La Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado diversas carpetas de investigación contra jueces y magistrados por el probable delito de abuso de autoridad, después de las suspensiones que otorgaron contra la reforma judicial.
Las carpetas de investigación se han abierto por las denuncias que han presentado el Poder Legislativo o Ejecutivo. Fuentes judiciales, que solicitaron anonimato por temor a represalias, refieren a EL UNIVERSAL que la fiscalía solicitó a los impartidores de justicia copias de los expedientes sobre las suspensiones que otorgaron, a través de correos electrónicos en donde les notifican la investigación a la que están sujetos.
Jueces y magistrados aseguran que son medidas con el objetivo de coaccionar y amedrentar, y que se utilizan en regímenes autoritarios y autocráticos cuando aún hay jueces incómodos para presionarlos a que resuelvan de acuerdo con las necesidades y criterios del sistema.
En este caso el sistema considera que no deben decretarse estas suspensiones y presiona por la vía penal y administrativa.
Las fuentes consultadas explican que para proceder una consignación penal en contra de un juez se necesita desaforarlo por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), porque los impartidores de justicia tienen fuero orgánico, es decir que mientras no se declare una responsabilidad administrativa y se quite ese fuero no procede la consignación.
Precisan que se puede integrar la carpeta de investigación, mas no la consignación ante un juez penal.
“La FGR está pidiendo a los jueces copias de los expedientes… Supuestamente hay una denuncia por la probable comisión de un delito, entonces es una forma de presión. Prácticamente están diciendo que van contra nosotros.Lee también: Elección judicial: Estos son los 15 perfiles del Comité Evaluador; jueces calificados y algunos cercanos a la 4T
“Según es un delito de abuso de autoridad, pero no pudiera ser real. Evidentemente, el Ministerio Público te puede consignar, pero será el juez penal el que defina y ahorita los jueces penales que están son de carrera judicial y no va a haber alguno que emita una orden de aprehensión porque no se configura. El problema va a ser en 2025”, alertan los entrevistados.
Además se están interponiendo quejas administrativas disciplinarias ante el CJF a través de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas, que pertenece a la Comisión de Vigilancia, que hace una investigación para ver si se incurrió en alguna responsabilidad y se abre un proceso disciplinario ante la Comisión de Disciplina para determinar si existe responsabilidad o no de estos jueces que dictaron suspensiones y magistrados que las confirmaron.
Indican que, en caso de considerarse como una falta grave, se puede llegar hasta la destitución, y señalan que la Comisión de Vigilancia está integrada por tres de los consejeros que están directamente vinculados con la autollamada 4T.
Las fuentes consultadas refieren que los juzgadores han solicitado medidas cautelares ante las Relatorías de Naciones Unidas para que puedan exigir directamente al Estado mexicano que cese sus persecuciones y deje de atentar contra la independencia judicial.
En la conferencia mañanera en Palacio Nacional el 18 de octubre, Ernestina Godoy, consejera Jurídica de la Presidencia, señaló que el gobierno federal presentará denuncias ante el CJF contra jueces que otorgaron amparos en contra de la reforma judicial.
Las fuentes judiciales expresan que hay más de 170 suspensiones y que cabe la posibilidad de que algunos jueces hayan admitido más de una, con lo que puede haber de 20 a 30 jueces en ese supuesto.
Califican como preocupante la situación cuando lleguen los nuevos jueces. “En 2025 sale el CJF y entra el Tribunal de Disciplina… Hay dos vías: una es la administrativa, que es ante el Consejo; entonces, entra el Tribunal de Disciplina y evidentemente van a decir que es una conducta ilegal. Hasta ahora el Consejo ha dicho que no, porque hay jurisprudencia e incluso que no es motivo para suspender”, explican.
El órgano interno, que es el Consejo, debe avalar el separarlos del cargo y solamente así, detallan, pueden iniciar la acción penal.
“Entonces, por ejemplo, si hay una carpeta de investigación y hoy le piden al juez la orden, el juez va a decir no, porque no se tiene el desafuero, y si va al Consejo le va decir que no, porque eso no es delito, pero justamente en 2025 la mitad de los jueces van a ser nuevos… Entonces, ahí va a empezar la persecución política”, adelantan.
