Ciudad de México. A diez años de no ser atendido en su totalidad el peor desastre ambiental de la minería en México, Martha Patricia Velarde, miembro de los Comités de la Cuenca Río Sonora, pidió al gobierno de la presidenta, Claudia Sheinbaum, que sean consideradas las zonas hídricas naturales y a las poblaciones afectadas del estado por la contaminación producida por Grupo México, de Germán Larrea, al recién anunciado Programa Nacional de Restauración Ambiental.
“Nosotros nos habíamos emocionado porque en una de las declaraciones de la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, mencionó a estos tres ríos: Lerma-Santiago, Tula y Atoyac, e incluyó al Sonora, pero tristemente, después de leer el documento, no se incluye ahí para su saneamiento, en ningún sentido”, lamentó Valverde en entrevista con La Jornada, en momentos que buscan “justicia” por los daños causados.
Los afluentes que se conectan con los ríos Sonora y Bacanuchi siguen contaminados con sulfato de cobre acidulado, hierro, aluminio, cadmio, cromo, magnesio, plomo, arsénico y vanadio tras el derrame de lixiviados que se provocó en la mina Buenavista del Cobre, de Grupo México, el 6 de agosto de 2014. Esto ha afectado la salud, terrenos, cultivos y ganados de más de 22 mil habitantes de los municipios de Arizpe, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora y Ures, hasta llegar a la presa El Molinito.
La activista planteó que quizá esta crisis ambiental “no fue considerada” en el nuevo programa federal, que busca restaurar los ríos para 2030, dado a que Grupo México debe pagar todos los daños ocasionados a la salud, medio ambiente y economía de todas las poblaciones y zonas afectadas en el cumplimiento de un amparo ganado por los comités hace cinco años, “pero simplemente no lo ha cumplido de manera unilateral y las autoridades no se lo han exigido”.
“El Estado no ha tenido el poder suficiente para someterlo a la ley”, acusó, y apremió de esta falta a la existencia de vacíos legales o los acercamientos que han tenido la empresa con las autoridades.
Recordó que la Secretaría de Economía le entregó un premio a Grupo México por su tipo de sustentabilidad este ambiental o que la Comisión Nacional del Agua no ha reconocido la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos que confirma las denuncias que los comités han presentado durante casi 10 años
El monto calculado hasta 2020 rebasa los 20 mil millones de pesos, aunque Valverde señaló que “esas cifras se deben de actualizar” al presente dado a que las afectaciones continúan, especialmente en la detección de más enfermos, cuyos diagnósticos son falla renal, problemas en vías respiratorias, cáncer, Alzheimer y Parkinson, entre otros.
“El gobierno ya no tiene que pagar todo, por lo que quizá tenga algún programa especial para nosotros”, confió, al asegurar que en los dos sexenios pasados “se hizo muy poco para atender el caso”. Por ello, urgió a las autoridades brindar mayor atención médica para los pacientes “en lugar de invertir en la restauración de plantas de tratamiento instaladas en zonas áridas y que no tienen mayor funcionamiento”.
Tras su participación en foro Diálogos por la justicia ambiental: Defensa del territorio y construcción de paz, realizado en la Cámara de Diputados, reiteró que los legisladores que deben aprobar la Ley de Aguas Nacionales y la Minera para blindar todos los recursos legales y movimientos institucionales que han realizado en estos diez años.
