El historiador Lorenzo Meyer analiza la propuesta del candidato republicano, Donald Trump, de bombardear territorio mexicano para acabar con los cárteles de la droga. Aunque Meyer afirma que muchos no llorarían por la muerte de esas personas, sí le llorarían a la soberanía nacional. Afirma que realmente le preocupa son los millones de personas que buscan llegar a Estados Unidos, y que Trump ya dijo que puede emplear a la Guardia Nacional o al Ejército para realizar deportaciones masivas, lo que sería una de las mayores violaciones a la soberanía mexicana.
Redacción AN / RDG
Crecí en un país donde frecuentemente se escuchaba la frase “Es que tiene palancas”.
Se refería a los individuos que, por alguna razón u otra, gozaban de la protección de algún funcionario poderoso. Gracias a esa relación, conseguían un permiso de importación, se les otorgaba un tratamiento especial en los hospitales públicos o no pisaban la cárcel a pesar de haber cometido algún delito.
Las “palancas” eran intrínsecas de un régimen que funcionaba a partir de favores. “Tú me rascas la espalda, yo te rascaré la tuya”. Las “palancas” se podían comprar con dinero.
En este sentido, en México la ley no era obligatoria sino indicativa. Se podía administrar, torcer y hasta violar con “palancas”.
Uno de los mecanismos de mayor control y corrupción del régimen autoritario era la posibilidad de meter en la cárcel a cualquier persona en cualquier momento. Incluso a los empresarios más prósperos o los políticos más encumbrados. Siempre les podían inventar un delito que ameritara la prisión preventiva oficiosa, es decir, los entambaban en lo que se investigaba y resolvía el proceso judicial. Y luego venía “la palanca”.
En la maravillosa novela de Ángeles Mastretta Arráncame la vida, la policía detiene al poderosísimo general Andrés Ascencio, quien, al cabo de unos días, regresa a su casa muy campante. Su esposa le pregunta (cito de memoria) “¿Por qué te metieron a la cárcel y luego te soltaron?”. Él responde (nuevamente refiero de memoria): “Lo primero, por cabrones; lo segundo, por pendejos”.
Un viejo político priista (QEPD) un día me dijo: “Yo nunca tuve más poder como cuando tuve policía y cárcel”. Y es que quitarle la libertad a un ciudadano es uno de los actos más violentos que puede realizar el Estado.
No por nada los barones ingleses se rebelaron contra su rey hace más de 800 años. Aunque le debían lealtad al monarca, éste los maltrataba confiscándoles tierras, aumentando impuestos y encarcelándolos.
El rey se había convertido en un tirano. Con el fin de apaciguar la rebelión, el monarca aceptó firmar la Carta Magna donde se limitaba su poder. Entre otras cosas, se impuso el derecho a un debido proceso judicial:
“Ningún hombre libre será detenido o encarcelado, ni despojado de sus derechos o posesiones, ni proscrito o exiliado, ni privado de su posición de ninguna otra manera, ni se procederá con la fuerza contra él ni se enviará a otros a hacerlo, salvo por el legítimo juicio de sus iguales o por la ley del país. A nadie se venderá, negará o retrasará el derecho o la justicia”.
En México, este derecho sigue siendo más aspiración que realidad.
Ahí íbamos los ciudadanos ganándole esa batalla al Estado —la de impedir que nos detengan arbitrariamente y terminemos en la prisión—, cuando el nuevo régimen político se dio cuenta de que estaba perdiendo uno de sus mecanismos de dominación más eficaces.
Me refiero a la prisión preventiva oficiosa.
Independientemente de si es culpable o inocente, un ciudadano puede ser detenido y privado de su libertad en lo que se investiga el asunto, lo cual en México puede durar años.
De acuerdo al espíritu de los derechos humanos desde las épocas de la Carta Magna, un individuo no puede ser encarcelado hasta que se declare culpable, salvo casos extremos de asesinos seriales o personas con alto riesgo de fuga, por ejemplo.
A nuestros gobernantes nunca les gustó esto. Les quitaba una de “sus palancas”: la capacidad de influir en las decisiones judiciales.
Ya en este sexenio se había ampliado en la Constitución el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa. El próximo mes se extenderá aún más para integrar la extorsión, narcomenudeo, actividades ilícitas relacionadas con el fentanilo y otras drogas sintéticas, defraudación fiscal, contrabando y cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales.
Esto le regresará un poder enorme e injusto al Estado. En lo que se investiga, las autoridades pueden encarcelar a cualquier persona. La lista de posibles delitos, inventados o no, será larguísima para escoger.
Salvo los que tengan “palanca”.
Como Javier Corral.
La Fiscalía anticorrupción de Chihuahua intentó detenerlo la semana pasada. Ni tardo ni perezoso, el exgobernador llamó a alguien poderoso y al lugar llegó el fiscal capitalino a liberarlo.
El mensaje es clarísimo. Si apoyas al régimen lopezobradorista, no te preocupes, no pisarás la cárcel gracias a tus “palancas”. Si, en cambio, eres crítico u opositor, mejor calma tus ánimos porque, de lo contrario, podrías acabar tras las rejas, ya que no tendrás “palancas”.
Así México, 809 años después de la Carta Magna.
