Adiós a la poca o mucha independencia del Judicial.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el próximo de Claudia Sheinbaum nos venden la idea de que, como por arte de magia, la elección de jueces resolverá los añejos problemas del Poder Judicial. Como el pueblo nunca se equivoca, darle el poder a la ciudadanía de elegir directamente a los juzgadores les otorgará la legitimidad y eficacia que hoy no tienen.
Mentira.
En su estudio Reforma del Poder Judicial en México: mapa urgente para el debate, Rafael Archondo nos ilustra cómo los regímenes populistas de Venezuela y de Ecuador innovaron la manera de designar a los jueces sometiéndolos a reglas que supuestamente los legitimaban. Sonaba muy bien, pero “terminaron sometiendo a los tribunales a las agendas e intereses puntuales del Poder Ejecutivo”.
Luego vino el caso de Bolivia. Ahí fueron más allá y, en su nueva Constitución de 2009, se ordenó la elección de los jueces de los más altos tribunales.
He aquí lo que ocurrió en palabras de Archondo:
“Las primeras elecciones judiciales bolivianas tuvieron lugar el 16 de octubre de 2011. Se presentaron como aspirantes a los cuatro tribunales en disputa un total de 393 hombres y 188 mujeres. Dos comités del Congreso boliviano revisaron los documentos de los 581 aspirantes a máximos jueces […] Del número señalado de postulantes, 348 terminaron siendo calificados como aptos por los parlamentarios reunidos en las dos comisiones (una por cada cámara). A partir de esa extensa lista, el pleno del Congreso votó por 118 nombres para que figuraran como candidatos en la boleta electoral. En efecto, la papeleta impresa para el 16 de octubre era mucho más grande de lo habitual y su longitud fue un verdadero problema para los votantes interesados en definir su voto. Los aspirantes finales sumaron un número de 74 y quedaron retratados en una sola boleta para todo el país”.
Casi dos años después, el Tribunal Constitucional, el primero electo por voto ciudadano, desconoció los resultados de un referéndum. Los bolivianos habían dicho que “no” a una nueva reelección de Evo Morales. Los jueces, sin embargo, la permitieron, contra lo que decía la Constitución, alineándose a los intereses del Presidente en turno.
Dice Archondo: “Que los candidatos a jueces tuvieran, desde el inicio de la reforma, niveles tan bajos de representatividad, mostraba que los votantes no los conocían y preferían no emitir su criterio o, en el peor de los casos, que los bolivianos no estaban de acuerdo con asumir la responsabilidad de conformar el Poder Judicial”.
Pero, además, “los votantes entendieron bien que todos los candidatos eran simpatizantes o afiliados en reserva del partido de gobierno. En efecto, las dos terceras partes de ambas cámaras estaban, durante el 2011, en manos del MAS (el partido gobernante). Esto significa que ninguno de los aspirantes aceptados había sido sugerido por la oposición. En tal sentido, el poder de los electores había quedado neutralizado por la supermayoría del MAS en el Congreso boliviano. Los votantes tenían ante sí una lista partidaria de candidatos, no así una nómina competitiva”.
Esto es muy importante porque en México pasaría algo similar.
De acuerdo con la iniciativa de reforma judicial, un tercio de los candidatos que aparecerán en la boleta los propondrá el Ejecutivo, es decir, Morena. Otro tercio lo hará el Legislativo, es decir, Morena que, como el MAS en Bolivia, tiene una supermayoría en ambas cámaras. El tercio restante de candidatos lo pondría el Judicial; quién sabe qué será de ese Poder para el año que viene.
Lo que sí podemos afirmar es que Morena tendrá el control de dos terceras partes de los candidatos.
Como en Bolivia, los votantes mexicanos tendrán una lista partidista de candidatos.
Pero, además, hoy, Morena y aliados son los que cuentan con la capacidad de movilizar a una gran mayoría del electorado. Tienen los recursos materiales, financieros y humanos para hacerlo. La oposición, por su parte, está destruida. Ergo, el partido gobernante será el que lleve a la mayor cantidad de votantes a las urnas. Una gran parte de la ciudadanía difícilmente se presentará en unas elecciones que ni les interesa y de la que no sabrán nada de los candidatos.
Los operadores electorales de Morena les solicitarán a sus huestes que sufraguen por Fulanito o Zutanito, que son los que quiere el gobierno que queden como juzgadores.
De esta forma, los jueces le deberán su chamba al partido gobernante y, como políticos que serán, acatarán las instrucciones del jefe verdadero, es decir, el Ejecutivo.
Adiós a la poca o mucha independencia del Judicial.
Eso es lo que en el fondo se está votando en el Congreso. Que no nos vengan a vender espejitos.
