La defensa del candidato opositor denuncia irregularidades en el proceso y entrega al Ministerio Público un escrito en el que el político asegura que lo “condenan por anticipado y sin fundamento”
Florantonia Singer / El País
La orden de captura contra el opositor Edmundo González Urrutia ha abierto una nueva fase de suspenso en Venezuela. El Gobierno de Nicolás Maduro ha ido cerrando el cerco a la oposición con detenciones y presiones judiciales. Al candidato lo citaron tres veces para declarar ante la Fiscalía como acusado de cinco delitos. El hecho de que no compareciera derivó en la orden de arresto que se hizo pública el lunes pasado, pero que todavía no se ha ejecutado. En medio de la cacería judicial, el diplomático de 75 años está bajo resguardo en un paradero que no ha sido desvelado, al igual que la líder de la coalición opositora, María Corina Machado. Su abogado, en cualquier caso, ha aclarado que no planea “ni irse de Venezuela ni pedir asilo” mientras ha denunciado irregularidades en el proceso.
A González Urrutia supuestamente se le investiga por la publicación en la página web Resultados con Venezuela de las copias del 83,5% de las actas de votación que recogieron sus testigos en las elecciones del 28 de julio, según las cuales obtuvo una victoria por más de 30 puntos de diferencia sobre Maduro. El actual mandatario fue proclamado presidente al día siguiente por el Consejo Nacional Electoral (CNE) sin haber publicado los resultados en su totalidad y de forma desglosada. Esos documentos con los que los que la oposición ha denunciado un colosal fraude son considerados falsos por la Fiscalía controlada por Maduro, que acusa a González Urrutia de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, conspiración y sabotaje a sistemas y lo ha señalado como el principal responsable de esta página web.
José Vicente Haro, abogado del veterano diplomático, acudió el miércoles por la mañana a la Fiscalía a entregar un escrito en su defensa en el que explican los argumentos bajo los cuales su defendido se abstuvo de acudir a las citaciones que giraron las autoridades. En declaraciones a los medios, contó que por supuestos fallos en los sistemas informáticos no podía recibir formalmente el documento ni entregarle una constancia de que fue recibido, por lo que le pidieron volver luego, aunque aseguró sí recibieron trámites de otros procesos. Cuando decidió retirarse, no le quisieron devolver el documento. “Hay una situación de indefensión en la que no se puede garantizar su derecho al debido proceso. Si no hay manera de consignar una comunicación en la que se exponen las razones de punto de vista jurídico y constitucional por las que no se hizo la comparecencia, que se fundamentan justamente en la falta de garantías para el debido proceso, que se respete su presunción de inocencia y sus garantías de libertad. Se pueden imaginar qué hubiera pasado si Edmundo González se hubiera presentado a las citaciones”, señaló el abogado.
Luego del intento infructuoso por entregar la comunicación en la Fiscalía, el abogado se reunió a lo largo de la tarde durante más de tres horas con el fiscal general, Tarek William Saab, y directores del Ministerio Público, donde pudo entregar la documento en las que su defendido expone las razones para no comparecer a las citaciones de la semana pasada. “Ellos se mantienen en su posición y nosotros en la nuestra, por lo que entregamos esta comunicación en donde se exponen todas las razones desde el punto de vista jurídico, constitucional y político por las que no atendió las citaciones, teniendo en cuenta que no hay garantías institucionales en este momento para que él comparezca”, señaló Haro en declaraciones a los medios pasadas las nueve de la noche, hora local.
El letrado sostiene que las diferencias están centradas en que la Fiscalía considera que el caso es naturaleza penal y ellos parten de que no es el caso. En la comunicación entregada al fiscal, el candidato opositor dice que las acusaciones no tienen ningún fundamento. “Tal comparecencia solo podría contribuir a intensificar aún más la tensión social, además de consolidar un contexto de judicialización incriminatoria de la política que todos debemos rechazar”, escribió González Urrutia e insistió: “Hay que tener en cuenta que en las últimas semanas se han emitido declaraciones públicas de altos voceros gubernamentales y de otras instituciones del Estado que me condenan por anticipado y, como digo, sin fundamento”.
En su comunicación de una página, el candidato opositor justifica su posición y sus reclamos después de las cuestionadas elecciones. “Mi proceder se guía en todo momento por el respeto de legalidad, en coherencia con mi trayectoria de servicio público a la nación, a la que he dedicado cuarenta de mis setenta y cinco años de vida. Con esa voluntad he actuado en relación con los comicios del pasado 28 de julio reclamando la verificación de las actas de escrutinio de las mesas”.
Entre las irregularidades del proceso, Haro había señalado que en una boleta de citación “no se debería” precalificar delitos como se hizo, lo que, además, “no es propio de una acción del Ministerio Público”, sino de “un tribunal cuando ya está avanzada la investigación”. Por ello insiste en que se está violando el derecho a “la presunción de inocencia” de González Urrutia, quien también ha declarado en varias oportunidades que la falta de independencia de los poderes públicos en Venezuela, documentada en informaciones de la ONU sobre las violaciones de derechos humanos, lo han llevado a abstenerse de acudir a las citas de la Fiscalía.
González Urrutia ha mantenido el bajo perfil desde que la Fiscalía y el propio Nicolás Maduro amenazaron con apresarlo. El propio mandatario chavista ha deslizado que el opositor tendría la intención de huir del país. “Está preparando su fuga”, dijo Maduro hace unos días ante sus seguidores. En el entorno del candidato también guardan cautela. Han negado que se esté buscando asilo en una legación diplomática en Caracas, como ya lo hicieron meses atrás seis colaboradores directos de Machado, que se fueron a la legación de Argentina y con la ruptura de relaciones diplomáticos la sede quedó bajo custodia de Brasil. “En modo alguno Edmundo González Urrutia contempla esta posibilidad: ni irse de Venezuela ni pedir asilo ni refugiarse en una embajada en calidad de huésped. Son alternativas que él no considera que se corresponden con la voluntad de los venezolanos expresada el 28 de julio con motivo de las elecciones presidenciales”, ha dicho Haro.
En las últimas semanas las autoridades chavistas han detenido a más de una decena de dirigentes de la Plataforma Unitaria que respalda a González Urrutia, incluido el abogado de Machado, Perkins Rocha, quien actuó de testigo nacional en los comicios. La orden de captura contra el principal rival de Maduro en las elecciones presidenciales ha sido condenada con severidad en casi todas las instancias de la comunidad internacional. El chavismo se ha atrincherado y ha desatado una cacería contra quienes le critiquen con lo que el país vuelve a quedar en una encrucijada con poco margen de maniobra. El paso dado con la emisión de la orden de captura complica las posibilidades de abrir una negociación para encontrar una salida al conflicto, como han intentado, como pocos resultados, las potencias latinoamericanas de Brasil, Colombia y México, todas gobernadas por presidentes de izquierdas. El lunes se abrió la puerta a una nueva reunión de Lula da Silva, Gustavo Petro y López Obrador con Maduro y el martes lo confirmó el canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo. Sin embargo, esa cita aún no había sido confirmada al mediodía de este miércoles.
