La iniciativa de reforma fue aprobada con 357 votos a favor, 130 votos en contra y cero abstenciones.
Redacción AN / LP
Luego de 17 horas de sesión en una sede alterna, la Cámara de Diputados aprobó la reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
La iniciativa fue aprobada con 357 votos a favor, 130 votos en contra y cero abstenciones. Ahora pasará al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
Los diputados, con mayoría calificada de Morena y sus aliados de los partidos del Trabajo y Verde Ecologista de México, aceptaron tres cambios al dictamen.
La sesión en sede alterna
La Cámara de Diputados llevó a cabo la importante y larga sesión, en una sede alterna, la Sala de Armas, un recinto deportivo de los Juegos Olímpicos México 68, ubicado al oriente de la capital mexicana, para avalar la reforma ante las protestas de los trabajadores del Poder Judicial y de estudiantes universitarios de Derecho, quienes bloquearon el acceso a la Cámara de Diputados.
El coordinador de la bancada del gobernante Morena, el ahora diputado Ricardo Monreal, anunció que la sesión se llevaría a cabo en la citada unidad deportiva para evitar confrontaciones con los manifestantes.
Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) y la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed), que representa a más de 1,200 juzgadores federales, que está en paro nacional desde hace dos semanas, formaron desde las 04:00 horas del martes una barrera humana frente al Congreso mexicano, Palacio de San Lázaro.
Los manifestantes acusaron a diputados del oficialismo de agredirlos y denunciaron que el Gobierno de Ciudad de México mandó policías para intimidarlos.
En tanto, estudiantes de Derecho en México denunciaron que les fue negado el acceso a la sede alterna donde el Congreso votó la reforma al poder judicial, en medio de protestas en contra de su aprobación.
Los universitarios, que se identifican como parte del movimiento ‘Generación del 24’, buscaban entregar a los diputados un documento con 768 peticiones sobre la reforma, que los diputados del oficialista Morena no les recibieron el lunes.
Nuevo periodo en el Congreso mexicano
El Congreso comenzó un nuevo periodo el domingo en el que Morena y sus aliados del PT y PVEM tienen la mayoría calificada, de más de dos tercios de los escaños, con la que podrán modificar la Constitución sin negociar con la oposición.
Ante esta ‘supermayoría’ en el Congreso mexicano, el presidente de la American Society of México (Amsoc), Larry Rubín reveló este martes a EFE que las empresas estadounidenses en México han frenado anuncios de inversión para el país ante las posibles implicaciones a la certeza jurídica que traerán reformas en el Congreso para elegir jueces por voto popular y la desaparición de reguladores autónomos.
“Ante las circunstancias actuales, hemos decidido no anunciar la enorme inversión americana programada porque estamos analizando el impacto a la certeza jurídica respecto de la reforma judicial”, señaló en breve entrevista en el marco de la ‘Tercera Convención Bilateral: Un nuevo futuro compartido’, realizada el martes en la capital mexicana.
Rubín, quien no precisó la cifra de inversiones detenidas, incluso mencionó que una de las dos candidaturas presidenciales en Estados Unidos se ha acercado a la Amsoc para externar su preocupación respecto del impacto de reformas tan importantes para la política interna del país.
La reforma judicial en México ha levantado advertencias por organismos multilaterales, como las Naciones Unidas; organizaciones empresariales, como la International Chamber of Commerce; calificadoras, como Fitch; y entidades como Citibanamex, Stanley Morgan y UBS, entre otros como las embajadas de Estados Unidos y Canadá, por representar riesgos a la inversión privada, tratados comerciales y posibles sanciones económicas.
¿Qué contempla la reforma al Poder Judicial?
El dictamen aprobado establece, entre otros puntos, la elección por voto popular de magistrados de Circuito, jueces de Distrito y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en un proceso que será organizado por el Instituto Nacional Electoral.
Asimismo, se reduce el número de ministros de la SCJN de 11 a 9, con un mandato de 12 años. También se fija un plazo máximo de seis meses para que las autoridades competentes emitan sentencias, con la obligación de justificar ante el Tribunal de Disciplina Judicial o el Órgano Interno de Control en caso de no cumplir con dicho plazo.
El proyecto también contempla la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, que tendrá la facultad de conocer, investigar y sancionar a los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación por actos u omisiones contrarias a la ley. Este tribunal también será responsable de resolver los conflictos entre el Poder Judicial de la Federación y sus servidores, así como los conflictos entre la SCJN y sus empleados.
Por su parte, el Órgano de Administración Judicial, que tendrá independencia técnica y de gestión, se encargará de la administración, carrera judicial y control interno del Poder Judicial, y determinará la estructura y competencia de los tribunales colegiados de Circuito, tribunales de Apelación y juzgados de Distrito.
La reforma también elimina el Consejo de la Judicatura, sustituyéndolo por un órgano administrativo y el mencionado Tribunal de Disciplina Judicial. Además, introduce la figura de “jueces sin rostro” para proteger a los juzgadores en procesos relacionados con el crimen organizado. La votación se realizó “de viva voz” debido a la falta de un tablero electrónico en la sede alterna, y contó con el respaldo del bloque oficialista de Morena y sus aliados.
