El ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío, calificó como “penoso” que la Secretaría de Gobernación (Segob) haya formalizado una solicitud de juicio político contra el juez Rodrigo de la Peza López, titular del Juzgado Noveno Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, tras emitir una suspensión que ordena al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) elegir a dos magistrados para cubrir las vacantes en el Pleno de la Sala Superior.
Cossío explicó en su participación semanal en Aristegui en Vivo que el juez De la Peza emitió la suspensión tras un amparo promovido por la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, debido a la falta de integración completa del tribunal electoral, que actualmente opera con cinco magistrados en lugar de siete.
“El magistrado de la Peza emitió una suspensión diciéndole al Tribunal que tendría que designar a los dos magistrados, mediante los mecanismos que están previstos en la ley”, detalló.
Asimismo, criticó la respuesta del TEPJF, señalando que en lugar de promover un recurso de queja, el tribunal acusó que el juez estaba excediendo sus atribuciones y presentó una denuncia penal en contra del mismo.
“En lugar de promover un recurso de queja, que es el que corresponde contra las resoluciones que dicta un juez en materia de suspensión, el Tribunal lo toma a la tremenda y considera que invaden sus competencias”, añadió.
Además, Cossío destacó la gravedad de la respuesta del Gobierno Federal celebrando la denuncia.
“El Tribunal Electoral acaba de romper con el Poder Judicial de la Federación, con la Suprema Corte, con los jueces de distrito y lo único que le queda cómo red de protección es la autoridad política”, señaló.
Señaló que la Ley de Amparo, en su artículo 262, establece penas de prisión para quienes no obedezcan un acto de suspensión, lo que pone a los magistrados del TEPJF en una situación legal delicada al no cumplir con la suspensión emitida por el juez De la Peza.
Cossío contextualizó la conducta del Tribunal. Recordó que dentro de unos días este emitirá una sentencia respecto la sobrerrepresentación de las Cámaras por parte de Morena y aliados, lo que en su opinión es altamente relevante.
Argumentó que el tribunal electoral debió haber seguido el cauce legal ordinario para impugnar la suspensión, en lugar de convertir el asunto en un problema político.
“El Tribunal perdió el eje de la legalidad y se puso en manos de una situación en el Gobierno o en la política que no le correspondía”, concluyó.