Enrique Méndez y Fernando Camacho / La Jornada
Ciudad de México. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen mediante el cual se le devuelve el mando operativo y administrativo de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y permitir que un general de división pueda encabezar dicho organismo de seguridad.
En el debate, la oposición advirtió que la mencionada propuesta “perfecciona la militarización del país”, mientras Morena y sus aliados replicaron que de esta forma se combate al crimen con mayores medidas de cooperación, y con la posibilidad de que la GN realice sus propias investigaciones.
La reforma busca revertir el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de abril del año pasado, que ordenó retirar el mando operativo y administrativo de la Guardia Nacional al Ejército y devolverlo, a más tardar el 1º de enero de este año, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
En el texto del proyecto de dictamen se advierte que “en México, el crimen organizado ha generado profundas afectaciones en la vida económica, política y social del país, particularmente, a partir de 2007”.
Además, que los grupos de la delincuencia organizada “participan en la producción, trasiego y comercialización de drogas ilícitas; secuestro y extorsión; trata de personas, reclutamiento forzado y explotación de niños, niñas y adolescentes y personas migrantes; robo de hidrocarburos” y otros ilícitos “que perturban gravemente los derechos y las libertades individuales y colectivas, y erosionan el tejido social”.
De igual forma, el texto puntualiza que “el 11 de diciembre de 2006, el entonces presidente Felipe Calderón inició la estrategia de seguridad conocida como ‘guerra contra el narcotráfico’, en la que utilizó a las Fuerzas Armadas para enfrentar al crimen organizado. Esta estrategia fallida se desarrolló sin respeto alguno a los derechos humanos y sin considerar a las víctimas, a las que la administración de Calderón calificó como daños colaterales”.
En contraposición, señaló el texto, “la actual administración ha instaurado una nueva Política de Seguridad Pública basada en el respeto de los derechos humanos, en la construcción de la paz y en la seguridad pública con fuerzas policiales altamente profesionales y capacitadas, las cuales sólo pudieron obtenerse de personal con origen militar para conformar la GN”.
La iniciativa refiere que, “para hacer frente a la delincuencia, la GN debe contar con dinámicas de operación al nivel requerido para proteger a la población”, por lo que debe quedar a cargo de la Sedena. Además, le otorga facultades de investigación a la GN.
Durante la discusión del tema, el panista Jorge Triana alertó que el dictamen representaba un “nuevo intento por perfeccionar la militarización” de la seguridad pública, al tiempo que advirtió que la GN “administrativamente es un desastre”, porque sus elementos cobran en una institución, pero se guían por los protocolos de otra.
Por su parte, el coordinador de la bancada del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, subrayó que con la propuesta de reforma enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en febrero pasado, “se está debilitando al Ejército”, pues una gran cantidad de sus elementos son enviados a la GN.
Al mismo tiempo, se está dejando sin efectivos y sin margen de operación al nuevo secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó.
En sentido contrario, el vice coordinador de Morena, Leonel Godoy, aseguró que la reforma busca “un nuevo modelo de combate a la delincuencia en general, no sólo al crimen organizado”, e insistió en que no hay militarización, porque es la SSPC –con mando civil– la que “formulará la estrategia de seguridad, los respectivos programas, políticas y acciones”.
La propuesta, dijo, “es civilista. Con disciplina militar sí, pero civilista, no como Felipe Calderón, que sacó al Ejército sin ninguna regla”, lo que convirtió a la institución armada en la principal violadora de derechos humanos en el país.
Mayor coordinación entre GN y gobiernos locales
Tras la aprobación del dictamen en lo general, por 22 votos en favor y 18 en contra, se presentaron un total de 22 reservas, las cuales fueron desechadas, con excepción de la que presentó Salvador Caro Cabrera (Morena), para que los gobiernos estatales y municipales tengan mayor colaboración con la GN.
Al argumentar en contra de la reforma, diputados de PAN y Movimiento Ciudadano resaltaron las “contradicciones de la izquierda calderonista”, que antes se opuso a la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, y ahora la defiende.
“En los hechos están desapareciendo a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que será un cascarón y sólo le van a dejar tareas de prevención. En 2017 (los diputados que hoy son mayoría) estaban en contra de la militarización y ahora piensan completamente diferente”, reprochó Triana.
En respuesta, el morenista Marcos Rosendo Medina ejemplificó que en países como Italia, España, Francia y otros hay cuerpos de seguridad “con formación militar y función policial”, y enfatizó: “rechazo categóricamente las acusaciones de que el Ejército es un monstruo. Se olvidan que es una institución formada por mujeres y hombres del pueblo y al servicio del pueblo”.
Tras más de cinco horas de discusión, el dictamen fue aprobado por 22 votos en favor y 17 en contra.
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