El proyecto avalado por los órganos legislativos tiene el objetivo de ajustar la estructura del Poder Ejecutivo.
Silvia Arellano
Las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos aprobaron con 21 votos a favor y nueve abstenciones, el dictamen que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para ajustar la estructura del Poder Ejecutivo.
El proyecto avalado por los órganos legislativos que presiden la senadora Lilia Margarita Valdez Martínez y el senador Enrique Inzunza Cázarez, establece la creación de la Secretaría de las Mujeres; la de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación; así como la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
También se modifica la denominación de Secretaría de la Función Pública, por Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, y se le adicionan facultades en materia de transparencia, protección de datos personales, profesionalización e integridad pública.
En cuanto a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, estará encargada de formular y conducir las políticas de informática, tecnologías de la información, comunicación y telecomunicaciones de la Administración Pública Federal (APF).
Al hacer uso de la palabra, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza Cázarez, explicó que las reformas responden los retos en áreas estratégicas como la seguridad, el medio ambiente, la infraestructura y la educación.
Estas modificaciones, subrayó, no sólo responden a las necesidades sociales y económicas actuales, sino que consolidan el compromiso del gobierno con la igualdad sustantiva y el desarrollo tecnológico.
Se trata de generar una infraestructura institucional que impulse un gobierno más transparente y abierto, pues “se abre paso hacia una transformación integral que potenciará las capacidades del gobierno para implementar políticas efectivas y adaptadas a las circunstancias actuales”, puntualizó.
La presidenta de la Comisión de Gobernación, Lilia Margarita Valdez Martínez, dijo que las reformas están encaminadas a erradicar la corrupción y cambiar la realidad que durante mucho tiempo vivió México, el cual estuvo “sumido en una desigualdad terrible”, donde muy pocos tenían lo suficiente para comer, vestir, educarse y tener buenos trabajos.
Por Morena, Laura Itzel Castillo Juárez expresó que esta propuesta permite ajustar la estructura organizacional de la APF, al eliminar la duplicidad de funciones de los entes públicos, y permite a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ejecutar su programa de gobierno, el cual reconoce el tema de género como punto toral de la agenda pública nacional.
Del PAN, Ricardo Anaya Cortés indicó que la propuesta contiene aciertos importantes como la creación de la Secretaría de las Mujeres y el que se dote a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dé facultades de investigación. Sin embargo, recalcó, no se pueden acompañar las reformas que le quitan facultades al INAI para otorgárselas a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.
Néstor Camarillo Medina, del PRI, manifestó que es necesario que el proyecto responda a las necesidades del país y no a intereses políticos, porque si bien el dictamen contiene propuestas positivas, también presenta riesgos e inconsistencias, como el que se pretenda “centralizar el poder”.
En tanto, del PVEM, Karen Castrejón Trujillo consideró que la nueva Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno consolidará el combate a la ineficiencia burocrática, además de que pone al servicio de la ciudadanía un gobierno austero, responsable y honesto. Las reformas, dijo, representan “la confirmación de la agenda prioritaria de un gobierno humanista”.
Alejandra Barrales Magdaleno, de Movimiento Ciudadano, señaló que derivado de las presiones fiscales que se reflejan en el proyecto de Presupuesto 2025, para el caso del gasto programable del ramo administrativo, se contempla una reducción de 174 mil millones de pesos, “lo que sin duda puede modificar la puesta en marcha de las nuevas secretarías”.
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