La Jornada Baja California
Tijuana, 24 de septiembre. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Oficina de Administración de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), en colaboración con el gobierno de México -mediante la Unidad de Inteligencia Financiera- bloqueó los activos y relaciones de dos empresas ubicadas en Culiacán y Sonora, por su presunta relación con recursos obtenidos en el tráfico de fentanilo al otro lado de la frontera.
En un comunicado de prensa en el que también dio a conocer sanciones a cinco ciudadanos colombianos a quienes ubica como responsables del tráfico de personas y drogas a través de la Brecha del Darién, señaló que Karla Gabriela Lizárraga Sánchez y Jesús Norberto Lizárraga Herrera, «El 30», fundaron el negocio Nieves y Paletas EVI -tanto en varios puntos de Culiacán como en municipios circunvecinos- con recursos obtenidos de la venta de drogas y de fentanilo ilícito.
El otro negocio, denominado Farmacias y minisuper Trinidad, se ubica en Sonora, y según el Departamento del Tesoro -a través de la Oficina de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés)- es «propiedad del traficante de drogas José Arnoldo Morgan Huerta ‘Chachio’, hermano de Juan Carlos Morgan Huerta, ‘Cacayo’», a quien identifican como «jefe de plaza del cártel de Sinaloa, que administra las operaciones de ese grupo criminal en Nogales, Sonora.
A Juan Carlos Morgan Huerta le atribuyen el tráfico de «varias toneladas de drogas» del cártel de Sinaloa, «que incluye cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo ilícito de México hacia los Estados Unidos», delitos por los que en abril de 2021 fue acusado en la Corte de Distrito estadunidense para el Distrito de Columbia y a la fecha es un fugitivo, indicó el boletín de prensa.}
Detalló que la OFAC «coordinó estas acciones en México con la Fuerza de Tarea de Crimen Organizado y Tráfico de Drogas de Tucson del Buró Federal de Investigación de (FBI, por sus siglas en inglés), el Escuadrón de Respuesta Local de la División Campo Phoenix de la DEA, el Grupo de Trabajo de Phoenix Scottsdale de la DEA, el Grupo 51 de la Oficina del Distrito de Nogales de la DEA, la oficina de Tucson de la Unidad de Investigación del Departamento de Seguridad Nacional (HSI) y el Departamento del Sheriff del Condado Pima».
Las sanciones por parte de Estados Unidos incluyen congelar los activos de las empresa mencionadas, que se encuentren en territorio estadunidense, y bloquear actividades de estos negocios en su territorio, además de prohibir a ciudadanos estadunidenses todas las transacciones con esas empresas, ya que pueden «enfrentar sanciones civiles o penales por violaciones a la Orden Ejecutiva 14059».
El boletín indica que «además, cualquier empresa que es dirigida directa o indirectamente, o en conjunto, 50 por ciento o más por una o más de las personas bloqueadas son también bloqueadas, a menos que sea autorizada por una licencia específica o general emitida por OFAC, o exento, las regulaciones de la OFAC que generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en propiedad del designado, o persona designada».
Sanciones a colombianos
Sobre las acciones en Colombia, el Departamento del Tesoro señaló a cinco integrantes del denominado Clan del Golfo de Colombia o Los Urabeños a quienes acusa de «haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que que han contribuido materialmente, o plantean un riesgo significativo de contribuir materialmente, a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción».
Los sancionados son José Miguel Demoya Hernández a quien señalan por tráfico de cocaína con la intención de distribuirla a los Estados Unidos. Es un «prófugo de los cargos estadunidenses» y también es buscado por el gobierno colombiano por su participación en el Clan del Golfo (CDG).
Otro de ellos es Alexander Celis Durango, considerado el principal jefe financiero del CDG; fue acusado en marzo de 2021 por un Gran Jurado Federal en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas por tráfico de cocaína. Autoridades colombianas lo arrestaron en 2023 y actualmente está pendiente de extradición a Estados Unidos.
José Gonzalo Sánchez Sánchez, considerado el segundo al mando dentro de CDG, es otro de los sancionados, al igual que José Emilson Córdoba Quinto y Wilder de Jesús Alcaraz Morales, estos dos últimos señalados como responsables del control de los flujos migratorios a través de la Brecha Darién y del transporte de drogas a través del territorio del CDG.
«Las autoridades colombianas están ofreciendo una recompensa de 50 millones de pesos colombianos por la captura de Córdoba Quinto y Alcaraz Morales. Por otra parte, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha emitido una recompensa bajo el Programa de Recompensas del Crimen Organizado Transnacional por información relacionada con los principales líderes del CDG involucrados en el tráfico de personas en la Región del Darién entre Colombia y Panamá», indicó el boletín.
Además del tráfico de drogas, el CDG está involucrado en el transporte de migrantes y armas a través de la Brecha Darién, una barrera natural de 5 mil 750 kilómetros cuadrados de selva tropical que separa América Central de América del Sur.
