Las comunidades que habitan en los alrededores del río Sonora siguen reclamando justicia, diez años después de un derrame tóxico considerado como uno de los mayores desastres ambientales mineros de México.
Aunque ya ha pasado más de una década, el suceso ha quedado grabado para siempre en la memoria de las más de 22.000 personas que sufrieron sus consecuencias. El 6 de agosto de 2014, un derrame de 40 millones de litros 40 mil metros cúbicos de ácido de cobre de la mina Buenavista del Cobre (propiedad de Grupo México) se vertió sobre los ríos Sonora y Bacanuchi, a lo largo de 400 kilómetros, alcanzando a siete municipios del estado mexicano de Sonora: Arizpe, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora y Ures, llegando hasta la presa El Molinito, cuyos pozos, en aquel momento, abastecían de manera parcial a Hermosillo, capital de Sonora, contaminando el agua, el suelo y el aire
Este ha sido considerado como el peor desastre ambiental de la historia de la minería en México. “Los números hablan por sí mismos”, asegura a DW Elena Arengo, Codirectora de la organización mexicana PODER, que, desde hace una década, acompaña a las comunidades afectadas por el derrame y que, en noviembre de 2022, valoró el coste del suceso en 20.000 millones de pesos, teniendo en cuenta los daños a la salud, al medio ambiente y a la economía.
Se trata de una cifra que se ha ido incrementando con el paso del tiempo. “Estos costos han tenido que asumirse por los propios afectados en cuidados, en salud, en agua embotellada, en la pérdida de la productividad de las tierras -que, en una gran proporción, se encuentran contaminadas-, así como en la calidad de las cosechas, lo cual trae aparejado que muchos alimentos de consumo diario no puedan ser sembrados en estas tierras”, explica a DW Martha Patricia Velarde Ortega, miembro de los Comités de Cuenca Río Sonora, una iniciativa ciudadana que surgió a principios de 2015 para exigir justicia.
La cifra de los 20.000 millones de pesos “es 10 veces más de lo que fue destinado al fallido fideicomiso que se estableció para poder reparar el daño y que, posteriormente, se cerró de manera unilateral, sin haber cumplido su propósito de remediación. De los 2.000 millones, solo se gastaron 1.400 millones”, critica Arengo, destacando la devolución de los 600 millones restantes a la empresa.
Una lucha que perdura
Con motivo del décimo aniversario del suceso y para denunciar la inacción del Gobierno, los Comités de Cuenca Río Sonora alzaron un ‘antimonumento’ en la capital de Sonora, con el objetivo de seguir visibilizando la impunidad que pesa sobre este caso. “La empresa nunca actuó con la debida diligencia, sólo después de dos días avisó a las autoridades y mintió diciendo que se debió a ‘lluvias atípicas’ cuando en los días previos no existían registros de lluvias”, recuerda Velarde. “Se actuó con falta de cuidado y atención, sin importar las consecuencias que pudieran afectar a terceros, ya que, además, no habían contemplado, ni construido las obras necesarias para evitar el daño”, lamenta.
“En 2014 y hasta 2017, hubo complicidad de las autoridades ambientales para solapar a Grupo México y corrupción de autoridades y empresa que actuaron con mala intención”, agrega a DW, Dolores Rojas, Coordinadora de Programas en México de la Fundación Heinrich Böll, cercana al partido verde alemán. En su opinión, esta impunidad surge de la “permisividad” de la ley minera de 1992. “Les invitaba a disponer de todo lo que hubiera en los polígonos aprobados para sus proyectos y eso incluía el suelo, el subsuelo, todo lo que hubiera en ellos; y [les invitaba también a disponer d]el agua, a usarla y contaminarla”, explica, lamentando que “se acostumbraron a actuar irresponsablemente, sin rendir cuentas ni responder por los daños causados”.
A los pocos días de la inauguración de este ‘antimonumento’, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que se está dando seguimiento al caso. “Esta administración se centró en producir evidencia para demostrar en los juicios que la empresa es la principal responsable”, recalca la experta de la organización alemana en México, en referencia al Dictamen de Diagnóstico Ambiental Río Sonora, que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) presentó en septiembre de 2023, junto con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC).
“El dictamen establece que la contaminación crónica de suelo, agua y aire es producto del derrame que ocurrió en el 2014 y de la actividad minera de la mina Buenavista del Cobre y que el derrame fue causado por un mal y deficiente diseño del sistema de tinajas de la empresa”, recalca la codirectora de PODER.
Un pasado que marca el presente
El informe alerta de la existencia de contaminación en el agua, el aire, la flora y la fauna, con de la presencia de metales pesados por encima de la norma. Por este motivo, los Comités demandan, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, un nuevo Plan de Remediación y Reparación de los daños, para rehabilitar los segmentos del río Sonora contaminados, así como acciones para que las comunidades y poblaciones aledañas accedan a agua limpia y se atiendan las afectaciones a su salud causadas por la contaminación, detalla Arengo.
La atención a la salud de forma especializada en toxicología y la instalación de 36 plantas potabilizadoras, son otras de las principales demandas de los Comités. “Al haber ya una exposición crónica a dichos metales, que son bioacumulables, los daños a la salud son muy serios, con un aumento desproporcionado de los casos de enfermedades renales, hepáticas, cardiovasculares, endocrinas, de movilidad, y un alza en la incidencia de cáncer”, lamenta Martha Patricia Velarde Ortega, miembro de los Comités de Cuenca Río Sonora, que se muestra reservada respecto al anuncio del presidente mexicano.
La codirectora de PODER exige al Gobierno existente y al venidero “compromisos concretos, planes concretos con cronogramas y recursos designados y suficientes como para abordar una reparación integral, una atención urgente a los temas de salud y agua, y exigencias con consecuencias concretas para la empresa responsable del desastre”.
