Hermosillo, Sonora. Un grupo de ex trabajadoras de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en Sonora se pronunciaron contra lo que califican como un sistema de impunidad y omisión que perpetúa la violencia de género en la institución. Mediante una carta dirigida al Congreso estatal, las mujeres exigieron la revisión inmediata de las denuncias presentadas hace más de un año contra el titular de la CEDH, Luis Fernando Rentería Barragán, por hostigamiento laboral, acoso sexual y discriminación.
“La violencia de género no solo se vive, sino que se permite y se agrava cuando las instituciones responsables de proteger derechos humanos son omisas”, señalaron las firmantes, entre quienes destacan ex directivas y coordinadoras de áreas estratégicas de la CEDH, como Leyla Acedo Ung, ex secretaria ejecutiva, y Erica Salinas Castillo, ex directora de Derechos Sexuales y Reproductivos.
En la misiva, entregada hoy a diputados de la 64 Legislatura del Congreso local, así como a diversas comisiones legislativas y organismos ciudadanos, las denunciantes describen un patrón de violencia sostenida que, aseguran, ha sido ignorado por el Órgano Interno de Control (OIC). Esto, a pesar de las pruebas documentadas y los testimonios entregados desde septiembre de 2022.
“El silencio y la inacción de las autoridades internas han perpetuado el ambiente hostil y discriminatorio contra las mujeres trabajadoras de la CEDH. Es urgente que el Congreso del Estado tome cartas en el asunto para garantizar que las víctimas no sean revictimizadas y se detenga la violencia institucional que protege a los agresores”, señala el documento.
Entre las demandas se incluye la creación de un espacio seguro y accesible para que las trabajadoras puedan presentar denuncias sin temor a represalias, así como la implementación de un Protocolo de Hostigamiento y Acoso Sexual que contemple sanciones directas contra directivos. Además, exigen acompañamiento integral a las víctimas, garantía de no repetición y la destitución de Luis Fernando Rentería Barragán, en caso de comprobarse las acusaciones.
Las denunciantes hicieron un llamado a las diputadas, comisiones legislativas y organismos consultivos para que no permitan que la omisión continúe minando la confianza en las instituciones de derechos humanos. “En una entidad donde la violencia contra las mujeres ha alcanzado niveles alarmantes, es inadmisible que la CEDH, que debería ser un bastión de protección y justicia, se convierta en un espacio de violencia”, apuntaron.
La carta también visibiliza a las mujeres que, por miedo a represalias o falta de garantías, han optado por mantenerse en el anonimato, señalando que estas situaciones son reflejo de la violencia estructural que permea en los espacios laborales.
Con esta acción, las ex empleadas no solo buscan justicia para ellas, sino también proteger a quienes aún laboran en la institución. “No solo hablamos por nosotras, sino por todas aquellas que siguen siendo silenciadas”, concluye el documento firmado por víctimas y activistas.
