La Secretaría de Gobernación (Segob) formalizó su solicitud de juicio político contra el juez Rodrigo de la Peza López, titular del Juzgado Noveno Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, y quien emitió una suspensión para ordenar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a elegir a dos magistrados para cubrir las vacantes existentes en el Pleno de la Sala Superior.
La solicitud fue recibida por la Secretaría General de la Cámara de Diputados la tarde del lunes. El representante jurídico de la institución, Edgar Contreras Hernández, la entregó personalmente.
La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, acusó al juez de violar la Constitución y actuar “por consigna”, al haber fijado un plazo de 24 horas a la magistrada presidenta del TEPJF, Mónica Soto, para realizar los nombramientos.
El Tribunal Electoral anunció que presentará una denuncia contra el juez De la Peza ante la Fiscalía General de la República (FGR) y una queja en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), al considerar que el juzgador no tiene competencia para imponer medidas cautelares al máximo tribunal electoral, además de que éstas “son injustificadas y excesivas”.
“Muy bien por el Tribunal Electoral, que frente a la pretendida intromisión del Juez de Distrito Rodrigo de la Peza López, decide defender su autonomía y su mandato Constitucional como máxima autoridad en la materia”, señaló Alcalde Luján en sus redes sociales.
El choque con el TEPJF se deriva del juicio de amparo 969/2024 presentado el pasado 17 de junio en contra de la omisión de “concluir con el proceso de designación de dos Magistrados Electorales de la Sala Superior del TEPJF”, acto de autoridad que se atribuye a la actual presidenta del TEPJF, Mónica Soto Fregoso.
Al admitir el juicio de amparo, el juez Rodrigo de la Peza concedió una suspensión provisional para que en menos de 24 horas, la magistrada presidenta del TEPJF, Mónica Soto, iniciara el procedimiento previsto en el párrafo cuarto del artículo 167 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF), el cual señala que “la ausencia temporal de un magistrado o magistrada electoral, que no exceda de 30 días”, será cubierta por magistrados o magistradas de mayor antigüedad o mayor edad que estén laborando en las Salas Regionales del propio Tribunal Electoral.”
La suspensión de Rodrigo de la Peza, quien fue Secretario de Estudio y Cuenta en la ponencia de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández y autor de suspensiones definitivas que frenaron la reforma eléctrica del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, apuntaba a que la Sala Superior del Tribunal Electoral contara con siete magistrados para calificar la elección presidencial.
Sin embargo, el Pleno del Tribunal Electoral emitió un acuerdo para señalar que “rechaza la competencia del Juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México para imponer medidas cautelares” a la máxima autoridad electoral, particularmente por la orden que intenta incidir en “la integración del Pleno de este órgano jurisdiccional en materia electoral”.
En sesión convocada por la magistrada presidenta del TEPJF, Mónica Soto Fregoso, con la participación de los cinco magistradas y magistradas que conforman la Sala Superior, se acordó por unanimidad “no dar trámite a este resolutivo”, es decir, a la orden para elegir a las dos magistraturas vacantes por tratarse de medidas cautelares “injustificadas y excesivas”.
Además, el Pleno del TEPJF aprobó por mayoría de tres votos “denunciar penalmente al Juez Noveno de Distrito ante la Fiscalía General de la República” y presentar una queja en su contra ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por su actuación fuera de la norma e improcedente, ya que intentó pasar por encima de la Constitución mexicana que reconoce la supremacía del Tribunal Electoral en dicha materia, sin que los jueces administrativos, civiles, laborales o penales puedan intervenir en la materia.
En este sentido, los magistrados y magistradas del TEPJF recordaron que las determinaciones para el adecuado funcionamiento de las autoridades electorales corresponden de forma exclusiva al Tribunal Electoral.
