Se da por hecho que el nuevo gobierno de México tendrá mayoría calificada en ambas cámaras (menos dos senadores).
La pregunta que se hacen muchos sobre si estamos frente a un cambio de régimen depende estrictamente de esta pieza legal y política: ¿tendrá o no tendrá el nuevo gobierno mayorías calificadas, dos tercios, en el Congreso?
Los votantes no le dieron al oficialismo esas mayorías calificadas. Les dieron la mayoría absoluta, el 54%, nada más.
Falta que el INE asigne y el Tribunal Electoral valide el número de asientos que le corresponde al gobierno por ese número de votos en ambas cámaras.
La cifra de sobrerrepresentación que necesitaría el oficialismo para alcanzar esas mayorías calificadas excede el 8% que autoriza la Constitución, anda cerca del 20%.
Es fruto de maniobras electorales y del uso abusivo de leyes secundarias que permiten a los partidos de una coalición disminuir artificialmente sus triunfos de mayoría para tener mayor acceso a los puestos plurinominales.
Los matices de la discusión jurídica son complejos pero dependen en esencia de que la Constitución dice que en ningún caso un partido puede tener más de un 8% de sobrerrepresentación en las cámaras. No dice “una coalición”.
Como la competencia fue entre coaliciones, no entre partidos, se interpreta groseramente que las coaliciones sí pueden pasar por encima de lo asentado en la Constitución, pues no se les aplica a ellas, sino a cada partido, de modo que Morena, el Verde y el PT pueden tener, digamos, hasta 8% de sobrerrepresentación cada uno y sumar 24% en total, por el conjunto de la coalición. Más o menos lo que está pasando.
El espíritu del texto constitucional es claro, pero el gobierno exige al INE y al Tribunal que se lea en el sentido maniobrero que le conviene, pues eso haría la diferencia cualitativa en esta elección: le dará al gobierno las mayorías calificadas suficientes para cambiar a su antojo la Constitución.
Si el INE y el Tribunal Electoral le entregan esas mayorías al gobierno, le estarán dando el poder de cambiar el régimen político, un poder que no les dieron los votantes.
Esa sería una verdadera poselección de Estado.
