“El derrame de 40 mil metros de ácido sulfúrico provocó una cadena de afectaciones a la salud a 25 mil pobladores de ocho municipios sonorenses, severos daños ambientales y económicos”.
RUBEN MARTIN / SIN EMBARGO
El 6 de agosto pasado se cumplieron diez años del peor desastre provocado por la industria minera en México. La minera Buenavista del Cobre del Grupo México derramó 40 mil metros cúbicos de lixiviados de sulfato de cobre acidulado en el arroyo Tinajas y después en los cauces de los ríos Bacanuchi y Sonora. La mina del Grupo México está en el municipio de Cananea, casi en la frontera con Estados Unidos, pero el derrame llegó a la costa en el Golfo de Cortés.
Para la población no se trató de un accidente, como la empresa pretende hacer creer, sino una grave negligencia al no prevenir ese desastre. Grupo México es propiedad de Germán Larrea Mota Velasco, el segundo hombre más rico de México. Aún así se niega a asumir su responsabilidad.
El derrame de 40 mil metros de ácido sulfúrico provocó una cadena de afectaciones a la salud a 25 mil pobladores de ocho municipios sonorenses, severos daños ambientales y económicos, según han revelado pobladores de la región. En respuesta al grave desastre ecológico que les dejó ríos con agua “podrida”, los pobladores crearon los Comités de Cuenca del Río Sonora (CCRS), colectivo desde el que se organizan para exigir reparación del daño y justicia ante la poderosa empresa y los gobiernos.
Gracias a esta resistencia organizada de los pobladores afectados, el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto se vio obligado a exigirle a la minera del Grupo México la creación del Fideicomiso Río Sonora con el objetivo de remediar los daños ocasionados por el derrame. Sin embargo, fue cerrado sin previo aviso y el dinero sobrante se devolvió a la empresa. Los comités de cuenca interpusieron un amparo que fue resuelto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ordenó reabrir el fideicomiso.
Pero como ha hecho a lo largo de esta década de impunidad, Grupo México ignoró la sentencia y sigue impune. Existe un fideicomiso abierto, pero la empresa se niega a dar fondos mientras el Gobierno federal, a través de Semarnat, es incapaz de exigirle al corporativo que cumpla con su responsabilidad.
Para subsanar la falta de la empresa el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el Plan de Justicia para Cananea y Río Sonora que ofreció un plan remediación partiendo de atender la salud de los pobladores a partir de un muestreo extenso en salud, tierra, agua y aire.
Los CCRS reconocen que al menos los estudios parciales sirvieran para que el Gobierno reconociera la verdad sobre la contaminación que persiste en las cuencas de los ríos Sonora y Bacanuchi: “Conagua y el IMTA reconocen la presencia de arsénico, mercurio, cobre, manganeso y plomo en el agua que tomamos”, dicen. Pero cuestionan que el Gobierno de la Cuarta Transformación, que prometió darles justicia, no les ha cumplido.
Señalaron en el pronunciamiento a diez años del desastre ambiental: “Han sido numerosas reuniones de diálogo en donde los funcionarios nos piden confianza, nos prometen acciones, y al final nos entregan una simulación que juega de manera cruel con nuestra esperanza. Ninguna de sus intervenciones y discursos sobre sociedad e igualdad nos han traído justicia efectiva, ni proyectos consolidados, ni obras de infraestructura que nos garanticen vivir en un medio ambiente sano. Las personas funcionarias han sido activas en sus discursos, y omisos en las acciones concretas”.
Entre los reclamos más sentidos de los Comités de Cuenca Río Sonora es que no hay plantas potabilizadoras en la región, como se había prometido, así como un “una clínica de especialidad en epidemiología para atender a toda la población que es muy importante porque tenemos que tener un diagnóstico y un seguimiento de parte de un especialista en toxicología y no lo tenemos”, me dijo en entrevista Francisca “Panchita” García, del poblado de Aconchis, Sonora.
En el fondo es un cuestionamiento a dos presidentes, Peña Nieto, del PRI, y López Obrador, de la Cuarta Transformación, que no se han atrevido a llamar a la justicia al segundo hombre más rico de México: Germán Larrea del Grupo México.
El Grupo México es, según su información, la cuarta empresa más grande del país con una capitalización de mercado de más 27 mil 316 millones de dólares (mdd), y tiene tres divisiones: minería, transporte e infraestructura. En minería tiene actividades en México, Perú y Estados Unidos. El mismo corporativo presume que es la empresa líder en producción de cobre a nivel mundial, primer lugar en producción en México y Perú, tercer productor en Estados Unidos, cuarto productor de cobre en el mundo y que posee las mayores reservas de cobre a nivel mundial. El año pasado la división minera del Grupo México tuvo ventas por 10 mil 861 mdd (unos 204 mil millones de pesos).
Según datos actualizados de la revista Forbes, hasta el pasado 8 de agosto, Germán Larrea y familia acumulaba una fortuna de 30 mil 100 millones de dólares (566 mil 783 millones de pesos), lo que lo convierte en el segundo hombre más rico de México y ocupa número 54 en la lista de los mil millonarios del mundo. Es decir, tiene una fortuna más que solvente para responder a los daños que ocasionó a la población el derrame de su mina.
De acuerdo a los CCRS, se necesitan 25 mil mdp para atender las demandas de salud y reparación del daño, lo que apenas equivale a 0.04 por ciento de la fortuna del magnate mexicano. Una fortuna que se ha fraguado gracias a las concesiones de bienes y recursos públicos que el Estado le ha entregado. Una fortuna que, por lo demás se ha duplicado en el actual sexenio de López Obrador, cuyo Gobierno ofreció “someter al poder económico al poder político”. Aquí no se ha cumplido esta máxima de la Cuarta Transformación.
Esta anomalía de mantener los privilegios de las grandes corporaciones y la manera de hacer negocios de las grandes empresas, como las mineras, la tienen muy clara los pobladores afectados por el desastre ambiental de la minera del Grupo México.
Francisca “Panchita” García tiene claro cómo acumulan riquezas los millonarios como Germán Larrea. Dijo en entrevista para Radio Universidad de Guadalajara: “Creo que esa fortuna la realiza a costa de nosotros, de la vida de la población del río Sonora y río Bacanuchi, a costa del agua que se está llevando, de cómo esta desapareciendo la sierra de la Mariquita que era una reserva natural protegida y está prácticamente desparecida. Toda la sierra de Cananea está desapareciendo, ya no cae nieve porque ya no hay árboles. Entonces la fortuna es costa de las vidas humanas y de desaparecer cerros, darles concesiones de agua y más ampliaciones de las mineras, a costa de la vida de las personas”.
Y cuestiona que los gobiernos de todos los niveles y colores no sean capaces de someter a los corporativos que devastan el medio ambiente. “No puede ser que no lo puedan obligar a que mínimo pueda construir la clínica, si ya triplicó sus ganancias, es como quitarle el pelo a un gato”, dijo indignada Panchita García. Es hora de quitarle el pelo al gato a las empresas de Larrea.
