Se dice que es muy grave incumplir las suspensiones dictadas por el Poder Judicial de la Federación en contra de la reforma judicial. Que el supuesto desacato del Gobierno de México ha sumido al país en una “crisis constitucional”, provocando un desequilibrio escandaloso y preocupante entre poderes. Se afirma que estamos ante un golpe desastroso al estado de derecho; en la antesala del autoritarismo.
La realidad es que la ruptura del estado de derecho proviene de los propios jueces. Estamos hablando de una reforma constitucional que han intentado detener, incluso por la fuerza, tomando el Senado de la República para impedir el ejercicio de sus competencias. Están en un paro ilegal invocando el derecho a la protesta, sin importar los daños a la impartición de justicia. Se han declarado públicamente como la resistencia, calificando al gobierno como un régimen autoritario, destructor de la República, el enemigo a vencer. Se han convertido en la oposición en funciones.
Es en ese escenario que están concediendo suspensiones contra el texto expreso de la Constitución, de la ley y de la jurisprudencia, que disponen que las reformas constitucionales no pueden ser revisadas judicialmente. Lo hacen, además, en un asunto en el que tienen interés directo y han prejuzgado públicamente. Han señalado que la reforma es una “burla” a la justicia, una humillación a la democracia, una medida regresiva y autoritaria que supone, en esencia, el fin de la República.
En este contexto es claro que no están actuando con la imparcialidad, neutralidad y decoro que exige su función. Están actuando políticamente, en el sentido más drástico de la palabra, y contra el estado de derecho. Utilizan sus atribuciones de manera abusiva porque no concuerdan con la reforma judicial, porque son adversos a su propósito fundamental, que es sentar las bases de un cambio profundo de nuestras instituciones de justicia. Instituciones que han estado marcadas por los excesos, la opacidad y la cerrazón ante las demandas sociales.
Quienes asumen este rol, olvidan que la Constitución y las leyes también obligan al Poder Judicial Federal. Que la judicatura es un poder constituido. Que no están exentos de actuar en el ámbito de sus competencias.
Ante todo, olvidan que las reformas a la Constitución no son producto de un capricho. No son la imposición de un autócrata. No son la consecuencia de un “pueblo ignorante”, como susurran algunos tras bambalinas en el talante más autoritario.
En nuestro diseño constitucional, las reformas son el resultado de un amplio proceso deliberativo en el que participan representantes electos de todos los parlamentos de la Federación. Se requiere la voluntad de millones de personas; se necesita una plataforma política convincente, que sepa recoger las demandas de las mayorías, reflejar sus valores, preocupaciones y principios.
Quienes se oponen a la reforma, la desprecian de un plumazo porque goza del consenso popular. Pero el acuerdo no deslegitima a una decisión (R. Fallon, 2018). No es el síntoma de una democracia en caída libre, sino muestra de su vitalidad. Es ese consenso popular, enraizado profundamente en las convicciones de la gente, lo que dota a las reformas de una fuerza y una dignidad especial (J. Waldron, 2016).
Hoy más que nunca, las y los jueces deben recalibrar su función a la luz de los valores de la democracia (R. Dixon, 2023). Lejos de investirse como poseedores últimos de la verdad, la Constitución les impone el deber de proteger los derechos a través del diálogo y la cooperación con los otros poderes del Estado (A. Kavanagh, 2023), así como escuchando abiertamente las demandas de la sociedad. No es su función frenar el cambio social, sino darle cauce mediante el ejercicio de sus atribuciones. Solo así podrán comenzar a recuperar parte de la legitimidad que han perdido en esta campaña que emprendieron, tan costosa para la democracia y para la integridad de su función.
