Bruno Anaya
La presidenta Claudia Sheinbaum comenzó su gestión con un fuerte toque de nacionalismo. Gestos discursivos como la glorificación del pasado indígena rompen con la personalidad científica y seria de la presidenta. Además, parece innecesario incitar las pasiones del nacionalismo en un momento en que la presidenta y su partido gozan de tan alta legitimidad electoral. A menos que la presidenta esté preparando la legitimación de algo más… algo polémico y controversial como una campaña de explotación masiva del litio, que podría significar la afectación de derechos agrarios, daños ecológicos y violaciones a derechos humanos.
Es un hecho que Sheinbaum está desplegando un nacionalismo aun más férreo y pasional que su predecesor, el expresidente López Obrador. Sin embargo, mis interpretaciones sobre el uso ulterior que pueda darle la presidenta a sus incitaciones nacionalistas son estrictamente especulativas.
Durante su discurso de toma de protesta, Sheinbaum acuñó una nueva expresión para calificar su proyecto político, el “humanismo mexicano”. Un concepto abstracto y genérico que da pocos detalles sobre su contenido. Más que una receta de políticas públicas, el concepto del humanismo mexicano califica como correctamente patriótico y mexicano aquello que se engloba dentro de él. Así lo definió la presidenta: “Cambió el modelo de desarrollo del país, del fracasado modelo neoliberal y el régimen de corrupción y privilegios a uno que surgió de la fecunda historia de México, del amor al pueblo y de la honestidad, lo llamamos el Humanismo Mexicano.”
Sheinbaum define al humanismo mexicano en términos negativos, por oposición al “neoliberalismo”. No ofrece detalles sobre lo que entraña este conjunto de políticas públicas. En cambio alega que “surgió de la fecunda historia de México” y “del amor al pueblo”. La implicación es que administraciones anteriores no eran propiamente mexicanas y que no “amaban al pueblo”. No explica qué hace que una política pública “surja de la historia de México” ni por qué las políticas de Morena están ligadas al “amor al pueblo”. El efecto de este marco conceptual es implicar que cualquier política pública de Sheinbaum y su partido está basada en el amor al pueblo de México.
El nacionalismo mexicano invoca y exalta a sus pueblos indígenas para legitimar un Estado mestizo que a veces descuida y otras oprime a esos mismos pueblos indígenas. Esta tradición tiene una larga historia y Sheinbaum la continúa. El nacionalismo mestizo instrumentaliza al pasado y presente indígena. Evoca, glorifica, y se enorgullece de lo indígena para construir una nación mestiza en la que los pueblos indígenas llevan marginados por 500 años. Celebrar lo indígena es celebrar a México en general; poco importa para este discurso que el lugar de las comunidades indígenas en ese México que los celebra sea tan subordinado.
Claudia Sheinbaum comenzó su toma de protesta citando una reforma al artículo 2º constitucional que, según ella, otorga derechos plenos a comunidades indígenas: “No es casualidad, sino una armonía de la historia, que ayer se haya publicado en el Diario Oficial de la Federación la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que otorga derechos plenos a los pueblos indígenas y afromexicanos de México.”
La reforma al artículo 2º constitucional es una reforma meramente cosmética que no cambia en lo fundamental el estatus jurídico de las comunidades indígenas en México. Ratifica en esencia la relación constitucional del Estado con comunidades indigenas que ha estado en vigor desde las primeras reformas en la materia en 1992 y 2001. En síntesis, las comunidades indígenas gozan de un reconocimiento de derechos culturales; los individuos indígenas pueden beneficiarse de ciertas acciones afirmativas (especialmente en materia electoral); y hay un reconocimiento meramente nominal y genérico de las comunidades como “personas morales de derecho público”. En los hechos, la única figura de asociación legal de comunidades indígenas que goza de un reconocimiento generalizado en todo el país son ejidos y comunidades agrarias. Estas están reguladas no por el artículo 2º constitucional, sino por el 27 constitucional y el derecho agrario. Desde las reformas a dicho artículo en 1992, la propiedad comunal ha dejado de ser “imprescriptible” e “inalienable” como lo fue en el auge de la Reforma Agraria. Desde 1992 y hasta la fecha, las comunidades indígenas gozan de derechos culturales y (a veces) políticos, pero las protecciones constitucionales de sus tierras e integridad comunal ha sido erosionada. La reforma que celebra Sheinbaum no cambia en nada este status quo.
La invocación de lo indígena atiende más bien a fines simbólicos y nacionalistas. ¿De qué otra manera se puede interpretar la ceremonia del “bastón de mando” que transcurrió en el Zócalo el día de la toma de protesta? Sin valor jurídico alguno, la ceremonia que Sheinbaum retomó de su mentor político se desempeñó para fines simbólicos, políticos y propagandísticos. En un acto público cuidadosamente coreografiado, representantes de diversas comunidades indígenas le entregaron a la presidenta entrante un “bastón de mando”. Para el espectáculo público es irrelevante saber con qué mecanismos las personas en la tarima “representan” a las comunidades. ¿Fueron electos? ¿Realmente manifiestan la voluntad de sus comunidades? Eso no importa porque el espectáculo es para consumo público y fines nacionalistas. Lo que el espectáculo realmente simboliza es la legitimación de que el estado mande a los pueblos indígenas. Por eso se entrega un símbolo de autoridad a la titular del Ejecutivo. Al mismo tiempo se fomenta e incita esa sensación difusa de orgullo por México mediado por lo indígena.
¿Y para qué haría todo esto una presidenta entrante que ya goza con tanta legitimidad? El nacionalismo es una fuerza poderosa y peligrosa. Los extremos del nacionalismo han resultado en algunas de las tragedias políticas más grandes de la historia. Es un instrumento político que se debe usar con cuidado. ¿De qué le sirve en este momento a la presidenta?
Una hipótesis (y solo una hipótesis), es que está preparando el camino para un programa de explotación de litio, autorizado o protagonizado por el Estado. Tal proyecto podría enfrentar diversos obstáculos jurídicos y políticos, por parte de ecologistas, comunidades indígenas que habitan en territorios donde yace el litio y otros activistas. Quizás la presidenta esté calculando que un discurso sobre el pueblo de México y su soberanía pueda arroyar con la oposición a tal proyecto.
El litio cobra relevancia mundial gracias a la explosión en tecnologías de baterías y coches eléctricos. La descarbonización de la economía pasa por la electrificación y esta por el litio. Sin litio no hay baterías y sin baterías no hay coches eléctricos.
México cuenta con grandes reservas de litio, concentradas en estados como Sonora, Baja California, San Luis Potosí y Zacatecas. La cercanía de México a Estados Unidos podría ser crucial dentro del desarrollo de una industria automotriz eléctrica regional. China se ha vuelto el líder definitivo en baterías y autos eléctricos, lo cual tiene inquietos a políticos estadounidenses, dadas las tensiones geopolíticas crecientes entre China y Estados Unidos. Dada la integración económica de América del Norte, la fuerte industria automotriz en México, los yacimientos de litio y las preferencias geopolíticas estadounidenses, la mesa está puesta para impulsar la explotación masiva del litio en México.
Sin embargo, hay un problema. Gran parte del litio se encuentra en tierras ejidales o comunales ocupadas por comunidades indígenas y campesinas. Si bien el artículo 27 constitucional reserva el uso de los minerales del subsuelo a “la Nación”, este mismo artículo también consagra los derechos comunales a la tierra. Aunque la expropiación de tierras agrarias es jurídicamente posible, también es más complicada que la expropiación de la propiedad privada. Cuando se toma en cuenta que muchas comunidades agrarias son, también, indígenas, el panorama político se vuelve complicado. Demandas de amparo, juicios agrarios, quejas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y demás recursos jurídicos pueden paralizar concesiones mineras.
Los efectos ambientales de la explotación de litio también pueden ser materia de litigio. La extracción de litio (como la minería en general) es una actividad de muy alto impacto ambiental. Desde la destrucción de ecosistemas hasta la contaminación de aguas, los efectos perniciosos de la minería son grandes. Grupos ambientales y comunidades afectadas tendrán amplias municiones jurídicas y políticas para oponerse a nuevas y existentes concesiones mineras.
El discurso nacionalista podría aplacar toda esta oposición. Morena controlará al poder judicial, pero aun así una imposición unilateral de la minería podría ser políticamente costosa. Pero si las concesiones mineras se envuelven en la bandera, la soberanía popular, y la gloria de los pueblos indígenas, seguramente serán más tolerables ante la opinión pública, afecten a quien afecten.
