Redacción / La Jornada
Ciudad de México. La coordinadora del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, Noemí Luna, anunció que su bancada ya prepara una estrategia jurídica para echar abajo el dictamen de la reforma judicial, que incluye la presentación de amparos y acciones de inconstitucionalidad, además de acudir a la justicia interamericana.
En un comunicado, Luna indicó que “se contempla la implementación de cuatro acciones jurídicas: juicios de amparo en contra de la aprobación en el pleno del dictamen impugnado y, vez publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en contra el propio dictamen; iniciar acciones de inconstitucionalidad y, luego de agotar todas las instancias internas, acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
Lo anterior, dijo, porque “en el Partido Acción Nacional no nos detendremos en el compromiso de defender la República. Lo que sucedió ayer fue extremadamente doloroso, se evidenció el Estado represor y autoritario que ahora nos gobernada”.
Luego de señalar que encabezará la estrategia de defensa jurídica del blanquiazul contra la reforma, la diputada puntualizó: “seguimos comprometidos en la defensa de la República, Esa que Morena y sus aliados intentan acabar para instaurar la dictadura en México, al eliminar la división de poderes; debilitando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para imponer jueces, magistrados y ministros a modo; y desapareciendo los órganos autónomos, que son contrapeso de las decisiones arbitrarias del Ejecutivo”.
La también secretaria general del PAN lamentó que la aprobación del dictamen de reforma constitucional del Poder Judicial en ambas cámaras del Congreso de la Unión se haya efectuado “por aplanadora oficialista, presionando y amenazando a las y los legisladores con moches y el uso de las instituciones”.
Con ese actuar, dijo, Morena y sus aliados del PT y PVEM impidió que los legisladores emitieran un “el voto libre y cumplir los compromisos adquiridos con el electorado de cambiar el rumbo del país”, y además no escucharon a la oposición, a las organizaciones, a los estudiantes ni a los trabajadores el poder judicial.
