La 4T tiene que conseguir el voto en contra de un ministro, de tal suerte que no haya la mayoría requerida de ocho. Necesitan un voto y, en política, esto se consigue con incentivos positivos o negativos.
Hoy comienza el debate en la Suprema Corte de Justicia en torno al proyecto del ministro González Alcántara para declarar la invalidez parcial de la reforma judicial. Como todo lo relacionado con este asunto, debido a las fallas jurídicas que el Legislativo cometió al aprobar esta reforma constitucional, no queda claro si se requiere una votación de ocho o de seis ministros para que la propuesta de González Alcántara se convierta en sentencia que el Ejecutivo y el Legislativo tendrían que acatar.
Vamos a suponer que se requieren los ocho votos. De los once ministros que todavía conforman el pleno, tres van a votar en contra: Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz. En sus decisiones, este trío se ha caracterizado más por su militancia a favor de la 4T (no quiero dejar pasar que Esquivel es una ladrona que plagió sus tesis de licenciatura y, por tanto, ni siquiera debería estar ahí). Ellas están de acuerdo con la reforma judicial y ya anunciaron que se presentarán a la elección del 2025 para continuar en su puesto.
Quedan, entonces, ocho ministros. Siete ya presentaron su renuncia y van para afuera el año que entra. Son Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara, Jorge Mario Pardo, Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez, Alberto Pérez Dayán y Norma Piña. El ministro Luis María Aguilar termina su periodo en noviembre.
Ellos ya no tienen nada que ganar en la decisión de mañana más que dar una última pelea a favor del régimen de división de poderes. De votar a favor del proyecto de González Alcántara, estarían reafirmando que el Judicial sí tiene algo que decir en torno a la reforma que reestructura este poder desde su base. Y pondrían en un aprieto al Ejecutivo y al Legislativo de acatar o no esta resolución. De no acatarse, el precedente tendría un alto costo de imagen para el nuevo gobierno, al que le urge mandar señales de certidumbre jurídica a los inversionistas privados.
Para no llegar a esta situación, el lopezobradorismo tiene una solución: conseguir el voto en contra de un ministro, de tal suerte que no haya la mayoría requerida de ocho. Esto desarmaría la bomba de la crisis constitucional.
Necesitan un voto y, en política, esto se consigue con incentivos positivos o negativos.
Ya lo vimos en el Senado. Morena se quedó a tres senadores de lograr la mayoría calificada de dos terceras partes para reformar la Constitución. No es cierto que el pueblo les dio ese mandato. Tienen los votos gracias a que, primero, se llevaron a Morena a dos senadores del PRD que se quedaron huérfanos porque este partido desapareció. Les faltaban uno y, ¡oh, sorpresa!, el panista Miguel Ángel Yunes Márquez chaqueteó.
