El Plan de Acción para salvar a la vaquita marina de la extinción, avalado por la comunidad internacional, fracasó en sus puntos medulares a 19 meses de su aprobación
Ernesto Méndez
El Plan de Acción de Cumplimiento para la Protección de la Vaquita Marina y el Combate al Tráfico Ilegal de pez Totoaba, avalado por la comunidad internacional, fracasó en sus puntos medulares a 19 meses de su aprobación y puesta en marcha en el Alto Golfo de California.
La estrategia plasmada en un documento de 80 páginas en poder de Excélsior, que contó con el visto bueno de la Secretaría General de la CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), contempla siete líneas de acción, 34 metas y 64 hitos, con un supuesto costo mensual de 62.6 millones de pesos en montos fijos.
Gracias a la aprobación del Plan de Acción de Cumplimiento, la CITES levantó el embargo comercial impuesto al gobierno mexicano el 27 de marzo de 2023, que impedía la exportación de ejemplares, productos y subproductos de especies de flora y fauna protegidas, que representan ingresos anuales por más de mil 500 millones de dólares para comunidades rurales y pueblos originarios, principalmente.
Como ejemplos del incumplimiento del Plan de Acción, encontramos la meta 2.12: “Poner en operación un sistema de localización de embarcaciones menores”, con un costo de 150 millones de pesos por proyecto.
Los hitos y pasos a seguir a cargo de la Secretaría de Marina (SEMAR), y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), establecían como fecha de arranque para elaborar el proyecto el 30 de junio de 2023 y como fecha fatal para la instalación de los dispositivos el 30 de mayo de 2024, lo que no se cumplió.
Meta 4.1 “Mantener actualizado un programa de empadronamiento y acreditación de pescadores activos del Alto Golfo de California”, con un costo de un millón de pesos mensuales.
Esta acción, que se echaría a andar el 1 de mayo de 2023 y culminaría el 31 de octubre de 2023, no se realizó por parte de la CONAPESCA, dada la anarquía que todavía prevalece en la región, donde el número de embarcaciones menores (pangas) con permisos vigentes es igual al número de embarcaciones menores ilegales que todos los días salen a pescar.
Meta 4.3 “Capacitar al 100 por ciento de las organizaciones que cuenten con los sistemas de pesca alternativos”, a más tardar en noviembre de 2023, con un costo de 900 mil pesos por proyecto, a cargo de la CONAPESCA y el Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura (IMIPAS), antes INAPESCA.
En pleno mes de noviembre de 2024, todavía no existen siquiera las redes alternativas y sustentables avaladas y en poder de los integrantes de las cooperativas y federaciones de pescadores del Alto Golfo de California.
Por consiguiente, la meta 4.4, que le seguía, tampoco se pudo cumplir, ante la falta de las redes alternativas: “Implementar el Programa Especial de Marcaje y Equipos de Pesca para embarcaciones menores, de conformidad con el Acuerdo Regulatorio”, con un costo de cinco millones de pesos por proyecto, que tenía como fecha de vencimiento, septiembre de 2024.
Meta 2.4 “Intensificar patrullajes marítimos, terrestres y aéreos, con unidades tripuladas y no tripuladas, durante las temporadas de pesca autorizadas, garantizando la vigilancia permanente y la aplicación de la ley en la Zona de Cero Tolerancia y la Zona de Refugio de la Vaquita Marina”, a cargo de la SEMAR, CONAPESCA y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Fuentes consultadas por Excélsior, confirmaron que en estos momentos, la PROFEPA sólo tiene tres inspectores federales asignados a San Felipe, Baja California y tres a Puerto Peñasco, Sonora, en el punto más alto de la temporada de pesca de camarón.
Los seis servidores públicos se deben dar abasto para cubrir una superficie de 1.3 millones de hectáreas, que conforman la Zona de Refugio de la Vaquita Marina, casi del tamaño de la Ciudad de México.
En la otra comunidad pesquera de la región, el Golfo de Santa Clara, Sonora, no hay presencia permanente de las autoridades ambientales ni de pesca desde marzo de 2017, luego de que pobladores quemaron ocho camionetas y una panga, por la falta de permisos para realizar sus actividades.
Tanto los inspectores de la PROFEPA como los 15 Oficiales de Pesca de la CONAPESCA, dependen de los recorridos marítimos que cada dos o tres días realiza la SEMAR, debido a que no cuentan con presupuesto para combustible o de plano no tienen embarcaciones para realizar sus labores.
Evaluación
Los primeros días de diciembre, la misión de observación de CITES, que estuvo en México en el mes de marzo, hará público el informe sobre su tercera visita a nuestro país, para evaluar la puesta en marcha del Plan de Acción de Cumplimiento para la Protección de la Vaquita Marina.
De esta forma, los 184 países miembros de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, tendrán elementos para evaluar al gobierno mexicano en la próxima reunión del Comité Permanente de la CITES, a realizarse del 3 al 8 de febrero de 2025, en Ginebra, Suiza.
A nadie debería extrañar, que la comunidad internacional decida activar de nueva cuenta el embargo comercial contra México, dados los incumplimientos reiterados en la conservación del mamífero marino en mayor peligro del mundo y la falta de acciones contundentes para frenar el tráfico ilegal de Totoaba.
Al respecto, Alejandro Olivera, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica (CDB), advirtió que mientras los países siguen discutiendo sobre las medidas de protección a la vaquita marina, las redes de pesca continúan en el mar matando a los ejemplares de la especie.
“El Gobierno de México ha incumplido en sus compromisos para salvar a la vaquita marina. A pesar de los esfuerzos prometidos, muchas de las metas establecidas en el Plan de Acción de Cumplimiento no se han alcanzado.
La incertidumbre persiste sobre si estas metas se lograrán en el futuro cercano. Lo que es evidente es que la situación no ha mejorado. Las redes de pesca que representan una amenaza directa para la vaquita marina continúan utilizándose, y la pesca ilegal de Totoaba, no se ha detenido. Esta falta de acción efectiva pone en grave riesgo la supervivencia de esta especie en crítico peligro de extinción”, insistió.
