Los esquemas de fiscalización o regularización no serán suficientes para proveer el volumen de recursos necesario, y al mismo tiempo seguir con la reducción del déficit público.
No fue sorpresa que el Paquete Económico para 2025 no contuviera una propuesta de reforma fiscal.
Ya se había anunciado que así sería.
En la Ley de Ingresos y en los Criterios Generales de Política Económica se establece una meta de crecimiento de los ingresos presupuestales del sector público de 3.3 por ciento en términos reales y de 3.0 por ciento para los ingresos tributarios.
Como le explicábamos el día de ayer, esa meta es compatible con un crecimiento del PIB de 2 a 3 por ciento.
Las dos piezas de la estrategia fiscal tienen que ver con los incentivos para regularizarse y formalizarse, así como con la fiscalización.
Respecto a lo primero, la pieza más importante para el 2025 es el programa de regularización para personas físicas y morales con ingresos anuales inferiores a los 35 millones de pesos, es decir, pequeños y medianos.
Este consiste en la condonación de multas, recargos y gastos de ejecución, para quienes se acojan a este beneficio, claro, bajo una serie de condicionantes como no haber impugnado el crédito fiscal o no haber sido condenados a pagar.
En la parte de la fiscalización, todo indica que se fortalecerá la estrategia de vigilancia, para lo que se cuenta cada vez con mayores recursos tecnológicos.
Creo que no es imposible que se alcancen las metas tributarias del próximo año si es que la actividad económica no es muy diferente a la planeada.
El problema son los años siguientes.
El ajuste al gasto público previsto para el 2025 difícilmente podrá replicarse en los siguientes años, en los que, de hecho, hay presiones derivadas de un gasto rígido derivado de los programas sociales, de los compromisos de pago de pensiones, y de las fases más demandantes de recursos de los proyectos de inversión pública.
No creo que haya esquemas de fiscalización o regularización que vayan a ser suficientes para proveer el volumen de recursos necesario, y al mismo tiempo seguir con la reducción del déficit público como proporción del PIB.
Por eso creo que, aunque ahora, la propuesta de reforma fiscal por parte del diputado Ricardo Monreal, no haya sido respaldada por el gobierno, se convertirá en un asunto de agenda en la segunda mitad del 2025.
Por cierto, la estimación de crecimiento del PIB por arriba del consenso fue establecida por la Secretaría de Hacienda, sobre la base de considerar que ha existido una tendencia persistente de los analistas a subestimar el crecimiento que realmente se ha presentado.
Por ejemplo, al arrancar 2023, se esperaba un crecimiento de 1 por ciento para el año y finalmente resultó en 3.7 por ciento. En 2021 también había pasado lo mismo, se estimó un crecimiento de 3.5 por ciento, y lo que resultó fue de 6 por ciento.
Pareciera haber una inercia que conduce a que muchos expertos tarden en ajustar sus perspectivas ante cambios del entorno.
Hacienda considera que el crecimiento de Estados Unidos, que está resultando más robusto respecto a lo previsto, puede ser un factor que dinamice las exportaciones de manufacturas, alcanzando una tasa de crecimiento superior a la que se ha observado en los últimos meses.
Es atendible el argumento planteado por la autoridad hacendaria, que hoy seguramente el secretario Rogelio Ramírez de la O expondrá con más detenimiento en su comparecencia en el Congreso.
Sin embargo, eso no quita la preocupación que existe por el mediano plazo y por los posibles desbalances de las finanzas públicas a partir del año 2026.
Por eso creo que el rechazo terminante que hoy existe a una reforma fiscal irá cambiando en el curso del próximo año, para convertirse en un tema de discusión pública en el segundo semestre.
