Cuatro consejeros se mostraron conformes con las nuevas facultades de la consejera presidenta
Redacción AN/ SBH
El consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó tramitar una controversia constitucional para impugnar la nueva facultad que permite a la consejera presidenta hacer unilateralmente los nombramientos más importantes.
El proyecto fue aprobado por seis votos a favor y cinco en contra en una sesión de reclamos cruzados entre consejeros y consejeras.
La mayoría argumentó que el juicio permitirá proteger la colegialidad del instituto y fortalecer los nombramientos, para blindar la organización de las elecciones.
Los cinco consejeros en contra argumentaron que la controversia constitucional no es la forma adecuada para combatir este asunto; reclamaron no haber sido informados del recurso y cuatro de ellos se mostraron conformes con las nuevas facultades de la consejera presidenta.
Posturas en contra
La consejera presidenta Guadalupe Taddei dijo que el hecho podría generar un precedente muy negativo para la institución. Sostuvo que seis consejeros invaden sus facultades por segunda vez, pues reclamó que en diciembre se intentó bloquear la designación de encargados de despacho.
Taddei dijo que no comparte la legalidad del proyecto y que considera que no afecta el diseño constitucional.
También reclamó que el proyecto fue presentado justo cuando los consejeros estaban en una reunión para tratar la sentencia del Tribunal Electoral sobre la reforma judicial.
Reveló que les pidió a los consejeros que esperaran a que la Suprema Corte votara la reforma judicial, pero su propuesta no fue aceptada
Norma Irene de la Cruz reclamó que el punto de acuerdo no fue consensuado ni debatido internamente.
Afirmó que la representación legal del instituto no puede ser ejercida por la mayoría de los consejeros, sino únicamente por la Presidencia del Consejo General.
Sostuvo que el proyecto ha provocado un escándalo mediático.
El consejero Jorge Montaño consideró que la propuesta era improcedente por intentar impugnar una norma que no pone en peligro la operación del instituto, ni el principio de certeza en la organización de comicios.
Consideró que no procede la suspensión solicitada, pero no dio más argumentos.
Rita Bell dijo que este proceso es un intento de minar las facultades de la consejera presidenta, que se mostró abierta a consultar los nombramientos y no ejercer la nueva facultad.
Uuc-kib Espadas dijo que la reforma violenta las atribuciones del INE, pero afirmó que el instituto no tiene facultades para presentar una acción de inconstitucionalidad para combatir los cambios.
Ningún demócrata puede estar de acuerdo con el contenido de las reformas que los colegas pretenden controvertir.
Posturas a favor
Claudia Zavala afirmó que el INE sí ha promovido controversias constitucionales para defender el sistema electoral y dijo que es normal que no todos estén de acuerdo en todos los asuntos.
Jaime Rivera sostuvo que el diseño constitucional protege la colegialidad para tomar las decisiones más relevantes.
Defendió que el recurso es algo previsto en la Constitución, por lo que no significa desafío ni desobediencia a un poder del Estado.
La consejera Dania Ravel sostuvo que la Constitución establece el diseño y operación del INE.
Sostuvo que hay antecedentes desde 1990 que apuntan al fortalecimiento del órgano superior de dirección.
Esas modificaciones traen como efecto la ruptura del trabajo colegiado que había sido distintivo de este Instituto.
Arturo Castillo explicó que el proceso no es en contra de la reforma judicial o de las iniciativas enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Dijo que la colegialidad sirve para distribuir las presiones entre los 11 consejeros y privilegiar la máxima publicidad.
