante del Ejido el Bajío y defensor de los derechos territoriales de México cuya comunidad logró con éxito el cierre de una mina de oro a cielo abierto operada por Minera Penmont en tierras comunales (Penmont es una subsidiaria de Fresnillo PLC, una empresa constituida en el Reino Unido que cotiza en la Bolsa de Valores de Londres).
Los tribunales mexicanos dictaminaron que Penmont estaba operando en la tierra ilegalmente sin el permiso de la comunidad y les ordenaron reparar el daño ambiental e indemnizar a la comunidad, sentencia que no se ha cumplido hasta la fecha.
Tres compañeros defensores de la tierra de Thomas que hicieron campaña por la implementación de los fallos judiciales han sido asesinados desde 2018.
“No se puede anteponer el lucro a la vida”, afirmó Thomas. “La única manera de garantizar que las empresas británicas en el extranjero operen legalmente y sin violencia es exigirles responsabilidades. Si el gobierno del Reino Unido no toma medidas, los defensores de los derechos humanos seguirán muriendo”.
Como se detalla en nuestro informe, Minera Penmont ha rechazado categóricamente tener cualquier vínculo con los crímenes.
