Con esta iniciativa se busca reformar el Código Penal para agravar el delito de homicidio cuando los agresores son padrastros. La ley también sancionará a padres que omitan denunciar el maltrato
Omar Díaz
Con lágrimas y muy conmovida, la diputada local de Morena, Elizabeth Mateos, presentó la “Ley Crucito” para sancionar con hasta 30 años de cárcel a las personas que asesinen a sus hijastros.
El pasado 11 de octubre, en la Vinculan a proceso a hombre por el homicidio de su hijastro de 6 años en Iztacalco, un pequeño de 6 años de nombre Cruz, o ‘Crucito’, como era conocido, fue asesinado a golpes por Oscar ‘N’, quien fuera la pareja sentimental de su madre.
A través de diversas fotografías y videos, vecinos evidenciaron las condiciones inhumanas y brutales en las cuales su madre y su padrastro mantenían al menor. Estas imágenes revelan la condición de desnutrición extrema que padecía ‘Crucito’, al cual, le negaban los alimentos al grado de que el menor tenía que hurgar entre los botes de basura en busca de comida, la cual, sólo limpiaba con sus pocas prendas y las llevaba a su boca.
Además, a pesar del estado físico del pequeño, de acuerdo a información de las y los vecinos, éstas personas lo obligaban a subir cubetas con agua al piso donde se encontraba la vivienda que habitaban.
“Con la Ley Crucito se busca reformar el artículo 125 del Código Penal para incluir como agravante el delito de homicidio la relación entre padrastros y sus hijastros. De esta manera se dotará nuestro marco jurídico de mayor precisión y protección. La pena propuesta va de 10 a 30 años de prisión, además y pérdida de los derechos que tenga con respecto a la víctima incluidos los de carácter sucesorio”, comentó desde tribuna.
Además, dijo, se impondrán las mismas penas a aquellos padres o madres que, teniendo conocimiento del hecho, omita hacerlo del conocimiento al Ministerio Público o facilite los medios para la comisión del delito.
Elizabeth Mateos comentó que la presente Legislatura debe ser la voz de quienes no pueden defenderse para buscar la erradicación de la violencia en el seno familiar, y garantizando que cada acto de abuso sea sancionado con la severidad que merece. “La protección de nuestras niñas y niños es una prioridad innegociable y es un deber que no podemos eludir”.
