La ley chilena no ha logrado frenar las carreras sobre los milenarios sitios arqueológicos. El punto de quiebre ha sido en septiembre, cuando imágenes áreas revelaron la magnitud de los estragos
María Victoria Agouborde / El País
Cuando a principios de septiembre la Fundación Desierto de Atacama hizo una publicación en sus redes sociales mostrando los daños que vehículos motorizados han causado en los geoglifos de Alto Barranco, en la región de Tarapacá, en el norte de Chile, nunca pensaron que iba a tener una repercusión mediática mundial. “Las imágenes son realmente impactantes por el alto grado de intervención que han sufrido”, dice Gonzalo Pimentel, director de la organización chilena no gubernamental.
Los registros visuales, tomados con cámaras aéreas, muestran cómo en las laderas de los cerros las figuras elaboradas por pueblos andinos prehispánicos sobre las piedras de Alto Barraco hace más de 1000 años, están borrados por el paso de un centenar de ruedas de jeeps, motos y cuatrimotos. Pimentel explica que este sitio arqueológico “lamentablemente lleva varias décadas siendo destruido por el paso de vehículos off-road [todoterreno] y no parece que vaya a parar”.
En promedio, los geoglifos que hay Chile, concentrados en las regiones de Arica y Tarapacá, en el extremo norte del país, fueron construidos entre 3000 a 1000 años atrás y los dibujos representan figuras geométricas, zoomorfas y antropomorfas, que eran usadas para ubicarse en el territorio, explica a EL PAÍS la presidenta de la Sociedad chilena de Arqueología, Marcela Sepúlveda. “Lo más importante es la interacción que evidencian de las comunidades con su paisaje, porque es casi una cartografía. Es un mapa que permite a las poblaciones marcar ciertos hitos particulares: rutas a seguir, puntos de agua, lugares de encuentro. Esto es clave dentro de lo que es habitar y conocer el desierto y poder moverse a través de este espacio que parece tan inhóspito”
Y agrega: “Hay que destacar el conocimiento que hay en la producción de los geoglifos. Estamos hablando de un manejo de dimensiones, de medidas, de poder representar una imagen a escala monumental”.
Sin embargo, los sitios arqueológicos llevan años siendo vulnerados por conductores, muchos de ellos aficionados. Pimentel ha observado la magnitud de la destrucción del lugar a causa de las ruedas de los vehículos: “La mayor parte son daños irreversibles. Si bien hay técnicas de restauración que podrían ser aplicadas, me parece que por el alto grado de daño que muestran, es casi una tarea imposible volver a dejarlos tal cual fueron alguna vez”.
Los geoglifos de Alta Barranco no han sido los únicos afectados en el norte del país sudamericano. La arqueóloga Marcela Sepúlveda señala a este periódico que “desde el año 2005 vemos que se han venido denunciando tanto en la Fiscalía como en Carabineros la destrucción de estos lugares”.
Coincide el director de la fundación Desierto de Atacama: “Las escenas de destrucción de geoglifos aumentan día a día. No solamente están siendo dañadas por los rallies formales e informales, sino también gravemente por el extractivismo minero que es lo que predomina en la región”.
Estas destrucciones al patrimonio tienen que ver con el poco conocimiento de estos lugares por parte de las personas, indica Sepúlveda: “Este caso de Alto Barranco es una tragedia y es acumulativo en el tiempo de ruedas que pasan y pasan y pasan (…) No hay geoglifos en todas partes del mundo, son expresiones únicas y que, además, son muy numerosas en el desierto de Atacama. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad mundial de preservar y custodiar estas expresiones”.
El arqueólogo y académico de la Universidad de Tarapacá, Calogero Santoro, también argumenta a EL PAÍS que “Chile normalmente se caracteriza por su minería y por la astronomía, pero la arqueología también es un gran valor que tiene el país por la capacidad creativa que demostraron los pueblos que habitaron en ambientes tan extremos como el desierto de Atacama. Un ejemplo de ellos son los geoglifos que en ninguna parte tienen la monumentalidad ni la complejidad de los geoglifos en el norte de Chile”.
En Chile, los geoglifos están protegidos por la Ley de Monumentos Nacionales, bajo la categoría de Monumentos Arqueológicos. Pertenecen al Estado y no necesitan de un proceso de declaratoria. El problema, explica Sepúlveda, es que “si bien todos los sitios están protegidos, no todos tienen categorías especiales para tener proyectos de protección particular. Entonces, ocurre que la mayor parte de los monumentos en Chile están expuestos, a no ser que haya un proyecto particular. Por ejemplo, los geoglifos de Pintados –ubicados cerca de Iquique, en la región de Tarapacá- que están dentro de una reserva de Conaf (Corporación Nacional Forestal) y están preservados porque ellos se hacen cargo de la gestión”.
Según Pimentel, “el Estado y sus organismos pertinentes, como el Consejo de Monumentos Nacionales, no han estado a la altura de diseñar, implementar y sostener una mínima política de protección, resguardo y valorización patrimonial de estos sitios de alta relevancia”. Para Calogero Santoro también es importante que existan leyes que protejan estos sitios arqueológicos, “pero las leyes tienen ser cumplidas por la gente. Esto tiene que ver con educación, la gente tiene que sentir la necesidad y la importancia de proteger y de cultivar estos vestigios”.
La ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, dice que es importante tener claro que se trata de sitios protegidos por ley. “Eso ya te habla de un estatus distinto, el cual va acompañado de señalética y campañas informativas desplegadas (…) El llamado es a que la ciudadanía tenga conciencia y colabore en su cuidado, más allá de las acciones punitivas y la fiscalización que el Estado pueda desplegar en un territorio que, hay que decirlo, es muy extenso”.
En el caso de los geoglifos de Alto Barranco, el ministerio de Bienes Nacionales informó que instruyeron un reforzamiento de la señalética y que remitieron los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para evaluar el inicio de acciones judiciales “respecto de los hechos que pudieran ser constitutivos de delito en el lugar”.
