REDACCION
Los Comités de Cuenca Río Sonora confirmaron este jueves que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) emitió una serie de compromisos para remediar la contaminación de los cuerpos hídricos provocado por Gurpo México hace diez años.
Como resultado de la reunión que tuvieron ambas partes el pasado martes, los comités indicaron en un comunicado que la Semarnat constató que las víctimas formarán parte de todos los procesos para la reparación del daño en el río Sonora, “respetando así mandatos judiciales y sus derechos humanos”. También solicitará a la Secretaría de Salud reunión para dialogar sobre la falta de atención especializada en toxicología para las víctimas, “y plantear cómo resolverlo de forma inmediata”.
Señaló que la titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Mariana Boy, tendrá como una prioridad realizar una revisión exhaustiva de los expedientes y juicios, de los cuales la institución forma parte, para la remediación de los ríos.
Además, la procuraduría se comprometió a cumplir con puntualidad “lo que se les ha ordenado en los juicios” que han emprendido los comités y dará seguimiento a la denuncia penal presentada en 2014 por la contaminación del río, cuya carpeta de investigación continúa en integración.
La organización destacó que sostendrá mesas de trabajo con la Semarnat para “revisar los obstáculos legales utilizados por la administración anterior para no atender el problema”. Resaltó que la secretaría presentará presupuesto que atienda la necesidad de una estrategia clara para el plan de remediación y dará seguimiento semanal a los avances.
Durante la reunión, aclaró que la secretaria, Alicia Bárcena, expresó que no existe acuerdo con Grupo México para la remediación de este caso, y recordó “que existe un mandato judicial que ordena no realizarse planes o acuerdos sobre la reparación en el río Sonora sin la participación de las comunidades”.
Recordó que los comités “sólo aceptaremos procesos participativos que den resultados tangibles en el bienestar de los pueblos. La simulación ya lleva dos sexenios. Las más de 18 reuniones sostenidas en mesas de trabajo con autoridades de la administración pasada solo arrojaron muestras de agua de la zona, y de sangre y orina en habitantes; eso no es suficiente”.
“Todos los resultados fueron alarmantes, y ni con esa evidencia en mano se tomaron medidas cautelares en materia de salud ambiental”, resaltaron.
Durante la reunión también expusieron que “es grave que el Río Sonora no esté considerado entre los ríos prioritarios para el plan de infraestructura y saneamiento”.
Para avanzar con el Plan de Justicia Para Cananea-Río Sonora, anunciado por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, remarcaron que “es urgente que se implemente un plan de remediación, y que a este se le establezcan con fechas, procesos, acuerdos, y perspectiva de salud ambiental, pues no los tiene”.
“Hay estudios, diagnósticos, evidencia y órdenes judiciales suficientes para que las autoridades tomen acciones ya, y que el Estado obligue a la empresa a reparar el daño. No hacerlo es continuar con la negligencia”, apuntaron.
Rememoraron que existen sentencias que ordenan a Semarnat, en coordinación con Secretaría de Salud y Comisión Nacional del Agua y el gobierno del estado de Sonora emprender acciones para salvaguardar la vida y salud de las personas en el río.
Además apuntó que no existen plantas potabilizadoras suficientes para abastecer a las comunidades, “y las que existen no han demostrado su efectividad, además de ser gestionadas por empresas privadas”.
En la antepasada administración, Profepa actuó en complicidad con la empresa para cerrar el caso Río Sonora. En la anterior administración, no solo no subsanó esos errores sino que incurrió en prácticas dilatorias que obstaculizaron la justicia.
Resaltó que las autoridades fueron omisas en sus obligaciones en la administración pasada: “Secretaría de Salud e IMSS-Bienestar siguen evadiendo su responsabilidad de atender la salud de las víctimas de forma especializada en toxicología. Secretaría del Trabajo, designada por López Obrador para coordinar reuniones con otras autoridades y víctimas, nunca lo hizo”.
