El Estado del Sur es el primero del país en aprobar una ley que ha recibido las críticas de quienes consideran que se trata de un castigo “cruel”. “Es como cortarle la mano a un ladrón”, dice una experta
Para Delisha Boyd, congresista demócrata de Luisiana, fue “un asunto personal”. A su madre la violó repetidas veces entre los 13 y los 15 años un familiar de 28, y Boyd es el fruto de ese estupro. Una noticia en el periódico local de Baton Rouge, capital de este Estado del profundo Sur, terminó el pasado mayo de convencerla. “Hablaba de un hombre de 51 años al que buscaban por la agresión sexual a una chica de 12″, explicó recientemente la representante en una entrevista telefónica. “El tipo, contaban también, había sido arrestado por la violación de una niña de cinco años en 2007. Al leer eso, me dije: ‘se acabó’. Sentí que tenía que hacer algo”.
Boyd, una mujer negra de 55 años, madre de una hija, telefoneó entonces a otra demócrata, la senadora Regina Barrow, y ambas se pusieron manos a la obra: en tiempo récord, redactaron y lograron que ambas cámaras aprobaran una ley que autoriza a los jueces a condenar a la castración quirúrgica a los culpables de delitos como violación, abuso sexual o incesto, cuyas víctimas sean menores de 13 años.
La norma salió respaldada por una amplia mayoría del Congreso y el Senado de Baton Rouge, controlados por el Partido Republicano. Hace tres semanas la firmó el gobernador de Luisiana, el ultraconservador Jeff Landry, que ha sido noticia recientemente por aprobar leyes antitrans, por obligar a las escuelas públicas a mostrar en las clases un cartel con los Diez Mandamientos en letra grande y legible, por reclasificar las píldoras abortivas como “sustancias peligrosas” y colocarlas en el mismo saco que la heroína o la cocaína, o por importar un nuevo método de ejecución ensayado en Alabama: la asfixia por nitrógeno.
Cuando entre en vigor el 1 de agosto, la de la castración quirúrgica será la primera ley en ir tan lejos en el país: hay otros 10 Estados que permiten la química para pedófilos, pero raramente se usa y cuando eso sucede siempre es como una posibilidad para que los culpables de esos delitos obtengan beneficios como la libertad condicional o la reducción de penas. La castración quirúrgica es legal en países con ordenamientos jurídicos muy duros con el crimen, como Nigeria o la República Checa. En España, existe la química, pero solo si es voluntaria.
“Si no defendemos nosotras a nuestros niños, ¿quién lo hará?”, se pregunta Boyd, cuya iniciativa legislativa se enfrentará previsiblemente a desafíos en los tribunales a la luz de la Octava Enmienda de la Constitución estadounidense, que prohíbe los “castigos crueles e inusuales”. También ha recibido duros ataques de los miembros de su partido. “A aquellos que me critican los desafío a cerrar los ojos y pensar en sus hijos o hijas a los cinco años. Esos niños quedan marcados para el resto de sus vidas, y eso sí es un castigo cruel e inusual, no la pena por cometer esos crímenes”, considera la congresista.
No es la primera vez que Boyd conquista la atención nacional, algo poco frecuente en una política de ámbito estatal: esta representante por Nueva Orleans recurrió a su caso ―hija de una madre adolescente que “no falleció en el parto quedó marcada hasta su muerte antes de los 30 años″― para intentar introducir las excepciones de violación e incesto para menores de 17 años en la ley del aborto de Luisiana. Esta se trata de una de las más estrictas de las que entraron en vigor por todo el país después de que el Tribunal Supremo derogara el precedente del fallo Roe contra Wade, y con él, la protección federal de ese derecho. Aquella vez no tuvo éxito. “Quienes dicen defender la vida solo se preocupan de esta cuando está en el útero”, lamenta.
La nueva ley deja a la discreción de los jueces, y previo asesoramiento médico, la imposición de la castración quirúrgica cuando la pena de prisión se acerque a su fin. Si los reos no aceptan que se les extirpen los testículos o, en el caso de las mujeres, los ovarios, una operación que debe “llevarse a cabo”, dice el texto, “antes de una semana desde su puesta en libertad”, reciben una condena adicional de entre tres y cinco años de prisión, “con o sin trabajos forzados”. La norma solo se aplicará a aquellos delitos posteriores a su entrada en vigor. En Luisiana, que tiene en prisión a 2.224 personas por los tipos penales que contempla el nuevo texto, se aprobó hace 16 años la castración química. Boyd solo ha sido capaz de encontrar un caso en el que se haya aplicado, el de “un hombre blanco”.
“[Estas innovaciones legislativas] Pueden abrir, y suelen hacerlo, las compuertas, y servir de ejemplo en parlamentos por todo el país. No es popular entre los votantes quedarse atrás en el castigo de las personas que cometen esa clase de crímenes”, advierte en un correo electrónico Sandy Rozek, directora de comunicación de la Asociación Nacional por unas Leyes Racionales para los Delitos Sexuales (NARSOL son sus siglas en inglés). Su equipo legal, confirma Rozek, está estudiando la manera de tumbar la ley de Luisiana. El tribunal de apelaciones que estudiará esos desafíos, el de Quinto Circuito, es uno de los más conservadores del país.
Además de por su potencial de contagio, la norma ha recibido críticas por el simbolismo de que se reinstaure una pena así en un Estado del Sur, con su historia de linchamientos durante la era del Jim Crow, cuando los hombres negros acusados de propasarse con una mujer blanca eran castrados. “Mi respuesta a eso”, dice Boyd, “es que durante la esclavitud las mujeres negras eran violadas por los propietarios de esclavos y por otros esclavos. Ni siquiera era un delito. Así que, por favor, que vayan a llorar a otra parte. Además, el tipo que protagonizaba la historia que leí en el periódico era blanco”, considera la congresista, que confía que la ley sirva, al menos, “para disuadir a algunos agresores sexuales”. “Sentiré que toda esta polémica y tanta atención mediática ha tenido sentido si uno solo de esos hombres horribles se lo piensa dos veces”.
Esa efectividad que Boyd persigue no está garantizada. “No hay pruebas que sostengan que el incremento de penas para aquellos condenados por delitos sexuales sirva para disminuir su reincidencia. Ningún estudio avala una pena de ese tipo. Es cruel e inútil. El equivalente a cortarle la mano a un ladrón: una medida medieval”, opina Emily Horowitz, profesora de sociología y autora de From Rage to Reason: Why We Need Sex Crime Laws Based on Facts, Not Fear (De la rabia a la razón: por qué necesitamos leyes sobre delitos sexuales basadas en hechos, no en miedo, Bloomsbury Academic, 2023). La mejor manera de reinsertar a un delincuente, añade, es “permitirle conseguir un trabajo, tener una familia, encontrar una vivienda, tejer redes sociales… Someterlos a castigos excesivos tiene el efecto contrario”.
Horowitz no estudia el caso de la castración quirúrgica en su ensayo, pero no lo extraña que haya llegado a Luisiana. “Son medidas muy populares, que hacen ganar votos, y nadie puede oponerse a ellas sin parecer un monstruo al que no le importa el bienestar de los niños. Son delitos horribles, que destruyen a las víctimas y sus familias, pero este no es el camino. Existe un verdadero pánico moral, especialmente con la pederastia, en Estados Unidos, y también muchos mitos y malos entendidos. Esos criminales ya reciben largas penas de cárcel, y al salir quedan en libertad condicional, entran en una lista de delincuentes sexuales que es pública. Sus vecinos reciben notificaciones, tienen restricciones para viajar. No los dejan ir a los parques, a las bibliotecas, los obligan a poner un cartel en la puerta de su casa en Halloween. Es decir, reciben castigos muy duros, añadir otro a la lista no les hará menos proclives a volver a hacerlo”, advierte la experta en una entrevista telefónica.
Durante el debate por la tramitación de la ley en el Senado de Baton Rouge, el demócrata Ed Price se preguntó cómo aplicar con justicia una medida irreversible como la castración quirúrgica, en un Estado como Luisiana, que tiene uno de los índices más altos de condenas erróneas del país, en las que, dijo también, acostumbra a concursar un elemento de discriminación racial. Ante eso, Boyd, la mujer para la que la persecución de los violadores de menores es “un asunto personal”, recuerda que la ley de la que es autora “no prevé en ningún caso una castración al estilo justiciero”, porque que los condenados “siempre pueden decidir pasar más tiempo entre rejas si no quieren someterse a la operación”. “Todo esto no tiene nada que ver con la raza”, insiste la congresista, “sino con proteger a nuestros niños”.
En España, la aplicación de la castración quirúrgica es “impensable conforme a nuestro sistema constitucional y al Convenio Europeo de Derechos Humanos”, explica Mar Carrasco, catedrática de derecho penal de la universidad de Alicante. Carrasco es autora, junto a Mar Moya, profesora del mismo departamento, de un completo artículo científico sobre el tema. Lo publicaron en 2021, en pleno debate por la tramitación de la ley del solo sí es sí, según recordaron ambas en una conversación por videoconferencia.
“La castración química se permite solo para el caso de que el delincuente quiera someterse a ella voluntariamente, y siempre que venga acompañada de una terapia cognitiva para ayudarle a contener sus impulsos”, aclara Carrasco. “Además, solo funciona mientras el individuo quiera tomar el medicamento, que tiene unas consecuencias graves para la salud. La mayoría de la doctrina es muy reticente [con su administración], y en ningún caso puede ser una medida generalizada y de uso indiscriminado”.
Moya aclara que la aplicación de ese tratamiento inhibidor de la libido se empezó a discutir en Francia en 2007. Más tarde, en España, tras el escándalo por la posible puesta en libertad del violador del Vall d’Hebron, recibió el aval de un comité de expertos en Cataluña, que tiene transferidas las competencias penitenciarias. La medida empezó a funcionar en 2010.
Autor: Iker Seisdedos / El País
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