A 10 años del derrame de 40 millones de litros de lixiviados de cobre de Grupo México, que contaminaron los ríos Bacanuchi y Sonora, las personas afectadas por el derrame siguen sin justicia y sin compromiso por parte de las autoridades que garantice la reparación y la no repetición del desastre.
Martha Patricia Velarde y Samantha Camacho
Los habitantes de la cuenca del Río Sonora han soportado durante diez años los severos impactos negativos provocados por el peor desastre ambiental en la historia de la minería en México. Este trágico evento, que tuvo lugar el 6 de agosto de 2014, se originó en una de las presas de jales de la mina Buenavista del Cobre, propiedad de la empresa Grupo México S.A.B. de C.V. El desastre consistió en el derrame de 40 millones de litros de lixiviados de cobre, los cuales contaminaron de manera devastadora los ríos Bacanuchi y Sonora.
Este incidente no solo marcó un antes y un después en la historia ambiental de México, sino que también expuso las graves deficiencias del Estado para hacer justicia y la impunidad de las empresas para seguir obteniendo beneficios a costa del bienestar de las comunidades. A lo largo de estos años, las personas afectadas por el derrame han estado en una búsqueda constante de justicia, sin tener aún un compromiso real por parte de las autoridades que garantice la reparación y la no repetición del desastre.
Como han documentado los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS) en el sitio web 10 años de injusticia: Río Sonora, la búsqueda de justicia ha sido un proceso prolongado y lleno de dificultades. Tan solo en el ámbito legal, los CCRS han interpuesto 15 juicios de amparo, siete de los cuales han tenido un resolutivo a su favor, cinco han resuelto no garantizar los derechos humanos de los habitantes de la cuenca y tres se encuentran en espera. Alternamente se han emitido dos mecanismo no jurisdiccionales, el de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre las violaciones persistentes al derecho humano al ambiente, acceso al agua potable y salud y el del Tribunal Latinoamericano del Agua en donde imputa al Estado Mexicano en el caso del Río Sonora.
Durante el pronunciamiento de los CCRS a 10 años del desastre el pasado 6 de agosto, se enfatizó que en los últimos dos sexenios los pocos intentos del Estado por remediar la situación han sido fallidos. Algunos ejemplos son:
1. El Fideicomiso Río Sonora, el cual se estableció para que Grupo México S.A.B. de C.V. empresa propiedad de German Larrea, pagara los daños ambientales ocasionados a la cuenca del río y las afectaciones a la salud de la población fueran atendidas. Lamentablemente, el fideicomiso no cumplió con la reparación y fue cerrado sin previo aviso, devolviendo el dinero sobrante a la empresa responsable. Esta acción fue profundamente cuestionada y llevó a una demanda que culminó en una orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para reabrir el fideicomiso. Sin embargo, esta sentencia ha sido ignorada hasta la fecha y el compromiso con la justicia sigue sin concretarse.
2. La Zona Económica Especial Río Sonora, la cual se creo para revitalizar la economía de la región. Sin embargo, su implementación no consideró la participación de las personas afectadas, dando como resultado una planificación y ejecución del proyecto que no busca reparar los daños ocasionados por el derrame.
3. El Plan de Justicia para Cananea y Río Sonora, el caso más reciente, ha reunido a autoridades de diferentes dependencias de gobierno y a las comunidades del Río Sonora, para sostener más de 18 reuniones en donde se han programado numerosos muestreos en salud, tierra, agua y aire. El plan no ha dado lugar a acciones concretas y efectivas para reparar el daño, y la falta de voluntad política y el déficit presupuestario han impedido la implementación de proyectos que podrían haber aliviado la situación.
Actualmente, existen pruebas contundentes que demuestran que el Río Sonora está contaminado y se confirma que la minería es la causa principal. La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) han reconocido la presencia de contaminantes como arsénico, mercurio, cobre, manganeso y plomo en el agua potable.
Aunado a lo anterior, la región carece de plantas potabilizadoras, y que sean adecuadas y suficientes para proveer a las comunidades del vital líquido que les ha sido arrebatado. Los CCRS lamentan que a pesar de la existencia de dictámenes esto no garantice por sí misma la justicia o la implementación de medidas efectivas para remediar la situación.
La falta de infraestructura para el tratamiento del agua ha dejado a las comunidades sin acceso a agua segura, exacerbando el impacto del desastre ambiental en su salud y bienestar. Aunque la Secretaría de Salud (SS) y el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE) realizaron en 2022 estudios en sangre y orina a aproximadamente 600 personas en donde se dictamina la presencia de metales pesados, que van desde positivos a exposición de alto riesgo, las autoridades sólo elaboraron historias clínicas sin proporcionar información integral sobre el estado de salud de las personas afectadas o su tratamiento. Los CCRS exigen una unidad médica especializada en toxicología para atender los problemas de salud de los habitantes de la cuenca, ya que la población sigue expuesta a los efectos sumamente dañinos para la salud de los metales pesados.
Acciones de Protesta y llamados a la acción
En un acto de protesta y conmemoración, los CCRS instalaron un antimonumento en la Plaza Emiliana de Zubeldía el 6 de agosto de 2024. La instalación del antimonumento estuvo acompañada de un pronunciamiento potente que destacó la falta de acción por parte de las autoridades municipales, estatales y federales para abordar los graves daños persistentes en las comunidades. También se hizo un llamado urgente a las autoridades para que cesen la simulación y la desinformación en los tribunales, y para que rindan cuentas de manera efectiva. Durante el evento, se proyectaron mensajes en un edificio cercano, subrayando la necesidad de priorizar la vida y la salud de las personas sobre los intereses y las ganancias empresariales. Los mensajes enfatizaron que, aunque muchos funcionarios aún están en sus cargos, no se están tomando medidas concretas y especializadas para resolver el problema de contaminación del Río Sonora. El pronunciamiento también incluyó un llamado al Presidente Andrés Manuel López Obrador para que no permita que la mentira y la inacción continúen prevaleciendo. Se pidió al presidente que reconozca que no ha habido avances en el Plan de Justicia para Cananea y Río Sonora y que su Secretaría de Gobernación actúe con imparcialidad, escuchando a las comunidades afectadas en lugar de ceder ante las presiones de la empresa responsable.
Festival por la Vida y el Agua del Río Sonora
El 4 de agosto de 2024, los CCRS celebraron con éxito la segunda edición del Festival por la Vida y el Agua del Río Sonora en el Parque Madero, Hermosillo. Este evento, conmemoró el 10° aniversario de la lucha por justicia tras el derrame tóxico ocasionado por la negligencia de la mina Buenavista del Cobre, propiedad de la empresa Grupo México S.A.B. de C.V. Durante el festival, los CCRS leyeron un pronunciamiento destacando la situación continua que enfrentan las comunidades afectadas y llamaron a la ciudadanía a unirse para defender al Río Sonora. La celebración no solo sirvió para conmemorar el aniversario del desastre, sino para reunir ánimos y seguir en la exigencia de garantías para la reparación integral y la no repetición.
Gobierno en transición
El pasado 9 de junio, los CCRS viajaron a la CDMX para manifestarse frente a Palacio Nacional y exigir que las autoridades pongan un alto a la impunidad con la que goza la empresa Grupo México S.A.B. de C.V. desde hace 10 años. Los CCRS también tuvieron la oportunidad de entregar un pliego petitorio en la casa de transición de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, con el objetivo de solicitar que las problemáticas del Río Sonora no sean olvidadas y que las voces de quienes lo habitan sean escuchadas. Es urgente que haya una reparación integral, en donde se considere la atención especializada a los temas de salud y medio ambiente, y en donde se definan las obligaciones con consecuencias concretas para la empresa responsable del derrame. Los CCRS piden a la futura presidenta cumplir con su promesa de diálogo con los habitantes del Río Sonora, resaltando que existe “la oportunidad histórica de hacer lo que durante dos sexenios no se logró: frenar la impunidad en la que permanece la empresa del segundo hombre más rico de México, y traer Justicia para el Río Sonora”.
* Martha Patricia Velarde es integrante de los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS). Samantha Camacho es investigadora del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER).
