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El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y lo particular, la reforma constitucional a la Guardia Nacional.
La iniciativa se aprobó en lo general con 362 votos a favor, 133 en contra y ninguna abstención, con lo que alcanzó la mayoría calificada.
En lo general, fueron avalados dichos cambios por 353 votos a favor, 126 en contra y cero abstenciones,
De esta forma, el proyecto de decreto se remite al Senado de la República para sus correspondientes efectos constitucionales.
La iniciativa de López Obrador busca que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) administre la Guardia Nacional, un cuerpo de seguridad con más de 120 mil elementos que López Obrador creó en 2019 con la promesa de mantenerlo civil.
El Pleno del Senado aceptó la reserva presentada por la diputada Merary Villegas Sánchez, de Morena, para modificar el párrafo décimo segundo del artículo 21 del dictamen, a fin de eliminar las palabras “de origen” y “marino”.
De tal manera que en vez de que el párrafo diga: “de carácter permanente e integrada por personal de origen militar y marino” solamente quedaría: “por personal militar con formación policial”.
Con la modificación se establece que “La Federación contará con la Guardia Nacional, fuerza de seguridad pública, profesional, de carácter permanente e integrada por personal militar con formación policial, dependiente de la Secretaría del ramo de Defensa Nacional, para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el ámbito de su competencia”.
El dictamen deriva de una iniciativa presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador presentada el pasado 5 de febrero, así como de propuestas conexas de diputadas y diputados de la anterior Legislatura.
Legisladores de oposición advirtieron de una “militarización” de todos los ámbitos del país con esta reforma constitucional porque modifica el artículo 129 de la Constitución, que ahora limita las funciones militares en tiempos de paz, una norma que no se ha cambiado desde 1857.
Asimismo, cambia el artículo 21 para eliminar la “garantía orgánica” que obliga a que las instituciones de seguridad pública sean de carácter civil.
Las tareas de las Fuerzas Armadas crecieron con López Obrador, quien asignó a los militares tareas de seguridad pública, construcción de obras de infraestructura, administración de aduanas y puertos y la dirección de empresas del Estado, como el Tren Maya.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional en 2023 una reforma legal del presidente para militarizar la Guardia Nacional porque “las funciones de seguridad pública son de competencia exclusiva de las autoridades civiles”.
Pero desde el 1 de septiembre, Morena y partidos aliados tienen el control de más de dos tercios del Congreso, la mayoría necesaria para modificar la Carta Magna.
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