La presidenta envió a la Mesa Directiva del Senado una propuesta que modifica el artículo 21 Constitucional, que actualmente da facultades al Ministerio Público como la institución responsable de las investigaciones de los delitos.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado de la República una nueva reforma constitucional para darle facultades de investigación a la Secretaría de Seguridad y Seguridad Ciudadana (SSPC), y darle la responsabilidad de encabezar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
Luego de que una reforma constitucional impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador despojó a la SSPSC de la Guardia Nacional, para dejar la corporación bajo la administración y control de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), Sheinbaum Pardo envió a la Mesa Directiva del Senado una propuesta que modifica el artículo 21 Constitucional, que actualmente da facultades al Ministerio Público como la institución responsable de las investigaciones de los delitos.
La iniciativa entregada este 1 de noviembre considera que las nuevas facultades que tendría la SSPC “permitirá que a investigación de los delitos se base en inteligencia, información estratégica y análisis de datos”.
Entre las bondades de la modificación constitucional, la presidenta Sheinbaum consideró que darle facultades investigativas a la dependencia que encabeza Omar García Harfuch, permitirá “solicitar información para esclarecer hechos presuntamente constitutivos de delitos“.
La presidenta considera que con la modificación “no sólo fortalece el proceso de investigación de hechos presuntamente constitutivos de delitos, sino que al utilizar de manera inteligente los recursos del Estado para combatir del delito.
Asimismo, considera que de aprobarse la reforma “se incorporan los productos de inteligencia a la función investigadora y se aprovecharán los avances tecnológicos tanto en la recopilación como en el análisis de los datos e información para generar inteligencia valiosa que pueda usarse para dirigir de manera más eficiente los recursos policiales, enfocándola a personas y lugares de interés donde se genere impacto positivo en la seguridad pública”.
A las facultades que tiene el Ministerio Público como única institución investigadora, la reforma le da atribuciones “a la secretaría del ramo de seguridad pública del ejecutivo federal”, a la Guardia Nacional y a los policías en el ámbito de la competencia, las cuales actuarán bajo la conducción del mando de aquel en el ejercicio de su función”.
La reforma contempla canalizar fondos de ayuda federal para la seguridad pública a entidades federativas y municipios, mismos que “serán auditados y su debido ejercicio vigilados por el Sistema a través de su Secretario Ejecutivo”.
La figura de Secretario Ejecutivo, según la propuesta, tendrá entre sus responsabilidades “ampliar bases, emitir acuerdos y lineamientos, así como realizar las acciones necesarias para lograr la homologación de estándares y criterios, así como una coordinación eficiente, transparente y responsable en el ejercicio de las atribuciones concurrentes de los tres órdenes; en todo momento en atención a los fines del Sistema y los objetivos de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública”.
La iniciativa permite que la SSPC coordine y dirija la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, los programas, las políticas públicas y acciones respectivas, para auxiliar “a la persona presidenta de la república en el ejercicio de las funciones en materia de seguridad pública; le corresponderá la coordinación del sistema nacional de inteligencia en materia de seguridad pública, en los términos que señale la ley”.
Así a la dependencia encabezada por García Harfuch se le ordena “coordinar acciones de los tres órdenes de gobierno a través de las instituciones responsables de seguridad pública, los cuales deberán proporcionar la información de que dispongan en la materia conforme a la ley”.
De la misma manera, la dependencia “podrá solicitar información a las instituciones y dependencias de Estado para la identificación y esclarecimiento de hechos presuntamente constitutivos de delitos”.
