México SA / Carlos Fernández-Vega
¿Quién o quiénes ponen palos en la rueda: ¿la Fiscalía General de la República, el Poder Judicial, ambos?, porque es desesperante la lentitud, y en no pocos casos la connivencia, de quienes dicen procurar e impartir justicia en los casos en los que aparecen involucrados los barones autóctonos marca Forbes, llámense estos Germán Larrea, Carlos Slim, Salinas Pliego, la familia Bailleres o cualquiera que aparezca en ese microcosmos de multimillonarios, la mayoría a costillas de la nación.
Ha transcurrido una década desde que Grupo México, propiedad del tóxico Germán Larrea, causó el peor desastre ambiental de la historia de la minería en México (6 de agosto de 2014) y es la fecha que esa devastación se mantiene sin solución, con lo que ello implica para la salud de la población afectada, la contaminación en los ríos Sonora y Bacanuchi, y la producción agrícola de la zona. Diez años y la remediación comprometida por Grupo México brilla por su ausencia.
El 12 de octubre del año pasado, la secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores González, dio a conocer que presentó una denuncia penal contra Grupo México por el derrame de 40 millones de litros de residuos peligrosos en el río Sonora cometido por la minera Buenavista del Cobre, al tiempo que advirtió que también se procederá contra ex funcionarios de la propia dependencia por posibles actos de corrupción, toda vez que el derrame no fue un accidente, sino negligencia de la empresa, por lo que el corporativo propiedad de Larrea debe remediar las afectaciones que persisten. Previamente, la funcionaria estimó en alrededor de 20 mil millones de pesos los daños en la región, que abarca ocho municipios sonorenses e involucra a cerca de 25 mil habitantes.
En 15 de septiembre de 2014, cobijado por Peña Nieto y su pandilla, Grupo México firmó un convenio con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y se creó el Fideicomiso Río Sonora, con un fondo (supuestamente) de 2 mil millones de pesos (a duras penas 10 por ciento de los daños económicos causados por el citado derrame) con el fin de recuperar la zona afectada, aunque en los hechos, y si bien va, de ese monto se ejerció menos de la mitad.
En octubre de 2023, Albores González reveló que de esos dineros Grupo México gastó cuatro veces más en propaganda (estrategia de comunicación, la llamó) para intentar limpiar su imagen que en atender los efectos en la salud de la población afectada. Por si fuera poco, el gobierno de Peña Nieto entregó a Grupo México (sin respaldo alguno) toda la documentación del caso y ni siquiera dejaron copias físicas o digitales. Impunidad garantizada, pues.
Pues bien, casi un año después, con todas las pruebas documentadas y entregadas a quienes procuran y/o imparten justicia, de la denuncia no se sabe absolutamente nada y en la mañanera de ayer la propia titular de la Semarnat detalló que el 7 de febrero del 2017 la Profepa y la empresa ecocida decidieron extinguir el citado fideicomiso y al consorcio todavía le regresaron 77 millones de pesos, con todo y que resultaba más que obvio que la remediación ni lejanamente se había cumplido.
En fin, a 10 años del ecocidio cometido por Grupo México brilla por su ausencia la remediación de la zona afectada por el derrame de 40 millones de litros de residuos peligrosos en el río Sonora, y si en algo se ha ayudado a la población afectada no ha sido por decisión del tóxico Germán Larrea, algo que jurídica y éticamente le corresponde, aunque de esto último no sabe nada. Es una vergüenza.
Y nada mal estaría que la Semarnat informe puntualmente cuál es el estado que guarda la denuncia contra Buenavista del Cobre (antes Minera de Cananea), porque de nada sirve proceder en ese sentido si quienes procuran e imparten justicia son más lentos que una tortuga dormida, o, si se prefiere, sólo cuidan los intereses de los barones y siempre están a su servicio. Demasiadas son las barbaridades cometidas por Germán Larrea (y otros barones) como para seguir garantizándole impunidad, mientras la población afectada es la que paga el ecocidio.
En otro orden, aunque no menos lento, el Departamento estadunidense de Justicia sigue jugando al tío Lolo con la información sobre la detención-secuestro-entrega-etcétera-etcétera de Ismael El Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López. ¿Hasta cuándo?
Las rebanadas del pastel
Al borde del llanto, Xóchitl Gálvez se queja: yo ya no existo para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, en los hechos nunca existió, ni para esa instancia ni para nadie.
X, antes Twitter: @cafevega
