Santiago García C.
Hermosillo, Sonora.- El Consejo Directivo de la Universidad Kino, que preside el Licenciado Oscar López Vucovich, dio su posicionamiento respecto a la Reforma Constitucional del Poder Judicial que se impulsa desde el Poder Ejecutivo.
En una carta dirigida al Presidente de la República, Presidenta Electa de la República, Cámara de Diputados, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Partidos Políticos y Medios de Comunicación, señala que:
No es solo remendable, sino indispensable y urgente, una modificación de las estructuras federales y locales de administración de justicia, pero no debe aceptarse modificación alguna sin justificación racional.
“Nuestra patria merece que quienes decidirán esta gran discusión lo hagan con cordura y visión de estadista, y no, por una parcialísima conveniencia de partidos o de conservación de estructuras que desde hace mucho tiempo se aprecian caducas”.
Agrega que, hoy en día la República Mexicana es testigo de una gran controversia sobre esta reforma al Poder Judicial, entre el Poder Ejecutivo y su partido, que impulsan y proponen la designación por voto popular de los juzgadores federales y locales.
Mientras que los partidos de oposición, el mismo Poder Judicial de la Federal y otros sectores, enfrentan esta iniciativa con posicionamiento de inconveniencia y ausencia de antecedentes en la designación de juzgadores mediante el voto popular.
La justificación política de la iniciativa presidencial se apoya en imputaciones de corrupción que se dicen incurridas en la emisión de sentencias sobre delitos del ámbito federal y declaraciones de inconstitucionalidad de actos de los Poderes Ejecutivo y Legislativo en un entorno que se califica de usurpación invasión de funciones. Lo cierto es que estas imputaciones, de ser reales, no sirven para apoyar la pretensión de nombramiento por voto popular de los juzgadores locales, puesto que no son de su incumbencia competencial ni los juicios de inconstitucionalidad local ni los penales sobre delitos federales.
“En dicha situación, a la luz de la justificación política expuesta por los autores de la iniciativa constitucional del caso, los juzgadores de los Estados, deben quedar al margen de la misma, sin que esto signifique que necesariamente resulte apropiada para los juzgadores federales y sin que se deje incólume la necesidad, tal vez urgente y desde luego indispensable, de una reforma seria, inteligente y honesta sobre el sistema de designación y la forma de operación de los administradores de justicia federales y locales, no desde luego por motivos partidistas sino en razón de la respuesta de honestidad y eficiencia en el servicio público que merecemos todos los mexicanos.
Es importante, manifiesta, que las estructuras locales de administración de justicia, sean analizadas y en su caso actualizadas por los Congresos Estatales correspondientes y no desde el centro como parece ser la intención de la iniciativa, finaliza.
