La noción “Ventana de septiembre” sugiere que en ese mes el gobierno de López Obrador podría empezar a aprobar en el Congreso reformas constitucionales inherentes a su llamada cuarta transformación.
Se da por supuesto que el gobierno tendrá en el Congreso las mayorías calificadas necesarias (66%) para hacer esas reformas sin consultar con otras fuerzas políticas.
Las mayorías calificadas no existen aún, pero el gobierno las reclama como suyas. El hecho es que no las tiene, falta que se las reconozcan el INE y el TEPJF, el Tribunal Electoral.
No son mayorías que hayan dado los votantes. Los votantes le dieron al gobierno el 54% de los votos, no el 66% que pretende.
Imaginemos que el gobierno se sale con la suya y el INE y el Trife le dan las mayorías calificadas que no ganó en las urnas.
¿Qué cosas aprobaría el Congreso bajo esa hipótesis? Las equivalentes a un cambio constitucional de régimen político.
Entre otras, las siguientes:
1.Supresión de la representación proporcional en el Congreso, para tener sólo representantes de mayoría relativa. Eso le daría al oficialismo el control del 70% del Congreso, según sus cifras de hoy, y la posibilidad de cambiar la Constitución cuando quiera.
- Supresión de los órganos autónomos del Estado, salvo el Banco de México, para convertirlos en dependencias del Ejecutivo: INE, INAI, Cofece, Cofetel, CNDH… serían dependencias del Ejecutivo.
- Reforma del Poder Judicial para someter a elección a ministros de la Suprema Corte, jueces y magistrados del Poder Judicial. Dada la mayoría electoral oficialista, estas elecciones serían sólo un trámite de ampliación del poder del gobierno en el Poder Judicial.
- Avanzar la militarización del país, entregando la Guardia Nacional a un mando militar, no civil, como ordena hoy la Constitución.
- Ampliar los delitos dignos de prisión preventiva oficiosa, figura que permite encarcelar a alguien mediante la sola acusación.
Con estas reformas, anunciadas por AMLO y asumidas por Sheinbaum, el gobierno sería indesafiable en la arena política.
La “Ventana de septiembre” sería el principio del establecimiento legal de una dictadura.
¿Quiénes decidirán si esto es posible? No los votantes. Once consejeros electorales del INE y cinco magistrados del TEPJF.
