Es comprensible la preocupación que provoca en la oposición la mayoría calificada que habrá de tener Morena con sus aliados en el Congreso a partir de septiembre. La capacidad de la fuerza gobernante para modificar la Constitución sin necesidad de negociar con las minorías, si así lo desea, resulta inquietante, al margen del signo ideológico del partido en el poder. Uno pensaría que, sin contrapesos reales, solo la moral y la conciencia de los dirigentes de Morena podrían evitar abusos contra la expresión de otras fuerzas políticas.
No es así del todo, porque el poder real reside en gran medida en los llamados poderes fácticos, responsables entre otras cosas del 75 por ciento de la generación del PIB, y el grueso de ellos no está con Morena. Lo de la mayoría constitucional, en todo caso, haría el piso un poco más parejo para estar en condiciones de paliar la desigualdad que generan las lógicas del mercado en contra de las mayorías, estén o no en el poder. (Pero eso es otra discusión).
Lo cierto es que la preocupación respecto a la sobrerrepresentación es genuina, pero la justificación para intentar invalidarla no lo es. En ese sentido me parece que las voces críticas han equivocado la argumentación. No es correcto acusar de ilegal el reparto de las plurinominales sabiendo que no es así. Han querido instalar la narrativa de que ese reparto entraña un abuso de poder y constituye una expresión más de los rasgos “autoritarios” del obradorismo. Pero los críticos lo han hecho a sabiendas de que la ley no está de su parte.
La Constitución expresa puntualmente la manera en que se establece ese reparto y define con precisión los dos límites que no deben ser rebasados: ningún partido puede tener más de 300 diputados, ni puede “contar con un número de diputados… que represente un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida…”. Consecuentemente, en esta ocasión Morena obtuvo 43.5 por ciento del voto y tras las pluris quedó en 49.5 por ciento de las curules. Cinco puntos, no ocho y en total 248 diputados, no 300. Ambos límites fueron establecidos en esos términos en 1996 por un Congreso dominado por el PRI. Y es cierto que, en la ley secundaria, como afirma el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, (COFIPE), ese mismo año se estableció que tales límites también se aplicaban a las coaliciones.
Eso les lleva a argumentar que hoy se está violando la ley. La suma de Morena, PVEM y PT supera esos límites y, por consiguiente, afirman los críticos, las restricciones deberían operar e impedir la sobrerrepresentación. Pero convenientemente no mencionan dos aspectos que invalidan tal reclamo: el Congreso decidió en 2008, por votación de los hoy opositores (PAN y PRI, además del PVEM), exentar a las coaliciones de cualquier restricción. Desde entonces cada tres años (2009, 2012, 2015, 2018 y 2021) el Congreso se ha configurado a partir del criterio de partidos, no de coaliciones, y en cada ocasión se ha beneficiado a las alianzas cualquiera que ellas hayan sido: PRI, PVEM y Partido Alianza en la mayor parte de esos años; PRI, PAN y PRD en 2021, además de las de Morena y los suyos.
No hay fundamento legal, ni en teoría ni en la práctica, para que un tribunal falle en contra de lo que se ha venido haciendo o interprete de otra manera el texto constitucional, cuando la propia reforma de COFIPE, hoy vigente, limita a los partidos y exenta a las coaliciones. Más aún, las autoridades electorales estarían violando la ley si actúan de otra manera.
Puede entenderse que los voceros y columnistas que escriben en términos partisanos en contra de la 4T se hagan de la vista gorda respecto a lo que contempla la ley y la manera literal en la que se ha aplicado hasta ahora, y pretendan hacer creer que hay un intento de violación de la Constitución por parte del gobierno. Ellos están en la tarea de generar indignación de la opinión pública en aras de una supuesta causa mayor: detener el avance del populismo en contra “de las instituciones democráticas”. Peccata minuta que eso implique pedir que se viole la Constitución y se lesionen las reglas democráticas que rigen la distribución del poder en las Cámaras, solo porque en esta ocasión no conviene a sus intereses.
Lo que cuesta trabajo explicar es el hecho de que ex consejeros electorales y abogados constitucionalistas desafectos de la 4T mientan sin ningún rubor sabiendo todo lo anterior. Se presentan como adalides de la moralidad y la legalidad en espacios mediáticos para protestar con vehemencia y detener la infamia del proceso en curso, con actuaciones que merecerían un reconocimiento teatral.
En un texto titulado “Sin ética no habrá 4T”, en este mismo espacio hace dos semanas, critiqué el truculento ardid de Morena en el Congreso de la Ciudad de México para alcanzar una sobrerrepresentación artificial. Tras las elecciones siete diputados locales de este partido se cambiaron a PT o PVEM, horas antes del reparto, para que Morena obtuviera más plurinominales. Una chapucería que en el fondo traiciona el voto del ciudadano a favor del candidato de un partido, que luego burla el sentido de ese sufragio para ejercer con otra casaca. No era ilegal, pero sí profundamente inmoral porque hacen uso de un vacío de la ley para quitarle cinco representantes a la minoría.
Lo mismo vale ahora para estas actitudes de la oposición. Asumir esquizofrénicamente que “los buenos” están excluidos de una exigencia moral porque buscan el bien común, supone que habrá una ética diferenciada para unos y otros, concluí en esa ocasión. Las mayorías están obligadas a respetar el derecho de las minorías, pero eso también opera en el otro sentido. ¿Cómo exigir un Estado de Derecho cuando solo se invoca en los casos en los que me favorece y se rechaza cuando beneficia a mi contrario? Justo la negación de lo que implica un Estado de Derecho.
Morena y aliados tendrán mayoría constitucional y eso implica riesgos y responsabilidades. El propio gobierno de Sheinbaum entiende que ningún futuro es posible sin una conciliación razonada entre economía y política, sector público y privado, crecimiento y gobernabilidad. Ese es el verdadero desafío para todos; sentarse en la mesa como adultos y construir entendimientos para que el que ganó pueda gobernar y el que perdió tenga garantías para que sus derechos y participación sean respetados. Nada de eso se conseguirá si gobierno y oposición actúan deliberadamente de manera deshonesta, chapucera. Exigir responsabilidad y un comportamiento ético al otro, impone la misma exigencia a la contraparte.
